Este viernes se conoció una nueva medida de la Secretaría de Comercio Interior que apunta al control de precios de los productos de consumo masivo en el marco de la ley de góndolas. La cartera que conduce Paula Español, resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria, a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria.

A través de la Resolución No330/2021 publicada en el Boletín Oficial, la intimación abarca desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización y busca prevenir una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por Covid-19, según explico el Ministerio de Desarrollo Productivo en un comunicado.

La semana pasada la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), interpuso un “reclamo administrativo impropio”, contra el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), una herramienta que desarrollo Comercio, que exige a las empresas informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

Luego de un cruce sobre la ley de etiquetado, en diálogo con Nancy Pazos, en Rock&Pop, el titular de la Copal habló sobre la reticencia del sector frente a los intentos del Gobierno por controlar la evolución de precios en las góndolas. “Bajame la inflación macro”, respondió Daniel Funes de Rioja, titular de Copal, a la periodista y retomó las declaraciones del ministro Guzmán respecto a que la problemática inflacionaria es “multicausal”

“A nosotros el año pasado nos aumentaron los precios, y tenemos los precios congelados desde el 6 de marzo de 2020; estoy hablando de alimentos procesados, porque los frescos están más regidos por cuestiones estacionales”, dijo.

“Pues bien – continuó- aumentamos de 4 al 10,8 % con una inflación del 36%; el tipo de cambio varió 36% y hay insumos importados; la logística, con los aumentos de la nafta más los salarios de Camioneros aumentó el 35% y tiene una incidencia del 15 al 30 por ciento según el tipo de productos, ya sean perecederos, frescos o bebidas”.

El dirigente empresario sumó en defensa de la posición del sector el aumento del precio de la materia prima “desde el 45%, al número que le pongas”, dijo en referencia al incremento del precio de las commodities que resulta “maravilloso” para incrementar los recursos fiscales del país, aclaró, pero “en lo concreto”, según Funes de Rioja, “´muchos insumos aumentaron más del 100 por ciento”.

También se refirió al “costo Covid”, aquel que asumen las empresas por tener personal exceptuado que continúa recibiendo su salario y señaló que entre el 12 y 20% de la masa salarial está con licencia. “Se lo cargaron a la empresa”, se quejó el titular de Copal y celebró la actualización de la norma que permite a los mayores de 60 años que estén vacunados retomar tus tareas. “Hace un año que no trabajan”, reforzó.

Retomando el avance de la ley de etiquetado, que el año pasado no logró ser tratada en el Congreso, el dirigente ponderó la capacidad del sector y dijo: “estamos en contra de la demonización de los alimentos”. En ese sentido, explicó que la Argentina en el año 2011 llegó a exportar 30.000 millones de dólares en alimentos procesados, hoy esa cifra se contrajo a 25.000 pero además aclaró que sólo importa insumos para la industria por menos de 2.000 millones de dólares lo que resulta en una “balanza comercial fabulosa”.

Desde la Secretaría de Comercio de la Nación aclararon que la decisión de exigirle a las grandes empresas la producción al máximo de su capacidad para evitar desabastecimiento se tomó luego de que la Secretaría de Comercio Interior advirtiera escasez de ciertos insumos y bienes.

Además, la medida rige para aquellas compañías del sector industrial que facturen más de $3.955.200.000 por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $3.698.270.000, de acuerdo a lo establecido por la Res. SEPYME 220/2019 y sus modificatorias.

“Con esta intimación a incrementar la producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización, se busca resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores”, señala el comunicado oficial.

Respecto a las consecuencias por incumplimiento de la presente resolución, detallaron que las empresas infractoras puedan recibir sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento (N° 20.680).|