Un verdadero revuelo en Chile causó la carta enviada por el Grupo de Puebla, firmada por el Presidente Alberto Fernández y otros ex mandatarios iberoamericanos que cuestiona la tardanza en el proceso judicial y una supuesta influencia política de algunos fiscales en el caso SQM.

Recordemos que este caso judicial se inició hace 8 años, cuando un grupo de políticos de distintos partidos fueron acusados de recibir dinero para sus campañas por parte de la empresa minera SQM.

Hace pocos días se inició el juicio oral, en el cual ocho personas son imputadas, entre ellos, el ex senador de derecha Pablo Longueira junto a uno de los fundadores del Grupo de Puebla y ex candidato presidencial, Marco Enríquez-Ominami.

“Una justicia dilatada es una justicia denegada” y “fiscales con dedicación exclusiva y con gran apoyo mediático y financiero, han dilatado el juicio”, fueron algunas de las frases que no cayeron bien al otro lado de la cordillera.

Tanto la justicia chilena como el Gobierno entregaron su respaldo al Ministerio Público y cuestionaron la misiva del grupo político.

“Yo respeto las instituciones, espero lo mismo de mis colegas”, señaló escuetamente el Presidente Gabriel Boric, en medio de una actividad de entrega de viviendas de emergencia para los damnificados de los incendios forestales. No obstante, declinó a referirse en profundidad al tema.

Tanto la Canciller Antonia Urrejola como el Ministro de Justicia Luis Cordero calificaron la declaración como “improcedente”. Éste último agregó: “No me atrevería a opinar sobre el desempeño de los jueces de la justicia argentina”.

El diputado socialista Tomás de Rementería, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores consideró “poco prudente que un presidente de cualquier país opine sobre la justicia chilena. Ya se ha dado y hemos sido críticos cuando ha ocurrido intervenciones sobre lo que está pasando en Chile”.

Por otra parte, el ex Canciller del gobierno de Sebastián Piñera, Alfredo Moreno aseguró que la carta es una “descalificación que no corresponde al Presidente de Argentina” y que “son cosas serias porque si continuamos en este camino, los intereses de Chile van quedado en la retaguardia y no son los que se defienden”.

Fiscalía Nacional

Debido a que fueron aludidos directamente, el Ministerio Público también decidió referirse a la carta del Grupo de Puebla a través de un comunicado de prensa.

“Consideramos improcedentes las expresiones vertidas en la declaración citada y queremos reafirmar el carácter profesional y objetivo con el cual actúan los y las fiscales que ejercen la persecución penal en nuestro país”, dice el documento.

Agrega que “los persecutores lo hacen con estricto apego a la Constitución y las leyes, en un contexto institucional de autonomía e independencia”.

Además, el recién electo Fiscal Nacional, Ángel Valencia se reunió con la fiscal regional de Valparaíso y la persecutora a cargo de la investigación, Claudia Perivancich para reafirmar el respaldo del Ministerio Público al trabajo que realiza el equipo a cargo del caso.

Marco Enríquez-Ominami se refirió en el medio chileno La Nación a la carta enviada por el Grupo de Puebla y señaló que “no dice nada que no sea exacto, nadie discute la autonomía de la Fiscalía, pero abogados de la Fiscalía han demostrado incompetencia, negligencia, frivolidad”.

El ex candidato presidencial agregó que “ocho años, más dos de juicio, serían diez años, una década de mi vida sin poder defenderme frente a un árbitro, a un tercer imparcial”.