Durante el ASPO el gobierno nacional verificó que la Ciudad de Buenos Aires en connivencia con la administración anterior obtuvieron recursos que no le correspondían por el traspaso de efectivos e infraestructura desde la Nación a su estructura orgánica; puesto que le transfirieron un porcentaje de los recursos coparticipables que eran de la Nación en forma directa sin acuerdo del Congreso Nacional ni de las 24 Legislaturas Provinciales al respecto.
Y eso ocurrió no solo en 2017 sino incluso desde 2016, cuando correspondía únicamente parte de la transferencia de la partida presupuestaria de la Policía Federal Argentina desde el Ministerio de Seguridad de Nación a su par de la Ciudad de acuerdo a lo que marca la Constitución Nacional, todo hecho directamente adrede creyendo que ninguna administración posterior daría marcha atrás con el tema.
Esos puntos de coparticipación que este gobierno resolvió no sostener en el tiempo le costó al Presupuesto CABA 2021 un monto cercano a los $ 200 MM que los tenía incorporados para el pago de salarios, aunque en 2015 llegaban en el concepto de dichos ingresos un monto que no llegaba a los $ 10 MM.
También sería muy bueno que la jurisdicción explicara cómo hizo para poseer una deuda de U$S 5.000 millones a una cotización de $12 en 2015 a los U$S 50.000 millones en 2020 con una cotización de $63, con todos los pesos e incluso edificios/terrenos/convenios recibidos y/o firmados desde Nación para realizar obras que se encuentran inmersas en demandas judiciales como el Paseo del Bajo y otras.
El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta remitió a la Legislatura un nuevo Presupuesto 2021 a través del cual genera 76.000 nuevos lugares con parquímetros en la ciudad llegando a la mayor parte de los barrios, alquiler del sistema de bicicletas públicas los fines de semana y la instalación a partir del 1 de enero de 2021 del impuesto a los sellos a las compras con tarjetas de crédito en el 1.2% del resumen a cada uno de los usuarios de dichos elementos crediticios con domicilio en la Ciudad que están nocivo como el SIRCREB, declarado ilegal por la Corte Suprema de Justicia en 2018.
Con toda esa generación de imposiciones lograría una recaudación cercana a los $50.000 millones de pesos, y la diferencia la realizaría con la paralización de obras de infraestructura hasta el 2023 que casualmente es electoral y en la cual el jefe de Gobierno pretende ser candidato a Presidente de la Nación.
Debemos entender que cuando se realizan acciones para corregir desequilibrios muy cuestionables en su origen quienes recibieron ese beneficio original no deben ser vengativos con los ciudadanos que los votaron e hicieron posible que lleguen a conducir el distrito más importante político y económicamente del país por un transcurso de 16 años consecutivos, caso contrario demostrarían que no les importa la gente ni tampoco a la LUZ de los presupuestos supieron gobernar eficazmente.
