Un conocido hombre de negocios ligado al peronismo recibió esta semana una buena noticia. Jose Luiz Manzano podrá volver a pensar con optimismo en las dos termoeléctricas que posee en Pilar (Matheu I y II), frenadas en su construcción por reclamos vecinales y de ONGs.
Enclavadas entre la ruta provincial 25 y la calle Alborada, justo en el límite entre Pilar y Escobar, la contaminación ambiental de las centrales denunciadas también afectaría a la población del otro municipio.
Los vecinos de los dos partidos del norte del GBA habían logrado una cautelar del juez federal de Campana Adrián González Charvay, que puso en suspenso la actividad de las dos plantas. Presentaron pruebas de que: las termoeléctricas producen gases de efecto invernadero, utilizan 5 millones de litros diarios de agua del acuífero Puelche de Pilar para su enfriamiento, y -lo más grave- los sonidos que emiten sus turbinas llegan a superar los 107 dB (decibeles). Estudios médicos indican que el oído humano no puede tolerar más de 60 dB y los denunciantes presentaron pruebas del daño que había ocasionado, incluso en menores, ya que funcionan 24 horas al día.
Pero ahora, la Corte Suprema -con cuatro firmas y sin la de su titular, Carlos Rosenkrantz- ordenó que se dicte un nuevo fallo para valorar el impacto ambiental de la instalación de las termoeléctricas.
La construcción de las centrales había comenzado durante el gobierno de Mauricio Macri y con el impulso del exintendente de Cambiemos, Nicolás Ducoté. Tras la apelación de los letrados de Manzano, la Cámara Federal de San Martín revocó la cautelar con el argumento de que no era una cuestión judiciable. Así, la discusión llegó a la Corte, que ahora ordena un nuevo peritaje ambiental.
En rigor, las demandas fueron dirigidas contra Araucaria Energy SA y APR Energy SRL, que quedaron en manos del ex ministro de Interior de Carlos Menem. Manzano le compró su parte a Rogelio Nores, el principal accionista, y al fondo Gramercy, uno de los tenedores de deuda de la Argentina, que en su momento fue un duro negociador.
A principios de año, Gramercy firmó con Integra, otra sociedad controlada por Manzano, un acuerdo para repartirse en partes iguales las acciones de Araucaria Energy, también operadora de cuatro centrales térmicas construidas durante la gestión de Macri.
El negocio de la energía amarilla
La firma Araucaria se constituyó el 26 de abril de 2016 bajo el control de la canadiense Stoneway Capital Corporation, y emitió un bono de US$ 500 millones para invertir en la Argentina. Al poco tiempo y a partir de sus buenos contactos con la administracion de Cambiemos, se adjudicó la instalación de cuatro usinas térmicas. La empresa se financió además con US$ 163,5 millones en bancos argentinos, como el Ciudad.
El ingreso de Manzano a Stoneway Capital, establecida en New Brunswick y que estaba controlada por Stoneway Group LP, fue a través del inversor Rogelio Nores y So Energy International, luego que en marzo de este año Nores no pudo pagar una cuota de US$ 30 millones correspondiente a un préstamo de US$ 220 millones que Gramercy le había otorgado a la firma canadiense.
Gramercy, fondo conducido en Argentina por Gustavo Ferraro, tomó entonces las riendas de la compañía y designó a Roberto Helbling y a Juan Ignacio Sánchez Alcazar para tratar de ordenar la situación contable de la eléctrica. A su vez, Nores llegó a un acuerdo con Manzano y le cedió el control legal de la firma.
Quienes conocen el mercado energético aseguran que Manzano posee otra planta en Luján, donde Araucaria carecería de las habilitaciones para poder operar.
