Gobierno formula cargos contra Metro de Santiago por exceso de ruido: arriesga millonaria multa y clausura de obras – Negocios & Política
 

Gobierno formula cargos contra Metro de Santiago por exceso de ruido: arriesga millonaria multa y clausura de obras

La Superintendencia de Medio Ambiente recibió denuncias de vecinos quienes aseguran que el funcionamiento de los trenes bajo sus casas se asemeja a un movimiento telúrico de mediana intensidad. La empresa de transporte ya había recibido multas en el proceso de construcción de esta línea.
Marcela Guajardo (desde Chile)
El Mundo
Marcela Guajardo (desde Chile)
El Mundo

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cargos contra la empresa de transportes público Metro por el proyecto de la línea 3 que se extiende por seis comunas de la capital.

Según el ente fiscalizador, Metro no habría adoptado las medidas necesarias para controlar el ruido provocado por las vibraciones que se generan debido al funcionamiento de esta línea entre las estaciones Plaza Egaña y Fernando Castillo Velasco.

La empresa Metro se arriesga a recibir fuertes sanciones por el impacto ambiental que genera su actividad.

El paso de los trenes, tanto de día como de noche, provoca un movimiento subterráneo que afecta a las viviendas que se ubican en esta zona, agudizándose a medida que el túnel disminuye su profundidad respecto al suelo.

La denuncia fue realizada el año 2019 por cuatro juntas de vecinos de la comuna de La Reina y afectaría a 160 casas, donde habitan un total de 640 personas.

Además de presentar la denuncia en la Superintendencia de Medio Ambiente, los vecinos pidieron la intervención de la justicia. La Corte Suprema confirmó que el ruido inducido por las vibraciones pone en riesgo la salud de estas personas.

En las fiscalizaciones en terreno que realizó al SMA se pudo constatar que en al menos 117 oportunidades se superó el límite establecido de ruido, según lo determinado por la Administración Federal de Transporte de Estados Unidos, norma que también fue considerada por la Corte Suprema.

Historial de sanciones

Pero esta no es la primera vez que la línea 3 de Metro es sancionada. Las denuncias de vecinos comenzaron el año 2013 cuando se iniciaron las obras de construcción en el lugar.

En ese momento se fiscalizó el nivel de ruido y además se sancionó a la empresa por realizar trabajos en horario nocturno. Además, Metro no avisó al Consejo de Monumentos Nacionales por un hallazgo en el terreno y no tomó las medidas correspondientes para no intervenir el sitio patrimonial.

En el 2017 la SMA multó a Metro con 650 millones de pesos (más de U$800 mil dólares) por estas faltas en las obras de construcción. Sin embargo, entre distintos procesos administrativos se suspendieron las sanciones y el caso fue cerrado el año 2020.

El paso de las formaciones produce la misma vibración que un temblor de grado IV en la escala Mercalli.

Metro también tuvo un proceso sancionatorio por parte de la SMA en otra de sus operaciones, la línea 6, también relacionada con exceso de ruido por vibraciones.

En el expediente se recoge el testimonio de Eduardo Herrera, quien tenía su domicilio en Providencia. Este propietario explicó que la operación de la línea 6 “se percibe como un temblor de mediana intensidad equivalente a un grado IV en la escala Mercalli. El efecto radica en la alteración de la calidad de vida, básicamente producida por el estrés al asociarse a eventos traumáticos (como terremotos), así como trastornos de sueño”.

En todos estos casos, Metro presentó un plan de mitigación, como la reducción de la velocidad de los trenes al pasar por la zona, seguimiento semanal de vibraciones, implementación de maniobras operacionales, entre otros.

Sin embargo, para la Superintendencia de Medio Ambiente estas acciones nunca han sido suficientes para solucionar el problema y estos planes han sido rechazados, por lo que, en estos casos, se han cursado multas, aunque la empresa no las ha pagado por el cierre de la investigación.

Metro de Santiago tiene cinco días para presentar su apelación en el último proceso sancionatorio. La empresa pública de transporte arriesga una multa que podría llegar hasta los 4 millones de dólares, además la clausura de las obras o la revocación de los permisos ambientales.

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