Ante la inminente posibilidad de cesación de pagos, casi unos 300 trabajadores de la Pyme Tabacalera Sarandi denunciaron al Estado argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Argumentan que se violan sus “derechos de acceso a la justicia, derecho al recurso, derecho al trabajo y ejercer industria lícita, derecho a la propiedad, principio de igualdad y no discriminación”.

En el fondo de la presentación se encuentra la reforma tributaria que benefició a las multinacionales del tabaco –que mantienen el monopolio en el país– y que fue aprobada durante el gobierno de Mauricio Macri.  

El nuevo sistema normativo estableció un impuesto mínimo que perjudicó a la pequeña industria local del tabaco: “establece una ecuación tributaria que resulta inequitativa y desproporcionada para las empresas, que previo a la promulgación de la ley practicaban precios inferiores al monopolio del tabaco”, explicaron los denunciantes.

La situación generó “un claro beneficio a los elaboradores de producto de mayor precio, reservando mercado a las Grandes Tabacaleras Multinacionales. La situación expuesta somete a las pequeñas tabacaleras locales a una carga tributaria que impone que, de cumplir con la ley, se llegará a un irremediable estado de cesación de pagos que impedirá a la continuidad de las actividades y que privará a cientos de personas de empleo y el sustento para sus familias”.

Ahora, los trabajadores tomaron la iniciativa para la formulación de la denuncia ante el organismo internacional. La presentación también señala que el nuevo sistema perjudica al propio Estado, por disminuir los impuestos de las grandes tabacaleras, “generar un contribuyente menos” al golpear a las Pymes del tabaco local, y “reducir a la pobreza a todos los trabajadores involucrados”.

En definitiva, la presentación realizada busca que la Comisión someta el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “a fin de que eventualmente condene al Estado por las violaciones denunciadas y, a modo de reparación el Estado deje sin efecto la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Adicionalmente inste al Estado para que adopte las medidas necesarias para modificar la normativa vigente en materia tributaria situación procesal que les permitiría a los trabajadores asegurar la continuidad de sus fuentes de trabajo”.

La presentación, patrocinada por el abogado Maximiliano Rusconi, sita diversa jurisprudencia de la Corte Interamericana, como lo son el caso “Fontevecchia” y “Kimel”, por ejemplo.

La postura de la Corte Suprema

En mayo de este año, la Corte Suprema de la Nación revocó una medida cautelar que, de manera provisoria, liberaba Tabacalera Sarandí de someterse a la ley que se había aprobado durante el macrismo hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Al argumentar la decisión, el máximo tribunal sostuvo que una medida cautelar no puede suspender una norma del Poder Legislativo, salvo en casos de excepcionales.

Sarandí inició una demanda en 2018 contra una reforma legal. Sostuvo que la nueva reforma tributaria le generaba un incremento en sus productos y la ponía en desventaja respecto de otras compañías, afectando, además fuentes de trabajo. Con esos argumentos la tabacalera logró que la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal dictara la medida precautoria para que, provisoriamente, no se le cobraran los montos resultantes de la ley.

La cautelar fue apelada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que afirmó que la medida afectaba la recaudación, lo que dio paso a la intervención de la Corte, que coincidió con un dictamen de la procuradora Fiscal Laura Monti, quien hace algo más de un año dictaminó contra la tabacalera. Monti había opinado que en este tipo de casos la intervención de los jueces menoscaba las funciones de otros poderes del Estado.

La Corte, por unanimidad, pero sin el voto de Carlos Rosenkrantz, expuso que “la justicia no puede avanzar sin más sobre las leyes” y que “solo ante el excepcional ejercicio del control de constitucionalidad es que los jueces se encuentran habilitados para invalidar decisiones del Poder Legislativo”.

Una reforma a medida

Según Rusconi, “la denuncia ya fue recibida por la Comisión y, como consecuencia de ello, se generaron dos trámites ante el mencionado organismo; uno por la cuestión de fondo planteada y, el otro, por la medida cautelar que se solicitó”.

El letrado también dijo que “la situación de los trabajadores es verdaderamente desesperante, genera mucha angustia y dolor no solo en ellos, sino también en sus familias a causa de la violación de diversas garantías constitucionales generadas por la sanción de una reforma tributaria realizada “a medida” de las Grandes Tabacaleras para obtener aún mayores beneficios, y perjudicar a la competencia, las pequeñas tabacaleras locales”. |