La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) reiteró hoy su preocupación ante el proyecto de Aporte Solidario y Extraordinario, que el Senado podría convertir en Ley la próxima semana, y pidió "correcciones que reduzcan las consecuencias adversas que generaría sobre la economía nacional"

En línea con lo que manifestó a mediados septiembre pasado sobre la iniciativa, la CAC dijo que "la progresividad es una característica bienvenida de los esquemas impositivos, pero también debe tenerse en cuenta que en el país ya existen tributos que están en función de la capacidad económica del contribuyente".

La entidad -en un comunicado- manifestó hoy estar "convencida de que la expansión de la actividad y la corrección del déficit fiscal, para ser sostenibles, requieren de la existencia de un sector privado dinámico y moderno, lo que difícilmente se logrará si se siguen incrementando las cargas que sobre él recaen, con el riesgo adicional de generar un éxodo a jurisdicciones con un tratamiento más favorable".

"Ante las urgencias fiscales, en lugar de apelar a un nuevo impuesto, deberían buscarse alternativas superadoras, en beneficio de la inversión, la generación de empleo y el progreso económico y social del conjunto de la Nación", señaló la CAC.

Para la entidad empresaria, es necesario avanzar en "la reducción de ineficiencias varias en materia de gasto público, el combate a la informalidad e, incluso, en la crítica coyuntura actual, un empréstito patriótico, en dólares, con una tasa de interés mínima y varios años de repago, aplicable al pago de impuestos para asegurar su recuperabilidad para los inversores".

Más allá de su idea, y teniendo en cuenta que la iniciativa del aporte solidario y extraordinario ya obtuvo media sanción por parte de la Cámara de Diputados, la CAC detalló algunas propuestas tendientes a morigerar los efectos negativos que ve en el proyecto oficial.

En ese sentido, planteó incrementar la suma exenta ?originalmente fijada en $200 millones? a un monto de entre $280 y $300 millones, considerando la inflación y la variación del tipo de cambio de los últimos meses, al entender que el aporte alcanzaría a muchos más contribuyentes de lo originalmente previsto.

También propuso la entidad transformar el mínimo exento en un mínimo no imponible, lo que significaría una importante mejora en materia de equidad; y eliminar las normas propias sobre residencia que pretenden alcanzar a sujetos que residen en otros países y que generarían un alto grado de conflictividad y judicialización de esos conflictos.

Otro punto de las propuestas aborda suprimir el tratamiento diferencial entre activos en el país y en el exterior y eliminar la repatriación de fondos vinculada con ese tratamiento; reducir las alícuotas aplicables; y gravar con una alícuota reducida (no mayor al 0,5%) las participaciones societarias y empresarias.

Finalmente, planteó eximir a los títulos públicos nacionales, provinciales y municipales y la casa habitación hasta cierto límite; y disponer un plan de pago en cuotas no menor a 12 mensualidades.