Algo cambió en la Argentina después del pasado viernes cuando con valentía y liderazgo el presidente Alberto Fernández puso fin al absurdo de tener el paquete infocomunicacional que integra la industria TIC por fuera de ser un servicio público esencial y estratégico, tal cual lo peticionaban las más de noventa organizaciones sociales, políticas, sindicales, culturales y económicas que veníamos trabajando en internetesencial.org acumulando miles de adhesiones a un petitorio que impulsaban los puntos que encierran el DNU 690/2020.

La medida adoptada por el Presidente trasciende el mero congelamiento de las tarifas, como algunos comunicadores o medios quieren hacer ver, y pone sobre la mesa un auténtico cambio de paradigma expresando que el derecho humano al acceso a las TICs y a la comunicación por cualquiera de sus plataformas requiere de la fijación de reglas por parte del Estado para garantizar el acceso equitativo, justo y a precios razonables.

El decreto es claro en cuanto a los conceptos y hacia donde se dirige el interés del colectivo representado por el Estado, este no permite correrse un ápice del centro de los intereses de la totalidad de la ciudadanía, lo cual implica un gran desafío no solo para el gobierno sino también para los sectores de las mayorías populares que comprenden en esta determinación del Presidente como un respaldo sensible y valioso a sus derechos y a sus necesidades de integración al desarrollo de su vida digital.

El acceso y permanencia en el sistema infocomunicacional es un derecho y no un privilegio y es por ese motivo que estos servicios deben ser tutelados por el Estado, este debe de tener facultades para monitorear y regular las tarifas de los servicios en el marco de las razones emergentes del interés público.

Ahora es tiempo de recuperar los instrumentos normativos que permitan garantizar para la totalidad de los y las habitantes de la Nación el acceso a las TICs, estableciendo planes accesibles con fundante en la inclusión digital y que garanticen una prestación básica universal obligatoria.

Es necesario proseguir con el tratamiento legislativo del tema para que antes de fin de año sea sancionada una ley que trate estos tópicos de servicio público, esencial y estratégico, donde además deberemos incorporar los temas relativos a tarifa social, expansión de la infraestructura comunicacional y el fortalecimiento del Ente Regulador.

Es necesario dejar algunos conceptos claros a fin de comentarios y posiciones de tinte inescrupulosos de comunicadores e integrantes de la oposición que tratan de confundir y anegar algo que es cristalino y virtuoso en sí mismo:

• La declaración de servicio público no tiene que ver con la estatización de los servicios, sino con la regulación de tarifas y protección de los derechos de todas y todos los usuarios, agregándole la potestad tarifaria al Estado quien a través del Enacom arbitrara las medidas necesarias para estudiar el caso de aumentos futuros de tarifas. Es decir, las empresas ya no podrán aumentar cuanto quieran o cuando se le dé la gana, deberán tener autorización previa.
• Por otra parte, garantiza y hace exigible la búsqueda de la universalidad del servicio, impidiendo que la visión inescrupulosa empresarial deje de prestarlo o lo hagan de modo deficiente en lugares y zonas alejadas porque no tienen suficiente rédito económico.

Argentina ha dado un paso adelante en temas de Estado presente al otorgar protección del usuario y usuaria, y esto sin lugar a dudas deja un sabor dulce en el paladar de aquellos que abrazamos las causas justas en materia infocomunicacional. ¡A disfrutarlo!

Sergio Salinas Porto, presidente de Asociación Argentina de Usuarios de Internet.