"Corrección de tarifas" : asi es como llaman los equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional el proceso de descongelamiento de tarifas a la energía eléctrica dispuesto a comienzos de 2019 y que se incremento en 2020 producto de la crisis del Coronavirus. 

Ocurre que el Fondo le reclama al gobierno de Alberto Fernández lo que le prometió el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, a la misión FMI en Febrero que “no habrá un congelamiento permanente” de las tarifas de los servicios públicos, y remarcó que la revisión de las mismas se hará para llevarlas a valores “razonables y accesibles”, con el objetivo de controlar la inflación.

Esa promesa, claro esta, fue antes de que la pandemia cambiara todos los planes. 

Lo cierto es que el actual secretario de Energía, Dario Martinez, ya anunció que la suba de tarifas vendrá en enero de 2021 y recalco que  "los subsidios no van a aumentar en términos del PBI", y que focalizará la ayuda para el 40% de la población que entiende no está en condiciones de pagar el costo de la energía. 

Pero las razones por la cual el Fondo pide una actualización de tarifas es porque cree que en los hechos y en un año electoral, el modelo que propone el gobierno, que seria de una suba anual del 15% al  40% de los consumidores (los sectores de menos ingresos) , mas del 30% al 45% de la "clase media" y al 15% restante de la población de altos ingresos se le aumentaría hasta un 40%, esta lejos de lo que realmente ocurrirá.  

En realidad, los técnicos del FMI desconfían que la inflación de 2021 vaya a ser del 29%, como indica el Presupuesto, y este mas cerca del 40%, por lo que cualquier corrección de tarifas por abajo de ese porcentaje se convertirá en subsidio, por lo que piden mas aumentos para que los subsidios económicos no sigan creciendo. Los ojos siempre están puestos en  Cammesa, la empresa mayorista de control estatal,  que demandará $ 446.000 millones del presupuesto público para el año que viene. 

Pero el problema central esta entre las distribuidoras, que afirman que no alcanzan a pagar el costo de la generación eléctrica, las generadoras y el gobierno. Y es que Martin Guzmán parece haber hecho los deberes:  de acuerdo a la Oficina de Presupuesto "la cobertura del costo eléctrico financiado por medio de las tarifas abonadas por los usuarios alcance al 43% en 2021, marcando una disminución con respecto a la cobertura del 55% estimada para 2020”.

Por eso la discusión otra vez esta en el terreno de la política, ya que las distribuidoras fueron habilitadas por Cammesa a renegociar sus deudas por estos meses de la pandemia, de acuerdo a ciertos criterios que aplicarán en la Secretaría de Energía, como por ejemplo las inversiones. En ese sentido, Edenor y Edesur están trabajando un acuerdo con el Gobierno por una deuda de $ 4.127 millones con Cammesa. Y el gobierno esta dispuesto a perdonar pasivas, si desde la distribuidoras hay obras e inversiones comprobables. Eso si: ya les avisaron a las eléctricas que e cuanto haya cortes de luz en el verano de 2021, la negociación dejara de ser amigable, y que el cortocircuito puede llegar a quemar los pocos puentes que quedan sanos entre las distribuidoras y el gobierno.