“Este gran fenómeno de la izquierda latinoamericana salió séptimo en la elección en Chile, pero es el referente de Alberto y vive en un mundo de fantasía”.
Eduardo Feinman reía en pantalla, comentando la visita que el dirigente chileno Marco Enríquez-Ominami le hacía en ese momento, marzo de este año, al presidente Alberto Fernández.
Ambos políticos figuran en la carta fundacional del Grupo de Puebla, conformado en julio de 2019, como un espacio que buscaba balancear el giro a la derecha que parecía describir Latinoamérica.
En cierto modo, no mentía Feinman. Marco Enríquez-Ominami, o sencillamente ME-O, como lo llama la prensa chilena, había quedado lejos, muy lejos de la posibilidad de disputar el balotaje que alcanzaron José Kast, por la extrema derecha, y Gabriel Boric, por la izquierda. El resultado, ya lo sabemos.
¿Cómo se explica que el dirigente que en 2013 estuvo a punto de meterse en la segunda vuelta, el mismo que un año más tarde figuraba al tope de todas las encuestas para llegar a la presidencia, no haya logrado acceder -ni de cerca- a las instancias decisorias en las siguientes presidenciales a las que se postuló?
La respuesta hay que buscarla en el mismo anaquel de biblioteca que explica muchos de los procesos políticos y electorales en la región: Brasil, Paraguay, Ecuador, Argentina, y también Chile. El lawfare, también hizo de las suyas del otro lado de la cordillera.
EL ESCÁNDALO DE LAS FACTURAS TRUCHAS
En febrero de 2015 se inició en Chile una de las más grandes causas penales, con el llamado Caso SQM. Se trata de la investigación de los pagos hechos por una de las mayores empresas chilenas, destinados a políticos de diferentes partidos. La estimación de la fiscalía hablaba de 14 millones de dólares "generosamente" abonados por la empresa controlada por Julio Ponce Leoru, exmarido de una de las hijas de Pinochet.
La mecánica de los pagos ilegales se fue develando cuando se comenzó a verificar que diversas figuras vinculadas a diferentes partidos políticos le habían emitido facturas a la empresa SQM a cambio de aportes monetarios. Naturalmente, eran facturas por servicios inexistentes. Simplemente el blanqueo de los aportes con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y políticas.
En las listas originales aparecía representada la totalidad del espectro político de ese país, incluyendo la entonces presidenta Michelle Bachelet, el que la sucedería, Sebastián Piñera, y también Marco Enríquez-Ominami, entre muchos otros.
"En ese contexto, se abrió una megacausa que generó mucho impacto, porque los fiscales comenzaron a filtrar a la prensa mucha información, de manera intencionada, directamente para golpear a determinados grupos". Quien describe la situación es Ciro Colombara, abogado del exsenador Fulvio Rossi.
Una gran cantidad de dirigentes, incluyendo algunos miembros del entonces gabinete de Bachelet, fueron imputados y procesados. La cifra se aproximó a los 200 en total, de todas las fuerzas políticas.
Muchos de los investigados llegaron a acuerdos para evitar las condenas. "Otros han seguido hasta ahora, siete años después, defendiendo su inocencia", dice Colombara en diálogo con N&E, refiriéndose a Rossi, quien logró, después de varios fallos adversos, que la Corte Suprema de Justicia lo terminara absolviendo.
APUNTEN CONTRA ME-O
En ese marco es que la defensa inició una contra-causa, apuntando al propio Ministerio Público, sospechado de direccionar la investigación. "Entre otras cosas, pedimos todos los mails de esa época intercambiados entre los fiscales en relación a Rossi", señala.
Los resultados fueron sorprendentes. "O no tanto... Nos encontramos con algo muy parecido a lo que surgió en Brasil con Deltan Dallagnol y los fiscales del caso Lavajato contra Lula".
El letrado se refiere a los chats de Telegram develados en junio de 2019 por una investigación de The Intercept, que puso de manifiesto las serias irregularidades y direccionamiento de la investigación en contra de Luis Inácio Lula da Silva, que terminaron con su encarcelamiento y proscripción electoral, y que permitió que Bolsonaro se convirtiera en presidente de Brasil. Luego fueron la justicia y posteriormente las urnas, en 2022, las que se encargarían de poner las cosas en su lugar.
A diferencia de lo sucedido en Brasil, cuando las filtraciones fueron fruto de un hackeo, en el caso de Chile, los mensajes fueron obtenidos "por derecha", en el marco de una causa contra los propios encargados de la acusación. "Allí se logró determinar que los fiscales habían decidido dejar fuera de la pesquisa a la presidenta Bachellet y a los dirigentes vinculados al círculo de Piñera, para centrarse en el que era el principal competidor de ambos, Marco Enríquez-Ominami", relató el abogado.
El diálogo más revelador se dio entre el fiscal Emiliano Arias y su colega Carmen Segura López. Fue el 10 de noviembre de 2015, cuando cruzaron vía e-mail varios nombres que debían ser incluidos como posibles destinatarios del financiamiento ilegal de la política.
Se logró determinar que los fiscales habían decidido dejar fuera de la pesquisa a la presidenta Bachellet y a los dirigentes vinculados al círculo de Piñera, para centrarse en el que era el principal competidor de ambos, Marco Enríquez-Ominami
Ciro Colombara, abogado chileno
"Carmen, para mandar un listado a la BRIDEC por correo, creo que el dinero recaudado mediante la emisión de boletas falsas iba a:", escribe el fiscal aludiendo a la Brigada de Delitos Económicos (BRIDEC), y acompañando un listado de nueve dirigentes políticos, entre los que figuraba Enríquez-Ominami.
La fiscal Segura se sorprende por las omisiones manifiestas que había en esa lista, y en el acto le responde que faltaban algunos ministros de Bachelet, y también se había omitido a Sebastián Piñera.
Arias le contesta que no convenía incluir al que luego sería presidente, ya que de hacerlo, entonces también habría que hacerlo con Bachelet y con su entonces ministro, Peñailillo. “Yo sacaría a Piñera, o incluiría a Bachelet, Peñailillo, Arenas, etc. Y ese conjunto no me parece prudente mandarlo. Te parece?”, le escribió.
La fiscal no mostró oposición. Y la historia posterior confirmaría que ese acuerdo entre fiscales se terminaría cumpliendo. Todos los dardos y cañones apuntaron contra Enríquez Ominami, a quien le abrieron cuatro causas, de las cuales en tres ya ha logrado demostrar su inocencia, algo que está a punto de repetir en la cuarta.
Mientras tanto, según reseña una investigación de los periodistas Felipe Díaz Montero y Nicolás Parra Tapia publicada por el sitio Biobio Chile, ni Bachelet ni Piñera fueron investigados. "En el caso de la exmandataria, la investigación por eventual financiamiento irregular de su campaña se terminó en Giorgio Martelli", operador político, que años más tarde "terminaría condenado por delitos tributarios, tras comprobarse que emitió boletas falsas a SQM", reseña la investigación.
Por el lado de Piñera, el mismo medio señala que "el que se 'inmoló' fue su antiguo administrador electoral, Santiago Valdés", recaudador de las campañas presidenciales de la derecha, "quien en paralelo ejerció como gerente de finanzas de Bancard, brazo de inversiones del exmandatario".
"Esos mensajes dan cuenta de lo que siempre señalamos en esta causa", sostiene el abogado Ciro Colombara. "Los fiscales habían decidido dejar fuera de su órbita a la presidenta Bachelet y también a Piñera, que era el principal competidor de Enríquez Ominami en la candidatura presidencial", al punto que logró imponerse en las siguientes elecciones presidenciales de 2017.
Lo que pasó durante los siete años que ya lleva la causa se parece bastante al manual aplicado en todo el continente. Multiplicidad de denuncias, filtraciones a la prensa, hostigamiento, operaciones judiciales, y un repetido etcétera.
"Ya ganamos tres de los juicios. Nos queda sólo éste, que va a empezar al 12 de enero y podría durar dos años", cuenta el abogado, asegurando que "durante todo este tiempo, "tanto la derecha como la izquierda se han ocupado de intentar inhabilitar políticamente a Enríquez Ominami", sostiene, asegurando que esto conforma "claramente un caso de lawfare".
¿FICHA LIMPIA O PROSCRIPCIÓN?
El quinto puesto en la última elección, del que se mofaban algunos periodistas argentinos considerando un bluff el desempeño del dirigente cercano al kirchnerismo, tiene en su mayor parte explicación en lo que sucedió con el frente judicial.
Debido a las causas abiertas en su contra, la autoridad electoral chilena (SerVel, en manos de dirigentes de la UDI, uno de los tradicionales partidos de la derecha) había suspendido los derechos civiles y políticos de Enríquez-Ominami, quien de ese modo quedaba impedido no sólo de ser candidato sino si quiera de emitir su voto. La famosa doctrina de la "ficha limpia", que algunos impulsan en nuestro país, para que actúe como una "elegante" herramienta de proscripción política.
Eso funciona en Chile, y de hecho, su proscripción había logrado desvirtuar el frente electoral que había impulsado el propio ME-O junto a otros partidos. Con el líder proscripto, ese frente votó en internas una candidata para suplirlo.
Sin embargo, con un timming formidable, la sentencia absolutoria en la causa que lo dejaba fuera de la contienda llegaría 24 horas antes del cierre de listas. "Obtuvimos una sentencia favorable del Tribunal Constitucional, pero el Servel, cuya conducción está en manos de dirigentes de extrema derecha, no lo querían inscribir", relata el abogado. "Por eso hicimos una presentación ante la ONU, la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hasta que finalmente, un domingo a las 11 de la noche, acataron la decisión del tribunal y le permitieron la candidatura, que tuvo que preparar en 24 horas". Acertada o no, la decisión política fue presentarse por fuera de aquel frente que ya había designado candidata. Terminarían disputándose el mismo electorado.
¿Camino allanado? De ninguna manera. Una semana después, el 4 de septiembre de 2021, el Primer Tribunal Electoral de la Región Metropolitana informó que otra vez ME-O debía ser excluido del padrón electoral, y en consecuencia de las elecciones presidenciales, por sus vínculos con el caso OAS. Seis días más tarde, la decisión fue revocada por el Tribunal Calificador de Elecciones, que dejó sin efecto la exclusión.
De ese modo, en una campaña que dura tres meses, el candidato de la centroizquierda chilena "se pasó un mes y medio discutiendo legalmente si podía o no ser candidato", concluyó el abogado.
La guerra judicial, o lawfare, como se la menciona más frecuentemente, ya había hecho su trabajo de tenazas, con un claro direccionamiento de las causas desde su mismo origen, para poner a salvo a los dirigentes del establishment, y sacar de juego a quienes pretendían disputar la toma de decisiones en uno de los más prósperos y también más desiguales países de la región.
Con más nitidez después de conocerse los mensajes entre los fiscales, ahora también se puede inscribir claramente a Chile en el mapa latinoamericano del lawfare.
