Con los cambios de Gabinete y una serie de medidas económicas, el Gobierno busca una nueva hoja de ruta rumbo a las elecciones legislativas de noviembre. Ahora ya se sabe que es Cristina Fernández de Kirchner quien conduce, así lo dejó demostrado ella misma con la lapidaria carta que lanzó por las redes sociales el pasado jueves. Alberto Fernández no hizo mucho esfuerzo por demostrar lo contrario.

Aunque los obstáculos que deberá esquivar el oficialismo son los mismos que antes de la aplastante derrota que sufrió en las urnas el domingo pasado, el contexto es diferente. El Gobierno se encuentra debilitado, la imagen presidencial derruida, y la oposición se siente fortalecida. Pocos son los analistas que se aventuran a creer que en dos meses vaya a cambiar el escenario y que el Frente de Todos salga victorioso.

Un puñado de escándalos propios de teleteatro degradaron la figura presidencial y la vicepresidenta compuso la letra final. Fernández, que el próximo 10 de diciembre cumplirá dos años en el poder, trata ahora de pasar página y de relanzar su Gobierno para buscar revertir el resultado de las primarias en las elecciones legislativas de noviembre.

Una economía con las defensas bajas

La pintura de la realidad parece poco alentadora. Agosto registró una inflación interanual del 51,4 %, durante el segundo semestre de 2020 la pobreza había trepado al 42 % y las cifras del desempleo se encuentran en sintonía con una economía que sufrió el año pasado la segunda caída más profunda desde 2001, acumulando tres años en recesión. A lo que habría que agregar una elevada inflación y un fuerte endeudamiento.

El Gobierno necesita renegociar un acuerdo de unos 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una de las condiciones que puso el organismo de crédito para sellarlo es el apoyo del Congreso, pero ese término se encuentra en riesgo. Si el resultado de las primarias se repite el 14 de noviembre, el oficialismo se quedaría sin quorum propio en el Senado y perdería varios diputados en la Cámara baja.

En ese mismo terreno resbaloso parece haber entrado el Presupuesto 2022 que ya fue remitido al Congreso. Algunos minuciosos lectores de la contabilidad del Estado opinan que el proyecto deberá tener varias cirugías antes de llegar a la instancia de votación. Alguna de esas intervenciones posiblemente tanga que ver con el paquete de medidas que oficializaría el mandatario en las próximas horas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, diseñó un proyecto en el que da por descontado que Argentina cerrará el acuerdo con el FMI y, por tanto, no tendrá que afrontar el próximo año los vencimientos de deuda con ese organismo por unos 19.020 millones de dólares, entre capital e intereses.

Fernández dijo que, si no se logra un acuerdo, Argentina tendría que hacer frente a ese pago el año entrante, dando lugar a un escenario en el que se verían afectadas las obras públicas, el gasto estatal en educación, salud, ciencia y tecnología y el crédito para el sector productivo. 

Áspero clima social

Las manifestaciones sociales se han incrementado este año ante la crisis económica profundizada por la pandemia de Covid-19. Los reclamos contra las políticas asistenciales del Gobierno pueden aumentar debido al clima electoral, lo saben los organismos de seguridad que suelen tomar ese pulso.

Un reciente estudio realizado por la consultora Invecq, que midió la evolución de la inflación y de esa asignación entre las PASO de 2019 y las de este año, indica que como consecuencia de la inflación, el poder de compra de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cayó 23% en los últimos dos años, lo cual explica en parte el incremento de la pobreza en el país.

Según el mismo estudio, detrás se ubicaron los haberes de los jubilados –el propio oficialismo empieza a admitir que sufrieron un ajuste con la última reforma previsional– y los salarios.

La crisis económica que arrastra Argentina desde hace varios años y que se ha visto agravada por la pandemia, no fue lo único que erosionó al presidente Fernández. Su imagen también se ha visto afectada por el escándalo de la difusión de fotos de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la residencia presidencial en julio de 2020, cuando regía una prohibición de hacer reuniones sociales decretada por el propio presidente.

Para controlar la ascendente protesta social, el Gobierno designó a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad. El funcionario todo terreno ya había dirigido las fuerzas federales durante la primera presidencia de CFK.

Su designación no es caprichosa, tiene una buena relación con su par bonaerense, Sergio Berni, quien no pudo avanzar sobre la protesta social porque se lo impedía Sabina Frederic, quien se vio obligada a dejar su cargo en la cartera de Seguridad tras la catástrofe electoral de las primarias y el tembladeral político del Gobierno.  |