El año 2010 se destapó el caso llamado “colusión de pollos”: las empresas más grandes del rubro, Agrosuper, Don Pollo y Ariztía se habían puesto de acuerdo –desde 1994- para limitar la producción de este tipo de carne y, de paso, subir sus precios.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Nacional Económica que además descubrió que tres cadenas de supermercados también estaban coludidas: SMU, Cencosud, Walmart y Tottus.

El 2014, el Tribunal de la Libre Competencia dictó una sentencia contra las productoras avícolas donde establecía que se habían asignado cuotas en el mercado de producción y comercialización de carne de pollo.

Agrosuper y Ariztía recibieron las multas más altas, 25 millones de dólares, mientras que Don Pollo tenía que pagar 10 millones de dólares. Esta resolución fue confirmada por la Corte Suprema.

Ese mismo día la Corporación de Defensa de Consumidores y Usuarios (Conadecus) presentó una demanda colectiva por 1.200 millones de dólares para indemnizar a las personas afectadas.

Más de una década pasó desde que se supo de la colusión de los pollos y finalmente esta semana el Tribunal de la Libre Competencia aprobó un acuerdo de conciliación que obligará a las empresas a pagar millonarias multas.

Clientes no serán compensados

El convenio se realizó entre Agrosuper, Don Pollo y dos organizaciones: Conadecus y Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras.

Ariztía, la tercera empresa acusada, decidió no sumarse al acuerdo y continuará con el juicio.

Sin embargo, los clientes de estas empresas que durante años pagaron más por el producto avícola que compraban en el supermercado no serán compensados.

“Siempre hemos buscado que los recursos de la indemnización pudieran llegar a los más vulnerables, pero es muy difícil identificar a los consumidores afectados”, explica Hernán Calderón, presidente de Conadecus

La indemnización que deberán pagar Agrosuper y Don Pollo asciende a los 20.972 millones de pesos y el mecanismo que se acordó fue que la multa sea distribuida entre 23 organizaciones de ayuda social.

“No es la primera vez que utilizamos este mecanismo. De esta manera logramos una distribución equitativa entre los más vulnerables. Buscamos organizaciones que beneficien a adultos mayores, mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar, proyectos culturales y deportivos”, aseguró Calderón.

Además, se investigaron fundaciones con alcance nacional. Una vez conocido el acuerdo, el Tribunal debería ratificarlo dentro de 60 días. En ese momento, Conadecus dará a conocer la lista de las fundaciones que se verán beneficiadas con estos recursos.

Nuevo reglamento

Este es el primer fallo que realiza el Tribunal luego de que se modificara la Ley del Consumidor y del DL 211 de la libre competencia. Antes de esto, las organizaciones tenían que recurrir a la justicia civil para pedir una indemnización por prejuicios.

Sin embargo, el proceso no estuvo exento de trabas, ya que en una primera instancia las avícolas rechazaron la indemnización aduciendo de que no existía un contrato entre la productora y el cliente, por lo tanto, no había un daño.

Pero gracias a los cambios en la ley, Conadecus pudo nuevamente presentar un requerimiento ante el Tribunal de Libre Competencia con nuevos antecedentes y solamente pidiendo indemnización de perjuicios, lo que finalmente se logró.

A pesar de que Ariztía se negó a un acuerdo, las negociaciones con las organizaciones de consumidores podrían continuar. El presidente de Conadecus aseguró que ellos están disponibles para poder lograr un resultado positivo.