A través de un comunicado, la Presidencia de la Nación detalló que son doce los gobernadores, de los 24 líderes jurisdiccionales, que respaldaron el juicio político a los integrantes de la Corte Suprema en un capítulo más de la tensión política entre el Poder Ejecutivo y el máximo Tribunal de Justicia.
El Presidente Alberto Fernández adelantó el 1 de enero la intención de impulsar el juicio político al presidente del Supremo, Horacio Rosatti, por "mal desempeño en sus funciones".
Además, solicitaron que se inicie el proceso de juicio político para el resto de los integrantes del máximo tribunal -Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti- por "algunos hechos con distintos grados de responsabilidad" y solicitaron al bloque de diputados del Frente de Todos "que apoye e impulse el proyecto correspondiente para que se inicie, lo antes posible, el proceso institucional" en el Congreso.
Lo que está pasando
Todo comenzó con el fallo de la Corte Suprema que obligó al Estado nacional a restituir fondos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, gobernada por Horacio Rodríguez Larreta, por un valor del 2,95 % de la denominada coparticipación federal -frente al 2,32% actual.
Pese a que Fernández inicialmente decidió no acatar el fallo, después anunció que pagaría al Gobierno capitalino, bajo el mandato de uno de los principales aspirantes de la oposición para las próximas elecciones presidenciales, con bonos, lo que fue calificado de "trampa" por este.
En opinión del mandatario, el fallo del Supremo es una inyección económica a la carrera política de Rodríguez Larreta en año electoral.
En ese contexto, en los últimos días se filtraron supuestas conversaciones comprometedoras de un funcionario capitalino con un asesor del presidente del Supremo.
Las diferencias entre el Ejecutivo y el Supremo también abarcan las decisiones relativas a la composición del Consejo de la Magistratura -el órgano que nombra, sanciona y remueve jueces-, en un contexto en que la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, afronta varias causas por presuntos hechos delictivos ocurridos durante sus mandatos (2007-2015).
En una de ellas, el pasado 6 de diciembre la exmandataria fue condenada por administración fraudulenta a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos, un fallo que decidió apelar.
Lo que viene
El juicio político requiere de la intervención de la Cámara de Diputados y de Senadores con mayorías especiales de dos tercios de sus miembros, con las que no cuentan ni el oficialismo ni la oposición, que rechazó la iniciativa del Ejecutivo.
No obstante, la comisión de Juicio Político de Diputados puede iniciar el debate y una investigación.|
