Perú reprendió a Argentina, por apoyar el golpe de estado de Castillo – Negocios & Política
 

Cortocircuito diplomático |Perú reprendió a Argentina, por apoyar el golpe de estado de Castillo

La Cancillería peruana convocó al embajador argentino y sus pares de México, Bolivia y Colombia; para reiterarles que la sucesión presidencial de Dina Boluarte, antes vicepresidenta, es constitucional y que las decisiones del expresidente del 7 de diciembre es una “toma de poder ilegal”. El intento de autogolpe desencadenó una ola de protestas por todo el país, reprimidas por el actual Gobierno, con un saldo de seis muertos y 32 civiles y 24 policías heridos.
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La canciller de Perú, Ana Gervasi, afirmó que convocó a los embajadores de la Argentina, Bolivia, Colombia y México, a quienes ratificó la posición de su gobierno respecto de que el destituido presidente Pedro Castillo quiso dar "un golpe de estado" y les entregó "notas formales" con la "reacción firme" a la postura expresada anoche por esos cuatro países.

"Hoy convoqué a los embajadores de México, Bolivia y Argentina y al encargado de negocios de Colombia; les reiteré que la sucesión presidencial es constitucional y que las decisiones del expresidente Castillo del 7 de diciembre materializaron un golpe de estado", dijo Gervasi en la cuenta de la Cancillería en Twitter.

"Asimismo, les entregué notas formales dirigidas a sus cancilleres en las que el gobierno del Perú le transmite su reacción firme frente al comunicado conjunto que emitieron sus gobiernos el día de ayer sobre la situación política en el país", agregó la funcionaria.

El gobierno de Perú ya había respondido esta madrugada al comunicado publicado anoche en forma conjunta por los gobiernos de la Argentina, Bolivia, Colombia y México.

"Las decisiones contrarias al orden constitucional y democrático que adoptó el expresidente Pedro Castillo Terrones el pasado 7 de diciembre (...) constituyen un golpe de estado" y "generaron, por esa razón, la decisión del Congreso de la República de declarar su vacancia en el marco del más estricto respeto a la Constitución Política del Perú", dijo la Cancillería peruana en una declaración escrita.

El miércoles pasado, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el mando tras la destitución de Castillo por parte del Congreso, dominado por las fuerzas de oposición de derecha, después de que el entonces mandatario intentara suprimir en sus funciones al Poder Legislativo para gobernar por decreto, lo que fue calificado como un autogolpe de estado.

En su declaración, la Cancillería peruana recordó que Boluarte, "atendiendo el consenso existente", pidió adelantar las elecciones para abril de 2024.

"El Gobierno del Perú reafirma su convicción en la importancia de que se cumplan con las obligaciones internacionales previstas en el Sistema Interamericano y en particular en la Carta Democrática Interamericana, y que se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú", apuntó.

Los gobiernos de la Argentina, Colombia, México y Bolivia expresaron anoche su "profunda preocupación" por los recientes hechos ocurridos en Perú y exhortaron a "quienes integran las instituciones (del país andino) de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio" como forma "de interpretar los alcances y sentidos de la noción de democracia recogida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos".

"Para el mundo no es novedad que el presidente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de Costa Rica, aprobada el 22 de noviembre de 1969, para luego ser objeto de un tratamiento judicial de la misma manera violatorio del artículo 25 de la mencionada convención", rezaba el comunicado conjunto de ayer, que también pedía a las autoridades que se respeten los derechos humanos de Castillo y "que se le garantice la protección judicial en los términos consagrados en el artículo último citado".

El Gobierno del Perú pidió además que "se respeten las decisiones que vienen adoptando los poderes del Estado para resguardar la institucionalidad democrática y el estado de derecho en el Perú" y reiteró "su más firme compromiso con el pleno respeto de los derechos humanos de todas las personas en su territorio, incluyendo los del expresidente Castillo".

La destitución y detención de Castillo desencadenó una ola de protestas por todo el país, reprimidas por el actual Gobierno, con un saldo de seis muertos y 32 civiles y 24 policías heridos, según datos de la Defensoría del Pueblo.


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