Las autoridades del Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe, en Rosario, convocaron a una reunión, para hoy, al Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Único (Soepu) y representantes de Dow Chemical, para intentar que las partes se pongan de acuerdo luego que la empresa, con sede central en Midland, Estados Unidos, anunciara el cierre de la planta industrial ubicada en Puerto San Martín.

La firma, que busca concentrar su producción de poliuretano en Brasil, mantiene firme su posición de cierre previsto para mayo de 2022. Aunque informó que cumplirá con el pago de las indemnizaciones para los casi 120 operarios que prestan servicios de manera directa, desde el gremio aseguran que son más de 3.000 los puestos indirectos que también se verán afectados. 

En ese sentido, lo que tensa las negociaciones, donde se involucraron las máximas autoridades nacionales, son las maquinarias y equipos de alta tecnología que se retirarían del país. Por eso, luego de recibir la comunicación oficial por parte de Dow Química Argentina, a instancia del ministro de Desarrollo Productivo, se iniciaron actuaciones de oficio que derivaron en el dictamen que se conoció hoy que ordena a la firma “no innovar, no alterar ni modificar los activos productivos que posee en su planta de Puerto General San Martín”. 

Según pudo saber N&P la medida de “no innovar” que emitió hoy Defensa de la Competencia trae alivio y “fortalece el canal de diálogo” pero no termina de resolver el conflicto. Según informaron desde la cartera de Desarrollo Productivo, el entendimiento impide que la planta industrial ubicada en Puerto San Martín cese su producción y el despido de todo su personal salvo que “la acción llevada adelante tenga como fundamento el mantenimiento, reparación o mejora de estos, hasta tanto se resuelva la cuestión objeto de investigación de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Defensa de la Competencia”.

La medida cautelar, motivada en la decisión del cierre de la planta y la inutilización de los activos productivos involucrados, se enmarca en una investigación por presunto abuso de posición dominante por parte de la firma investigada explicaron desde la cartera de Matías Kulfas y señalaron que “parecería que la acción llevada adelante solo tiene como objetivo mantener su posición como principal oferente en el mercado a costa de la pérdida de recupero de las inversiones realizadas”.

La comunicación corporativa expresaría que los activos productivos no serán transferidos ni reubicados, sino que los va a destruir o los va a volver obsoletos, lo que implica, para el Gobierno, “afectación del interés económico general”.

La situación escaló políticamente, semanas atrás, cuando la vicepresidenta alertó al presidente Alberto Fernández sobre el impacto económico que genera el cierre de la petroquímica, que abastece el 73% de la oferta local de polioxi propilenglicol y el 41,5% de éteres glicólicos, con insumos fundamentales para la industria automotriz, fábricas de colchones y electrodomésticos “Cada dólar que tengamos que pagarle al FMI va a ser un dólar menos para pagar importaciones para que las pymes produzcan. Nuestras fábricas y empresarios necesitan dólares para comprar insumos. Por eso, Alberto, no tenemos que permitir que Dow Chemical en San Lorenzo, provincia de Santa Fe, cierre esa fábrica tan importante que produce insumos plásticos difundidos para toda la industria”, dijo Cristina Fernández de Kirchner en un tramo de su discurso, en el cierre de campaña de las PASO, en Tecnópolis.

Desde el Gobierno buscan frenar la pérdida de recursos económicos ante la “destrucción innecesaria” de los factores productivos que conlleva a un aumento de los costos de entrada de nuevos competidores, incremento en los costos de transacción para la adquisición de los productos que se dejan de fabricar en nuestro país, y una afectación directa en el mercado laboral.

Para los funcionarios nacionales y provinciales resulta “absurdo” que la fábrica pase a importar lo que actualmente produce en Argentina, con alto grado de especificidad, para abastecer a la industria nacional; por eso, según trascendió, se trabaja en dos esquemas. De no prosperar la continuidad de la multinacional en el país, se avanzaría en una asociación con una firma local que permita aprovechar la capacidad instalada. En ese “plan B”, se evalúa un esquema donde se pueda sumar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

Mientras, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia continuará con la tramitación de las actuaciones conforme lo establece el procedimiento de la Ley Nro. 27.442, para garantizar la protección al interés económico general. “Por mandato legal y constitucional, el Estado se encuentra obligado a llevar adelante acciones a fin de eliminar todas aquellas conductas que tengan como objetivo distorsionar la competencia y afectar el funcionamiento de los mercados involucrados”, informaron.  |