Era el Gran Ringo Bonavena el que decía que cuando suena la campana y empieza la pelea, te quedás tan solo que hasta el banquito de la esquina te sacan del ring. Esa sensación es la que tiene por estas horas este muchacho Juan Grabois, tras su híper exposición como abogado de Dolores Etchevehere en la disputa legal con hermanos.
La pobre mujer no tuvo mejor idea para vengarse de su familia que instalarle en el corazón de una de sus estancias a los desarrapados militantes de una organización que quiere hacer exactamente lo contrario a lo que reza el decálogo de la oligarquía terrateniente a la que los Etchevehere pertenecen.
La presencia del piquetero favorito de Cristina Kirchner en la estancia "Casa Nueva" irritó a todos los chacarereans de poderosas cuatro por cuatro y henchidos silobolsas. Pero también politizó a niveles inconvenientes para el gobierno de Alberto Fernández un conflicto de índole familiar, que terminó transformándose en un bumerang de consecuencias imprevisibles.
Hábilmente la oposición supo capitalizar los efectos adversos de la movida, a la que contextualizó confundiéndola con las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y las usurpaciones de estancias en la Patagonia y transformó la intervención de Grabois en una suerte de ataque gubernamental contra la propiedad privada.
La excusa justa para la construcción de este discurso "antiexpropiador" se la dieron las funcionarias del gobierno que adoptaron una posición protagónica en defensa de la mancillada hermana Etchevehere: Victoria Donda (INADI), Magdalena Odarda (INAI) y Gabriela Carpinetti (directora nacional para la Promoción y el Fortalecimiento para el Acceso a Justicia), que se peinaron para una foto en la que al gobierno no le convenía aparecer.
Y entonces la cosa se empezó a picar fulero, a tal punto que ayer -mientras escalaba el conflicto en Entre Ríos- se lo vio muy enojado a Santiago Cafiero en su despacho de la Rosada. "Basta de joder con la propiedad privada" vociferaba, mientras le ordenaba a las tres colaboradoras gubernamentales que tuitearan desde sus cuentas una explicación convincente de los motivos por los que habían intervenido en un tema tan "inconveniente". "Metieron ruido al pedo, ahora que se hagan cargo", se lo escuchó decir a "il belo gigí" del Gabinete
Su periplo entrerriano le costó a Grabois mucho más que una puteada de Cafierito. Los movimientos sociales de los que su organización forma parte, también le soltaron la mano. "Quedó muy mal parado porque Juan se cortó solo con todo este asunto y terminó complicando mucho cuestiones de gestión en donde nosotros participamos", le dijo a este longevo cronista de Indias un integrante de una orga territorial.
A tal punto llegó la bronca que en una asamblea realizada este miércoles, donde participaba la CTEP junto a otros agrupamientos, tuvo que escuchar la filípica que le recitaron varios oradores, que le pidieron lisa y llanamente que se "deje de joder con el tema Etchevehere" y que "despegue de ahí de inmediato".
"Ya ni Máximo ni Cristina le dan mucha pelota, se quedó más solo que Feinmann en el día de los derechos humanos", contó un viejo compañero de tomas a N&P. Como si todo esto fuera poco, también la cuestión le empantanó la gestión a su compañera Fernanda Miño integrante del Frente Patria Grande y de la CTEP, que actualmente ocupa la estratégica Secretaría de Integración Socio-urbana del ministerio de Desarrollo Social.
"La urbanización es uno de los ejes de trabajo social del gobierno y generar semejante despliegue con este asunto privado entre hermanos que debe resolver la justicia, metió un ruido enorme que no queremos que perturbe el muy buen trabajo que se está desarrollando en el área", contó un funcionario del Gabinete.
El conflicto se define hoy
La jueza del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Carolina Castagno, dará a conocer este jueves su decisión respecto de los recursos de apelación del fallo del juez de Garantías subrogante de La Paz, Raúl Flores, que el viernes 23 rechazó el pedido de desalojo del casco del establecimiento Casa Nueva.
En una audiencia que duró más de cinco horas, los abogados de la familia Etchevehere solicitaron la revocatoria de la decisión de Flores y el consecuente desalojo del establecimiento. En tanto que los abogados defensores de Dolores, que integran el Cuerpo de Abogadas y Abogados contra la Violencia de Género de la Subsecretaría de Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, instaron su confirmación y que se archive el pedido de la medida cautelar.
Los fiscales solicitaron “el restablecimiento del estado de Derecho, la legalidad para continuar y obtener la paz social perdida en este caso en particular. Hay 150 policías rodeando Casa Nueva para garantizar seguridad de manifestantes, chacareros y miembros del Proyecto Artigas y quienes los apoyan”. En relación a la verosimilitud del Derecho, sostuvieron que se está ante una “alta probabilidad de que se haya llevado a cabo un hecho ilícito, no con el grado que exige una sentencia”.
