Desde la Procuración Penitenciaria hemos sostenido a lo largo de los últimos años que el modelo de políticas de drogas vigente en la región afecta y vulnera los derechos humanos de la población en general, y de las mujeres y el colectivo LGBT en particular. América Latina ha sido particularmente afectada por las consecuencias de un enfoque punitivo y represivo en materia de drogas y esta afectación impacta de manera desproporcionada a los grupos más vulnerables. 

A la vez hemos sostenido que la Ley 23.737 ha sido absolutamente ineficaz para combatir el narcotráfico y, por el contrario, ha servido para encarcelar un enorme porcentaje de población vulnerada, especialmente mujeres y mujeres trans. En Argentina, los datos recientes publicados por el Sistema Nacional de Información Criminal, señalan que el 67% de los casos de infracción a la ley de drogas registrados en el país durante el 2019, fueron por tenencia simple para uso personal (54%), tenencia simple de estupefacientes (12%) y tenencia o entrega atenuada de estupefacientes (1,3%).

En simultáneo, los delitos contra el narcotráfico a gran escala ? Contrabando y Organización y financiación de estupefacientes- no alcanzaron el 1 % de las denuncias. Durante los 3 años para los que se cuenta con este desagregado, se verifica que mientras que algunos de los delitos más leves se duplicaron (creciendo más del 100% en solo dos años) o hasta triplicaron, otros delitos de mayor gravedad y nivel de organización, como el Contrabando de estupefacientes, se redujeron a menos de la mitad (disminuyeron un 60%).

Estas políticas extremadamente punitivas constituyen la fuerza motriz del encarcelamiento masivo de mujeres por delitos de drogas. En Argentina, Brasil y Costa Rica, más del 60% de la población penitenciaria femenina está detenida por este tipo de delitos. Es importante problematizar las dinámicas sociales que atraviesan a estas mujeres dado que la gran mayoría vive en contextos de violencia de género, exclusión social y pobreza. Además, son las principales responsables del cuidado de personas dependientes. Las motivaciones del involucramiento en el microtráfico son diversas. 

Si bien algunas mujeres informan haber participado en el marco de estrategias de supervivencia económica, conscientes de los riesgos asociados, muchas de ellas fueron coaccionada por sus parejas u otras personas, en contextos de relaciones de poder desigual entre hombres y mujeres. Son las principales destinatarias de las políticas punitivas sin embargo rara vez representan una amenaza para la sociedad. La mayoría son detenidas por primera vez, por tareas poco calificadas, pero de alto riesgo. Su encarcelamiento no contribuye a desmantelar mercados ilícitos o a mejorar la seguridad pública. 

El fenómeno de la prisionización de mujeres por delitos de drogas debe ser uno de los ejes protagónicos al momento de analizar la política criminal y sus derivados: la sobrepoblación carcelaria, las dinámicas de violencia intracarcelaria, la desigualdad, la ausencia de planificación de políticas públicas con perspectiva de género y el impacto a los derechos humanos de las mujeres cis/trans, niños, niñas y víctimas colaterales. Resulta fundamental poder evidenciar el impacto en los derechos humanos que conlleva la actual ley de drogas en Argentina y mostrar de qué modo las mujeres son particularmente criminalizadas. 

No es posible pensar líneas de política criminal que no contemplen estos datos. ¿a quienes encarcelamos en Argentina por aplicación de la ley 23.737? ¿Qué impacto tiene este encarcelamiento? Estas preguntas no pueden estar ausentes a la hora de discutir y diseñar políticas de drogas. A la vez es necesario que este diseño contemple las leyes y estándares internacionales referidos a derechos humanos; deben enfocarse en la reducción de las consecuencias dañinas causadas por el consumo y los mercados de drogas; deben promover la inclusión social de grupos marginalizados y no enfocarse en medidas punitivas contra ellos y deben ser desarrolladas e implementadas sobre la base de relaciones abiertas y constructivas con la sociedad civil y las poblaciones afectadas.

Desde del Fallo Arriola (2009), mediante el cual la Corte Suprema de Justicia declaró la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23.737 que penaliza la tenencia para consumo personal en el ámbito privado, se presentaron más de 20 proyectos legislativos, transversales a todas las fuerzas políticas, sin embargo ninguno prosperó. Es necesario que las figuras penales distingan entre quienes transportan “por cuenta de otros” a fin de establecer penas más leves en estos últimos casos y la necesidad de “perforar el mínimo legal” de la actual ley de estupefacientes, dado que la pena mínima es de cuatro años de prisión, impidiendo así el acceso a la condena en suspenso u otras medidas alternativas. 

Si consideramos el fenómeno de la sobrepoblación en ascenso y el impacto negativo que conlleva a los derechos humanos; los pronunciamientos de los organismos internacionales en materia de políticas de drogas; los informes a nivel regional que dan cuenta de los costos humanos de las políticas punitivas de drogas y las estadísticas nacionales que comprueban el fracaso de la guerra contra las drogas , creo que es momento de volver a reafirmar la necesidad de avanzar de modo urgente con la necesaria modificación de la Ley 23.737. 

Ariel Cejas Meliare, es Procurador Penitenciario Adjunto Interino.