El viaje de los reyes Felipe y Letizia a Londres para asistir a la misa en recuerdo del duque de Edimburgo coincidió con la nueva decisión de la justicia británica sobre la demanda de contra el rey Juan Carlos por su antigua amante, Corinna zu Sayn-Wittgenstein.

La empresaria, había presentado una demanda ante el Tribunal Superior de Londres en la que acusaba al monarca y al servicio secreto español por "acoso" y "espionaje" contra ella en el Reino Unido.  El Tribunal Superior de Londres rechazó el permiso solicitado por la defensa del rey emérito para apelar la decisión que la semana pasada denegó a don Juan Carlos la inmunidad legal para ser juzgado en Reino Unido. La defensa del ex monarca había solicitado al tribunal británico que se replanteara su decisión, pero ordenaron que el juicio siga adelante.

De esta manera, la única posibilidad que tiene ahora el rey de paralizar el proceso es acudir al Tribunal de Apelación, algo que su defensa legal ya ha anticipado que tiene intención de hacer. El supuesto acoso habría comenzado en 2012, después de que el rey Juan Carlos intentara retomar su relación sentimental con ella, rota en 2009 y continuada luego durante algunos años más como amistad.

Larsen alega que la Agencia Nacional de Inteligencia de España, su entonces titular Félix Sanz Roldán, o personas que trabajaban en su nombre o en el de Juan Carlos, la pusieron a ella y a otras personas de su entorno "bajo vigilancia física".

Esto "incluía un seguimiento vehicular y personal, con allanamientos en las propiedades en la que residía, además de sufrir el hackeo de sus teléfonos y computadoras". Afirma también que fue amenazada por el rey emérito, quien presuntamente le dijo que “las consecuencias para ella "no serán buenas" si "no hacía lo que él quería”.

Larsen denunció que Sanz Roldán también le dijo en una reunión en Londres en 2012 que no podía "garantizar su seguridad física ni la de sus hijos". La mujer, nacida en Dinamarca y conocida también como Corinna zu Sayn-Wittgenstein, denunció públicamente en diversas entrevistas e incluso durante su comparecencia como testigo en un juicio en España, que el acoso y la persecución comenzó cuando terminó con su relación con Juan Carlos.

De acuerdo al Financial Times, en el trasfondo del caso está un pago de 65 millones de euros en 2012 por parte de Juan Carlos a la empresaria utilizando fondos que se originaron con un regalo de 100 millones de dólares que recibió el entonces rey español por parte del difunto monarca Abdullah de Arabia Saudita en 2008.

En su demanda, Larsen dice que Juan Carlos le expresó que "quería asegurarse de que ella y sus hijos estuvieran bien, pero le preocupaba que su familia impugnara cualquier cosa que le dejara en su testamento, después de su muerte".

Pero posteriormente, detalla que Juan Carlos le pidió que le devolviera el dinero "o que lo pusiera a su disposición" y cuando ella se negó, él la acusó de robar los fondos y la difamó ante su familia y socios comerciales, así como ante el rey Salman y el príncipe heredero Mohamed bin Salman de Arabia Saudita.

Esto, según ella, le supuso una pérdida de ingresos en su trabajo como "consultora estratégica", ya que trabaja con personas de alto poder adquisitivo y con empresas líderes de todo el mundo. La empresaria también declaró en otra oportunidad que el sultán de Omán le compró un departamento de 50 millones de libras esterlinas en el exclusivo barrio londinense de Knightsbridge, para uso del monarca español.

Según Larsen, Juan Carlos, le pidió que pagara un depósito por los gastos de servicio de unas 200.000 libras esterlinas de la propiedad, pero ella se negó. Mientras tanto, la defensa de Juan Carlos I, aún no respondió al reclamo, aunque está por decidir si la justicia británica es competente para investigar a un exjefe de Estado de otra nacionalidad y que no vive en Reino Unido, señaló un periódico británico.

Ciertas o no estas acusaciones, la clave del proceso legal abierto en Reino Unido consiste en determinar si en el momento en que se produjeron los delitos de los que Corinna acusa a don Juan Carlos éste estaba amparado por la inmunidad que le daba su condición de Jefe de Estado.

La defensa legal del rey emérito mantiene que cualquier acto producido hasta la abdicación de don Juan Carlos en junio de 2014, está amparado por esa inmunidad, pues hasta entonces no dejó de ser Jefe de Estado, pero la justicia británica rechazó este argumento:  "cualquiera que sea el estatus que tenga el acusado según la ley y la Constitución españolas, ya no tiene la condición de soberano o un jefe de Estado que le otorgue inmunidad personal".|