A casi dos años de la muerte de Lucía Hiriart, viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, el 16° Juzgado Civil de Santiago realizó una audiencia de apertura de su testamento, con la presencia de testigos y abogados representantes.
Esto se da luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara una demanda por provecho de dolo ajeno contra sus herederos y los de Augusto Pinochet. La audiencia fue de carácter privado y solo los presentes pudieron conocer su contenido.
“Es una diligencia pedida por este organismo, todo ello en el marco de la demanda interpuesta en contra de los herederos testamentarios del ex general por el provecho del dolo ajeno con respecto de los dineros que él (Pinochet) defraudó”, explicó María Eliana Ricke, abogada representante del CDE.
La demanda pide que los herederos de Pinochet paguen al Fisco 16 millones de dólares, que corresponden a los dineros obtenidos de manera ilícita. Si bien no se pudo acreditar que los hijos del ex general participaron de esta defraudación, el CDE considera que son “destinatarios de un provecho económico que fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada”, dijo el organismo en un comunicado de prensa.
El objetivo de este trámite judicial es determinar quiénes son los herederos de Lucía Hiriart y de ahí establecer su responsabilidad civil frente a los montos defraudados.
"Los herederos han sido destinatarios de un provecho económico que fue fruto de una conducta delictual plenamente demostrada"
Comunicado de prensa del Consejo de Defensa del Estado (CDE)
El CDE presentó además un recurso de casación ante la Corte Suprema que fue acogido y que permitió el decomiso de bienes offshore o acciones al portador a nombre de Pinochet o de sus sociedades.
Sin embargo, a pesar de que fue acreditado el monto total del perjuicio, la Corte Suprema determinó que la pena solo podría recaer en aquella parte de los bienes que tuvieran relación con la intervención de los condenados.
Caso Riggs
En el año 2018 tres colaboradores del dictador fueron condenados por la Corte Suprema bajo el delito de malversación de caudales públicos, dentro del contexto del caso Riggs.
Este proceso judicial se inició luego de que el diario estadounidense Washington Post publicara un artículo el año 2004 sobre la investigación que realizaba el Senado de ese país al banco Riggs y posibles financiamientos al terrorismo.
La sorpresa fue que encontraron 125 cuentas bancarias con un monto de 27 millones de dólares, alguna de ellas bajo el alias de “Daniel López”, aunque fueron finalmente acreditadas al ex dictador.
La entidad bancaria lo habría ayudado a mover discretamente sus bienes del Reino Unido a Estados Unidos, luego de que fuera detenido en Londres en 1998. Además, creó empresas fantasma en las Bahamas utilizando pasaportes falsos.
La causa judicial fue cerrada luego de la muerte de Augusto Pinochet en diciembre del 2006, pero continuó en contra de sus colaboradores, aunque dejando fuera a su familia. Seis militares fueron condenados por malversación de fondos.
El año 2017 la Corte Suprema ordenó restituir a la familia Pinochet 6 millones de dólares en bienes que habían sido decomisados dentro del anterior proceso judicial. Además, revocó la condena contra los seis colaboradores del ex general. Pero todo cambió al año siguiente y tres de los seis militares fueron nuevamente condenados y la justicia decomisó 1,6 millones de dólares pertenecientes a Augusto Pinochet Hiriart, el hijo mayor del ex general.
