Introducción
En solo un trimestre hay 5 millones de pobres más y dos millones de indigentes más. Durante el semestre completo, por efecto de la pandemia, se sumaron 4,1 millones de personas a la pobreza y 1,7 millones no logran alimentarse adecuadamente. Al segundo trimestre del año 2020 y sin haber un horizonte claro de resolución de la situación epidemiológica, los niveles de pobreza treparon al 47,2% y la indigencia al 12,4%. Estos son los números que describen una de las crisis más importantes de las últimas décadas. El hundimiento de las condiciones de vida de la población en un período de tiempo extraordinariamente breve hizo retroceder 17 años en el tiempo para ubicarnos en un escenario similar al experimentado unos meses después de la última gran crisis ocasionada por la salida de la convertibilidad.
No pueden comprenderse la magnitud del empobrecimiento del segundo trimestre 2020 sin considerar el contexto de la pandemia a escala mundial y los efectos de la única medida efectiva para el cuidado de la salud de la población, la cuarentena, hasta tanto no se descubra vacuna o tratamiento adecuado. Con la población recluida se produce un shock simultáneo de oferta y demanda, donde se desploman ingresos y se paraliza la producción con la sola excepción de ciertas actividades esenciales, y se coloca a la economía bajo las condiciones de una espiral depresiva. La caída de la actividad económica, del empleo, del comercio exterior, la parálisis de sectores de actividad enteros durante los meses del confinamiento social más estricto e incluso un posterior relajamiento de la cuarentena que no termina de consolidarse en un repunte efectivo, forman parte de las razones de estos números. Concretamente, el período que aquí se analiza contiene, por lo tanto, los meses más críticos que fueron abril y mayo, cuando la caída de la actividad tuvo una variación del orden del -26%.
Sin embargo, la información sobre la magnitud que asume el deterioro del tejido social también da cuenta de la efectividad que ha tenido el estado para afrontar los efectos nocivos de la crisis pandémica, aspecto que brinda singularidad a los distintos países en el tratamiento del problema global. En nuestro país, desde el inicio se puso en práctica de manera inmediata una red de contención para el sector más vulnerable de la población (jubilados, asignación universal, desocupados y trabajadores informales) dando lugar a la experiencia del Ingreso Familiar de Emergencia que generó un salto de calidad en materia de política de ingresos extendiendo el acceso a un ingreso a casi nueve millones de personas con inserciones laborales endebles. Asimismo, el programa ATP fue decisivo para contener el empleo asalariado formal.
No obstante, los esfuerzos fiscales realizados las cifras de pobreza y hambre dan cuenta que actualmente estamos orillando el 50% de la población por debajo de la línea de pobreza y a pesar de los refuerzos alimentarios (a través de la tarjeta Alimentar) el hambre afecta al 12%. Es inevitable entonces concluir que, si bien la intervención del gobierno fue activa, ésta fue insuficiente. Entre las limitaciones más importantes podemos señalar el carácter bimestral que ha adquirido el IFE que se disponía en principio a ser una transferencia mensual de $10.000 pero que en la práctica transfirió a lo sumo $5.000, valor que por otra parte apena cubre una porción muy mínima de una canasta básica familiar, cerca del 10%. Por otra parte, el diseño de ampliación focalizada que adquirió el programa terminó por dejar afuera a una parte importante de población que incluso denotaba inserciones laborales informales o precarias. En este marco, el estancamiento de las jubilaciones y pensiones y los retrasos salariales agravan aún más la condición de ingresos de la población configurando una demanda por demás debilitada e incapaz de motorizar un proceso de recuperación de la actividad económica.
Lo curioso es que, en este marco, el gobierno haya descartado la alternativa de garantizar ingresos al conjunto de la población por la vía de transferencias universales, ya que incluso de producirse una eventual salida de la pandemia, el problema sanitario terminaría, pero la pobreza queda. Es preocupante que en el proyecto de ley del Presupuesto para la Administración Pública Nacional del año 2021 se asuma la detracción de los refuerzos brindados por el Covid-19. No es suficiente la aclaración a favor de la voluntad de sostenerlo en caso de continuar la emergencia pandémica porque el nivel deterioro social alcanzado, independientemente de la pandemia, precisa en realidad de la multiplicación de las medidas desplegadas.
Resulta imprescindible, por lo tanto, pararse sobre la novedad que resultó ser el IFE para robustecer su alcance y mejorar la calidad de la contención social brindada por el estado. Hoy con mayor énfasis, proponemos establecer una renta básica universal para la emergencia, y también extenderla durante la postpandemia, compuesta por un salario universal y la asignación por hijo que permita conformar un umbral de dignidad social, un piso salarial efectivo para el conjunto de los trabajadores y trabajadoras y darle impulso al mercado interno para que ponga en marcha la capacidad ociosa y reactivar la economía.
Resultados del II trimestre 2020: La mitad de la población debajo de la línea de pobreza
Se conocieron recientemente los datos de pobreza e indigencia correspondientes al primer semestre 2020 que ubica los valores de las tasas en el 40,9% y el 10,5%, respectivamente. Desde nuestro instituto, en oportunidad a estas publicaciones semestrales, realizamos las estimaciones trimestrales con el objetivo de aproximarnos a la situación social más reciente, cuestión que adquiere especial relevancia en el corriente año caracterizado por la irrupción de una situación epidemiológica extraordinaria al promediar el semestre.
Se verifica entonces que al segundo trimestre 2020, período que contiene el mes de abril atravesado por los derrumbes del empleo, ingresos y la actividad, la pobreza alcanza el 47,2% con 21,5 millones de pobres y la indigencia el 12,4% con 5,6 millones personas con hambre. Es inevitable señalar que la Argentina vuelve a trepar a niveles de empobrecimiento históricos, solamente experimentados durante las grandes crisis a lo largo de la historia económica reciente como lo fueron como la salida de la convertibilidad (57,5%) o la hiperinflación (47,3%) secuencia a la que, sin lugar a duda, se incorpora la vigente crisis pandémica con el agravante de que tal deterioro se produjo en un período de tiempo muy breve. La condensación temporal del empobrecimiento se encuentra justamente en los tres meses aquí analizados cuando los efectos de la pandemia golpearon fuertemente el funcionamiento de la economía y agravaron los problemas ya existentes.
Cuadro 1: Tasas de pobreza e indigencia. Estimación del total nacional. II trimestre 2020.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH ? INDEC.
Como se observa del gráfico, los valores de pobreza e indigencia vigentes han alcanzado los máximos históricos retornando a los niveles de finales del año 2003 o al de la hiper. No obstante, también puede verificarse de la evolución expuesta que luego de las crisis agudas sucede un tiempo de recomposición y restauración de las condiciones de vida. Sin embargo, el segundo aspecto asociado con lo anterior consiste en que, así como el período posterior a los picos de empobrecimiento suele estar signado por el descenso de estos niveles, nunca se logra regresar a los niveles de pobreza anteriores al salto y por lo tanto, se inauguran secuencialmente en la historia nuevos pisos de pobreza estructuralmente más elevados. Lo que quisiéramos alertar aquí es que, la gravedad del hecho de que estemos orillando hoy el 50% de pobreza en la Argentina es doble: no sólo por lo alarmante de la situación inmediata sino también por las altas probabilidad de que, de no mediar transformaciones profundas, asistamos al comienzo de una nueva fase con una pobreza estructural más extendida.
Gráfico: Evolución histórica de la tasa de pobreza e indigencia. Período Octubre 1988 - 2do trimestre 2020.
Los valores expuestos a partir del 2do semestre 2006 corresponden a una estimación en base a los criterios de actualización metodológica realizados por le EPH - INDEC (ver: La medición de la pobreza y la indigencia en la Argentina).
Hace un año, a mediados del 2019, la situación social acumulaba un fuerte deterioro - recordemos que luego del fatídico 2018 la tasa de pobreza se sostenía por encima del 35% y enfrentaba un nuevo escenario devaluatorio- que ubicaba a la pobreza en el 36,7% y el 8,3% la indigencia durante el segundo trimestre 2019. De esta manera, los niveles actuales implican un aumento de 10 p.p. del índice de pobreza (+28,6% de la tasa) como resultado del empobrecimiento de casi 5 millones de personas y un aumento de 4 p.p. de la tasa de indigencia a raíz de la extensión del hambre que sumó a casi 2 millones de personas a la indigencia. Un deterioro de las condiciones de vida de la población similar al experimentado durante el año de mayor ajuste macrista (del 10 p.p. en pobreza y 4 p.p. en indigencia aproximadamente). En definitiva, ayer la pandemia fondomonetarista y hoy la pandemia del Covid están detrás de las causas del sufrimiento de millones de personas.
Cuadro 2: Evolución interanual de la pobreza e indigencia. 2do trimestre 2020 vs 2019.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.
Pero si analizamos en detalle lo anterior se verifica que el comportamiento anual es, en realidad, el resultado de lo acontecido exclusivamente por el efecto de la pandemia. Así, si se compara el 4to trimestre 2019 con la situación actual del 2do trimestre de 2020 se observa que la pandemia arrojó a 4,1 millones de personas a la pobreza y 1,7 millones a la indigencia.
Cuadro 3: Evolución semestral de la pobreza e indigencia. 2do trimestre 2020 vs 4to trimestre 2019.
Fuente: Elaboración propia en base a EPH-INDEC.
Está claro que resulta imposible realizar una lectura de las cifras expuestas sin considerar el contexto mundial de crisis sociosanitaria que afecta al conjunto de las naciones, no sólo a nuestro país. Desde la ONU, por ejemplo, advierten que, si no se asumen medidas, el mundo atravesará la recesión global más importante desde la segunda guerra mundial que puede hacer retroceder décadas en materia de desarrollo y también señalan que por primera vez desde la década de 1990 se esperaría que la pobreza extrema aumente (en cerca de 100 millones más aproximadamente) y que la esperanza de vida se reduzca. América Latina, se llevaría la peor parte. Según Oxfam la región tendrá que afrontar una contracción del 9,4% este año, una de las más severas en todo el planeta lo que implicaría que hasta 52 millones de personas podrían caer en la pobreza y 40 millones podrían perder sus empleos, un retroceso de 15 años para la región.
La tendencia mundial es ineludible y de lo que se trata, en todo caso, es de fortalecer la capacidad de los estados para blindar a la población de sus efectos. En este sentido, los índices de pobreza aquí presentados nos brindan información acerca de la efectividad que obtuvo la batería de política de ingresos, estímulos fiscales y monetaria desplegada por el gobierno argentino.
Por lo tanto, consideramos que son tres las dimensiones de análisis que deben ser convocadas para comprender el nivel de empobrecimiento reciente:
1) El parate de la actividad económica y la destrucción de empleo: El segundo trimestre de este año es el período trimestral que contiene el mes del parate casi total de actividad económica, abril, en el cual la mayor parte de los sectores detuvieron completamente la actividad conforme a las restricciones obligatorias para la circulación dispuesta por el gobierno nacional. Recordemos que el EMAE al mes de abril verificó una caída del -26%, la construcción del -86,1%, la industria -33,9% y el comercio -27,9%. Las ventas minoristas cayeron un -57,6%, los vehículos nacionales un -79,2%. El shock sobre la oferta y la demanda de ese mes generó que el PBI promedio del segundo trimestre cayera en un -19% interanual y un -16% durante el trimestre. No obstante, la prohibición de despidos y los esfuerzos por parte del gobierno nacional de sostener una parte del salario (mediante los ATP), los últimos datos SIPA informan que al mes de junio se perdieron 167 mil puestos de trabajo asalariados formales en el sector privado lo que implicó una reducción del -2,8%.
Pero la destrucción de empleo más importante se dio en las categorías informales del empleo: de los 3,7 millones de ocupaciones menos, 2 millones eran asalariados no registrado y 1,2 millones inserciones de autoempleo (mayormente de subsistencia), poniendo en evidencia que, la configuración del mercado laboral argentino signado por la informalidad y la precariedad laboral pone serios límites al estado para poder proteger al empleo por medio de instrumentos convencionales[1].
Esta cuestión en particular, hay que destacar, no es responsabilidad solamente de la pandemia y sus efectos mundiales. El desplome del empleo será mayor en los países que cuenten con mercado de trabajos más desprotegidos como es el caso de Argentina.
Pero el mes de abril no fue el único responsable del deterioro de las condiciones de vida del trimestre. Lo cierto es que los meses de mayo y junio vienen demostrando una “recuperación detenida” es decir, si bien se supera el pozo del mes de abril, el mercado interno debilitado no permite una efectiva y sostenida reactivación a pesar del levantamiento de las restricciones más severas a la circulación y la reanudación de buena parte de las actividades y comercios. Ver anexo.
2) La activa intervención del estado y algunas de sus limitaciones: Resulta claro de lo anterior que la virulencia del parate económico requirió de medidas activas por parte del Estado para evitar el colapso. Un estado que, por otra parte, contaba con una dificultad adicional vinculada a la herencia de la gestión anterior: fuertemente desfinanciado en materia de recursos provenientes de tributos progresivos y contracíclicos y además sobreendeudado. De todos modos, el paquete de medidas se puso en marcha con cierta inmediatez. Según la última ampliación presupuestaria, los gastos propios de las políticas implementadas por la pandemia promedian $870.000 millones. En ese monto se incluye los bonos a personas jubiladas y pensionadas, el refuerzo del plan alimentario[1], el IFE, el ATP, la construcción de los hospitales modulares y otros refuerzos en el equipamiento sanitario, así como también la asistencia financiera a provincias y organismos. De esta manera, entre marzo y junio, el gasto primario aumentó 83,3% en términos interanuales, mostrando una aceleración fuerte con relación con los primeros meses del año.
El IFE fue una de las novedades más importante que seguro dejará huella en la política social. El primer ingreso de amplio alcance de carácter incondicional, aunque transitorio que permitió que las personas con inserciones laborales por fuera de la formalidad contaran con el sostén de un ingreso brindado por el estado llegando a rozar los 9 millones de preceptores. Los ATP, que financian una parte del salario de empresas en crisis, por su parte tuvo un alcance de 2,5 millones de trabajadores y trabajadoras.
Según una estimación conjunta de los Ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el IFE evitó que entre 2,7 y 4,6 millones de personas cayeran en la pobreza conforme a la posibilidad de haber podido llegar al 90% de los hogares ubicados en los deciles más pobres (la AUH por ejemplo llega al 60%).
A la luz de los números de pobreza reciente publicados por el INDEC podríamos entonces inferir que, de no haber mediado la contención directa de ingresos, nuestro país estaría contabilizando entre 6,8 y 8,7 millones de pobres más. Es decir, en otras palabras, el sector público fue capaz de contener entre el 40% y 53% del deterioro social.
Sin embargo, debe señalarse una situación respecto al IFE que debería corregirse para fortalecer la capacidad de respuesta del estado: el IFE en lugar de ser un pago mensual, en la práctica resultó ser de aplicación bimestral. De haberse pagado en tiempo y forma correspondiente, el costo de esta medida debería haber estado en el orden teóricamente de los $89.000 millones por mes. Sin embargo, tal como mencionamos previamente, el presupuesto refleja una realidad algo distinta: se pagaron en los 3 meses de aplicación de la medida $131.448 millones, valor que, si se traslada a una periodización mensual, se ubica en los $43.816 millones. Es decir, lo que efectivamente asignó el gobierno para afrontar las necesidades de los hogares que resintieron la crisis en sus ingresos fue la mitad de lo anunciado.
Es evidente que el sostenimiento de la situación de emergencia social exige redoblar las medidas dispuestas. El impulso de la contención social y productiva por parte del estado fue muy importante y efectivo al inicio de la pandemia, aunque comienza a notarse cierta pérdida de impulso en los meses posteriores, sin haber sido resuelto el problema epidemiológico y ante la evidencia de fuertes limitaciones para la reanudación de la actividad económica con una demanda planchada. Todavía no está claro el pago de una cuarta ronda de IFE, aunque se esperan anuncios que restrinjan su alcance a partir de nuevas condicionalidades que refuercen la selección de la condición de vulnerabilidad.
Por otra parte, si bien la extensión de la cobertura que permitió el IFE es indiscutiblemente amplia en relación con los programas previos, lo cierto es que el cuadro social contenía un agravamiento muy acelerado que requería volver a poner en discusión la posibilidad de brindar ingresos de carácter universal al conjunto de la población. La opción por la focalización implicó que entre 1,6 y 3,1 millones de trabajadores y trabajadoras que potencialmente podrían ingresar no pudieron hacerlo[1].
Argentina que, durante los primeros meses de la pandemia, en marzo y abril era uno de los países de América Latina que mayor porcentaje del producto destinaba a los paquetes de estímulo fiscal y financiero para paliar sus efectos, al promediar el mes de junio, fue languideciendo esa intervención en términos relativos respecto a la región y el mundo.
Cuadro 4: Paquetes de estímulo fiscal y financiero al 12 de junio en comparación internacional. Países seleccionados.
Fuente: elaboración propia en base a datos del FMI.
Nota: la inversión fiscal contempla los incrementos presupuestarios “por arriba de la línea” (transferencias a la población, programas de salud y de protección al trabajo y al empleo, etc.). La inversión financiera comprende tanto las operaciones presupuestarias “por debajo de la línea” (inyecciones de liquidez, préstamos, compra de activos, condonación de deudas y garantías).
3) La indisciplina del poder económico, el descontrol de los precios. Con la llegada de la pandemia hacia mediados de marzo y las primeras medidas de restricción a la circulación, se dio un impulso de la demanda de alimentos y otros bienes esenciales, ante lo cual el comportamiento especulativo de ciertos sectores de oferentes indujo un aumento desmedido de precios en algunos productos. En ese marco, el Ministerio de Desarrollo Productivo lanzó el programa de Precios Máximos, por el cual dispuso que desde el 20 de marzo los precios de alimentos de la canasta básica, bebidas, artículos de higiene personal y limpieza mantendrían, como máximo, el precio que tenían al 6 de marzo pasado. La medida alcanzó a hipermercados, supermercados minoristas y mayoristas, minimercados, almacenes y autoservicios. En ese marco, además, se impulsó la coordinación municipal para la fiscalización y el control de precios, mediante la convocatoria a los Intendentes e Intendentas de todo el país a realizar en forma conjunta con la Secretaría de Comercio Interior, el control y la fiscalización de los precios máximos fijados. Si bien las inspecciones identificaron numerosas infracciones, una política de este tipo requiere para ser efectiva la puesta en marcha de un extenso andamiaje de controles que difícilmente puede cubrir sistemáticamente la totalidad de comercios a lo largo y a lo ancho del país. Otro de los principales programas del gobierno para controlar los precios es el programa de Precios Cuidados, que serelanzó en Enero y si bien preveía una actualización trimestral, esa instancia quedó suspendida en el mes de abril como consecuencia del impacto de la pandemia del COVID 19. Por otra parte, se mantuvo el congelamiento de las tarifas de servicios públicos dispuesto a inicios del año.
A pesar de este conjunto de medidas, los precios continuaron aumentando. De hecho, entre Febrero (el último mes sin efectos de la pandemia) y junio, los precios aumentaron a nivel general un 8,8% en el GBA, mientras los precios de los alimentos y bebidas crecieron un 8,6%. Si bien las variaciones mensuales mostraron una desaceleración respecto a los meses previos a la pandemia, resulta notable que, en el marco de un hundimiento de la actividad económica sin precedentes, los precios de los alimentos no sólo siguieron creciendo, sino que en algunos rubros mostraron aumentos muy superiores a la media. En efecto, entre febrero y junio, los precios de las verduras, tubérculos y legumbres crecieron un 35,3% mientras las frutas aumentaron un 10,4%.
Cuadro 5: Evolución del IPC del capítulo de Alimento y Bebidas para región del GBA. Períodos seleccionados.
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INDEC.
A partir de junio, los precios continuaron su sendero ascendente, lo cual se potenció desde julio cuando, si bien la política de Precios Máximos se prorrogó y continúa vigente hasta el momento, se aplicaron aumentos en los precios de referencia, como resultado de reiterados reclamos por parte de las empresas de consumo masivo, ante los cuales el Gobierno finalmente cedió. Lo mismo sucedió con el programa de Precios Cuidados que, si bien amplió desde Julio la canasta de productos alcanzados, dispuso la actualización de los precios vigentes hasta ese momento. En este marco, hasta agosto los precios de los alimentos aumentaron casi un 15% respecto a febrero, período en el cual los precios de las verduras alcanzaron un incremento del 40,7%, seguido de las frutas (+20,1%) y las carnes (+14,8%). Las presiones ejercidas por los distintos actores que inciden en la formación de precios, lejos de ceder en un contexto extraordinario de emergencia social y sanitaria, se reflejan no solo en estos resultados sino en manifestaciones de público conocimiento, como los reclamos por parte de entidades que nuclean a supermercados y empresas de consumo masivo que apuntan contra las subas de precios no autorizadas efectuadas por la industria alimenticia. Incluso, desde la Copal (Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios) se han expresado públicamente a favor de eliminar la política de Precios Máximos.
Tal como hemos planteado ya en otros documentos, consideramos que en el marco de la crisis generada por la pandemia, el Poder Ejecutivo podría haber dispuesto la decisión de declarar de interés público a aquellas actividades que ocupan un lugar central para afrontar la emergencia, como lo es la producción y comercialización de alimentos. Esta declaración hubiera permitido la intervención del Estado sobre aquellas firmas o actividades que no sujeten su comportamiento a las necesidades de la reproducción social, comportamiento que resulta aún más reprensible en el caso de las grandes empresas de alimentos y bebidas que de hecho han tenido en los últimos años un incremento en su facturación superior al promedio de la cúpula económica. Asimismo, propiciamos que se avance en medidas concretas para organizar la producción de la canasta básica en base a un Plan que incorpore a la economía popular, la agricultura familiar, las pymes y las cooperativas.
La comparación trimestral y el semestre completo
Durante los primeros tres meses del año, caracterizados por el inicio de una nueva gestión a cargo del Poder Ejecutivo, con el objetivo de contener la emergencia social recibida del gobierno anterior[1], comenzaron a destinarse mayores recursos públicos para transferir ingresos a grupos poblacionales vulnerables. Vale señalar la implementación de la Tarjeta Alimentar[2], aumentos salariales a trabajadores del sector público a cuenta de las paritarias, los bonos que implicaron pagos extraordinarios en diciembre y enero y los aumentos del haber mínimo y de la AUH. A su vez, el actual gobierno había comenzado a invertir la ecuación de política monetaria logrando bajar la tasa de referencia. Ello se conjugaba con medidas como el congelamiento tarifario y los incentivos a la demanda. En relación con la política salarial, el año comenzó con la implementación de aumentos de suma fija de $4.000. Durante esos meses, la evolución de los precios reflejó cierta desaceleración respecto a los meses anteriores, aunque los precios de los alimentos se incrementaron por encima del nivel general.
En ese marco, el primer trimestre del año reflejó un descenso de la pobreza respecto al valor registrado hacia fines de 2019. Si bien habitualmente la pobreza desciende en los trimestres impares por el efecto estacional que implica el cobro del aguinaldo, en esta ocasión la reducción fue algo superior a la esperada, en tanto se redujo a 34,6% (-3,3 p.p. respecto al 4to trimestre). En cambio, la indigencia se mantuvo relativamente estancada, en un nivel del 8,6% .
Sin embargo, la irrupción de la pandemia y la necesidad de implementar el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cambiaron completamente el escenario económico. El PBI se contrajo un 16,3% en el segundo trimestre, al tiempo que el empleo cayó a su nivel más bajo desde el año 2002, lo cual se tradujo en una pérdida de 3,7 millones de ocupaciones respecto al primer trimestre. En ese marco, la pobreza se disparó: según puede inferirse en función de los resultados semestrales, en el segundo trimestre cayeron bajo la línea de la pobreza casi 5,8 millones de personas, acumulando un total de 21,4 millones de personas pobres, lo cual equivale a nada menos que el 47,2% de la población. Ello implicó un incremento de 12,6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior. Asimismo, la indigencia llegó al 12,4%, casi 4 p.p. más que en el trimestre anterior, lo cual se tradujo en que 1,7 millones de personas más cayeron bajo la línea de indigencia, sumando un total de 5,6 millones de personas que no llegan a cubrir sus necesidades alimentarias.
Cuadro 7: Evolución trimestral de la pobreza e indigencia. 2do trimestre 2020 vs 1er trimestre 2020.
Fuente: Elaboración propia en base a datos EPH-INDEC
Considerando el conjunto del período semestral, los niveles de pobreza e indigencia promedio correspondiente al primer semestre de 2020, expresan un grave escenario social en el cual el 40,9% de la población se encuentra en situación de pobreza y el 10,5% en situación de indigencia. Ello implica que la primera mitad del año promedió 18,5 millones de personas cuyos ingresos estaban por debajo de la línea de pobreza y casi 4,8 millones de personas que no lograban adquirir los alimentos necesarios para su subsistencia. El hecho de que la indigencia haya llegado a los dos dígitos y que la pobreza semestral supere el 40% no ocurría desde el año 2006.
Cuadro 8: Niveles de la pobreza e indigencia. 1er semestre 2020.
Cuadro 9: Evolución de la pobreza e indigencia. 1er semestre 2020 vs 1er Semestre 2019
Asimismo, los indicadores publicados por el INDEC permiten dar cuenta de que no sólo hay más hogares pobres, sino que la intensidad de la pobreza se agravó. Ello queda expresado en la brecha entre los ingresos medios de estos hogares y el valor promedio de la canasta que necesitan para superar la situación de pobreza. De hecho, este indicador alcanzó un nuevo máximo en la serie publicada por el INDEC: al 1er semestre de 2020, los ingresos de los hogares pobres estaban, en promedio, un 41,2% por debajo del valor de la canasta básica total.
Uno de los rasgos más preocupantes del escenario social, es que la incidencia de la pobreza golpea con más fuerza a los niños y niñas. De hecho, mientras en el semestre la pobreza alcanzó al 40,9% de la población total, entre los niños/as de 0 a 14 llegó al 56,3%, 4 puntos porcentuales por encima del semestre anterior. Por su parte, la indigencia llegó al 15,6% (+2 p.p.) Ello se traduce en que cayeron bajo la línea de pobreza casi 432 mil chicos y bajo la línea de indigencia 218 mil, alcanzando así un total de 6,2 millones de chicos pobres y 1,7 millones de indigentes. Sin embargo, si a partir de los resultados semestrales se infieren los resultados trimestrales (lo cual constituye una estimación provisoria hasta tanto se encuentre disponible la base de microdatos de la EPH), resulta que en el 2do trimestre, es decir el peor momento de la pandemia, la pobreza infantil llegó a cerca del 65% (casi 7,2 millones de chicos pobres) mientras la indigencia ascendió al 18,4% (2 millones de chicos).
Anexo de cuadros
Gráfico 1. Evolución del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE). 2004=100.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
Cuadro 3. Estimador Mensual de Actividad Económica por sector de actividad.
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC.
Cuadro 4. Evolución del IPI y el ISAC.
[1]https://ipypp.org.ar/2020/09/23/mercado-laboral-correspondiente-al-2-trimestre-2020/
[1] Según declaraciones del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, la cantidad de personas que recibían asistencia alimentaria pasó de 8 millones a 11 millones. Lo anterior indica que un cuarto de la población no logra cubrir con sus ingresos las necesidades alimentarias reales y la tasa de indigencias, incluso la que indica el aumento al 12,4%, sea en los hechos mucho más elevada.
[1] Si recordamos que en la inscripción inicial del IFE se develó que más de 12 millones de personas manifestaron necesitar un ingreso extra, cuestión que además se corrobora en una estadística que a finales del 2019 arrojaba un cuadro laboral con cerca de 11 millones de trabajadores sin ingresos o con ingresos informales o registraciones de subsistencia, salta a la vista que todavía persiste un núcleo importante de la población sin garantía de ingresos
[1] Ver más en “Las grandes empresas y la pandemia. Una receta anti-Techint”. Disponible enwww.ipypp.org.ar
[1]Vale recordar que en el 4to trimestre 2019 los niveles de pobreza e indigencia alcanzaron al 37,9% y al 8,4% de la población, respectivamente.
[1] Esta tarjeta permite disponer entre $4.000 y $6.000 extras a familias beneficiarias de la AUH con hijos/as menores de seis años.
Equipo de Trabajo: Claudio Lozano, Agustina Haimovich y Ana Rameri.
Coordinación: Ana Rameri
