La Argentina cuenta con dos proyectos para conseguir la legalización del aborto. La iniciativa del Gobierno fue anunciada por el presidente Alberto Fernández y fue trabajada por la Secretaría Legal y Técnica y los Ministerios de Salud y de la Mujer, pero aún no fue presentada a la sociedad ni al Congreso. El segundo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, todavía tiene estado parlamentario. Sin embargo, a pesar de que el Poder Legislativo se encuentra en funciones, ninguno de los dos está siendo debatido, mientras cientos de mujeres que deciden abortar son obligadas a poner en riesgo su vida en la clandestinidad.

El pasado 30 de marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a la salud sexual y reproductiva como servicio esencial que debe sostener su disponibilidad en el marco de las medidas tomadas durante la pandemia. Asimismo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH) sostuvo que esos servicios deben considerarse una prioridad que salva vidas y que forman parte integral de la respuesta a la crisis sanitaria. Estas prestaciones abarcan el acceso a los anticonceptivos, la atención a las madres y los recién nacidos, el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual, la posibilidad de obtener un aborto seguro y la orientación eficaz de las usuarias.

En Argentina, Amnistía Internacional entrevistó a personal de la salud de diversos puntos del país y relevó que, en contexto de pandemia, existe una baja en la cantidad de personas que se acercan a los servicios de salud sexual y reproductiva, una marcada disminución en la entrega de métodos anticonceptivos y un incremento en la demanda de interrupción legal del embarazo (ILE). Según estimaciones de profesionales entrevistados, habría indicios de un aumento en el número de mujeres que recurrieron a prácticas inseguras para acceder al aborto.

El acceso a la interrupción del embarazo haciendo uso de las opciones farmacológicas disponibles y de las herramientas de telemedicina es imprescindible en un contexto de aislamiento. La ILE es un servicio de urgencia ya que las demoras condicionan la prestación y suman riesgos para las personas con capacidad de gestar. Por eso, es preciso que los estados garanticen servicios de aborto legal accesibles y de calidad en todo el país y en los distintos niveles de atención en pandemia. Al mismo tiempo, es urgente comenzar a trabajar en la generación de los acuerdos necesarios entre todas las fuerzas políticas para tratar y sancionar el proyecto de legalización del aborto en la Argentina durante el 2020.

Hoy, en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, desde Amnistía Internacional organizamos la campaña #RamosDeLaDeshonra para visibilizar la situación de extrema precariedad que experimentan mujeres y personas gestantes a la hora de abortar, utilizando el perejil, entre otros métodos caseros, por la imposibilidad de acceder a un servicio seguro provisto por profesionales de la salud. Estos ramos fueron dirigidos al Congreso, donde trabajan los y las responsables de que el proyecto de despenalización y legalización se empiece a discutir.

Mariela Belski: Directora ejecutiva Amnistía Internacional Argentina.