El presidente Alberto Fernández finalmente logró encadenar algunas alegrías. Luego de un 17 de octubre en donde pudo sentir, como se sienten las cosas en esta nueva normalidad, un fuerte apoyo en las redes sociales y pudo mirar por televisión largas filas de autos y camiones, recibió otra gran noticia con las elecciones en Bolivia y el resultado que llevó nuevamente a la presidencia al MAS, el partido del refugiado político en la Argentina, Evo Morales.
La alegría no tiene que ver con que ganó el partido de Evo, sino con los beneficios que podría llegar para la Argentina, principalmente, por un recurso que es escaso todavía en el país.
La Argentina importa 15% del total del gas que consume de Bolivia. Un país con el que tenía fuertes disputas políticas con la administración de Jeanine Añez a la cual desconocía y esto se traducía en problemas económicos. Tanto que Bolivía había incumplido el contrato con los envíos de gas y la Argentina ha dejado de pagar.
Pero los vientos cambiaron, por lo menos en esa parte de América Latina y el MAS vuelve al Gobierno, y lo hace con el ex ministro de Economía que nacionalizó la producción de gas y firmó los acuerdos con la Argentina. Y en la Casa Rosada entienden que esta brisa de cambio puede airear un futuro cercano.
El gobierno del Frente de Todos acaba de presentar el Plan Gas 4, un plan por el que se le asegura a la producción local un precio sostén de 3.7 dólares el millón de BTU, El número está por encima del valor del mercado internacional que oscila los dos dólares por millón de BTU, pero muy por debajo de lo que hoy está pagando por el gas boliviano, que ronda entre cinco y seis dólares.
Con este cambio de gestión, Fernández y el flamante titular de la Secretaría de Energía, Daniel Martínez, se preparan para renegociar el contrato que vence en 2026. Aprovechando el apoyo político, recordando que le dieron ascilo político, y no sólo eso sino que dejaron que se exprese con total libertad, al líder del MAS pero también haciendo uso de la realidad que vive el vecino país: la inestabilidad política del último año que impuso la ferviente católica Añez -asumió el poder después del golpe policial con una bibilia en la mano- hizo que se redujera la explotación del gas y que Bolivia esté a punto de incumplir el contrato y recibir penalidades por eso.
Las conversaciones ya comenzaron, el propio presidente electo lo adelantó. En una entrevista que dio al diario Folha de Sao Paulo, Arce dijo que buscará renegociar los contratos de gas entre Bolivia y Brasil, En el caso del acuerdo firmado por Jair Bolsonaro, el presidente de Bolivia dijo que el gobierno brasileño no debería haber firmado con una administración que no fue elegida democráticamente, desconociendo a la adminitración Jañez, tal como lo hizo Alberto Fernández
En medio de esta situación el Juzgado Federal de Campana ordenó la clausura de la terminal portuaria de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde está ubicado el barco regasificador de Gas Natural Licuado (GNL), y que hoy es el único por donde entra gas a la Argentina que no sea el gas boliviano.
Hasta hace unos años había un barco regasificador en el puerto de Bahía Blanca. Ese buque fue despedido de manera pomposa por la administración de Mauricio Macri como parte de su discurso de soberanía energética, algo que no ocurrió.
A partir de esta decisión, por el único lugar que puede entrar el fluído a la Argentina es por el gasoducto de Bolivia, por lo que la relación con las autoridades del MAS se volvieron más que significativa para la administración de Alberto Fernández si tiene la intención de pasar el invierno, por lo menos, desde lo energético.