Gobierno chileno propone ley de rescate ante la crisis del sistema privado de salud – Negocios & Política
 

Gobierno chileno propone ley de rescate ante la crisis del sistema privado de salud

El texto oficial sugiere devolver en dos años los 1.400 millones de dólares que adeudarían las aseguradoras a sus clientes. También se reforzaría el sistema público de salud a través de un seguro complementario.
Marcela Guajardo (desde Chile)
El Mundo
Marcela Guajardo (desde Chile)
El Mundo

La ministra de Salud, Ximena Aguilera, se reunió con los integrantes de las comisiones de salud del Congreso Nacional el pasado lunes. ¿El objetivo? Entregar una propuesta de ley que busca resolver la crisis financiera que afecta a las Isapres, el sistema de salud privado chileno.

Las aseguradoras se crearon en los años 90 para entregar otra alternativa en la atención de salud. Durante décadas se beneficiaron de millonarias ganancias, pero la pandemia y el fallo judicial del 2022 que les impidió subir sus planes, las tiene en una grave crisis financiera.

Ante esta situación, el Gobierno presentó un proyecto de ley que consta de tres pilares: flexibilización del pago de excedentes, refuerzo al sistema público y más facultades fiscalizadoras.

El fallo judicial de 2022 ordenaba a las Isapres no hacer cambios en la tabla de factores -que implicaba el alza en los planes- pero también devolver los excedentes a los usuarios. La justicia calculó que el monto a retornar sería más de 1.400 millones de dólares.

El Gobierno propone que esto se realice dentro de un plazo de 2 años. Sin embargo, parlamentarios de oposición se mostraron contrarios a esta fecha y pidieron considerar aumentar el plazo a 3 años.

Ximena Aguilera, ministra de Salud, se reunió con los integrantes de las comisiones de salud del Congreso Nacional para avanzar en el temas de las prestadoras de salud privada.

Otra de las propuestas del Gobierno es mejorar el actual sistema público de salud (Fonasa) que acoge a la mayoría de los chilenos. Esto se haría con la implementación de un seguro complementario para mejorar la cobertura de aquellos usuarios que decidan dejar las Isapres.

La Superintendencia de Salud tendría mejores facultades de fiscalización y la capacidad de cursar multas para evitar precisamente una nueva crisis en el sistema privado de salud.

Esto se debe a que fueron los clientes de las Isapres quienes tuvieron que acudir a la justicia por el alza unilateral de sus planes de salud, ya que la Superintendencia no tiene las facultades para castigar a las aseguradoras por incumplimiento.

Según la Ministra de Salud, esta ley corta debería ingresar a fines de marzo y que el fallo de los tribunales tenga una “aplicación progresiva en el sentido de otorgar un plazo para el acatamiento total de la tabla de factores. Posterior a eso comenzaría la aplicación de la tabla”, dijo Aguilera.

Si bien la devolución de excedentes sería progresiva, lo que sí se aplicaría de inmediato es otro de los puntos relevantes del fallo de la Corte Suprema, que es la suspensión de cobras a los menores de dos años.

Buena acogida

Luego de la reunión en el Congreso, los parlamentarios manifestaron su satisfacción con la propuesta del Gobierno.

“Coincidimos en que no puede haber recursos fiscales adicionales, no se trata de un salvataje a las Isapres, sino de darle viabilidad financiera para garantizar los derechos de 3 millones de afiliados”, expresó el senador Francisco Chahuán, presidente del partido de derecha Renovación Nacional y quien también preside la Comisión de Salud.

“Quiero valorar y agradecer la presentación que ha hecho la ministra Aguilera que lo ha hecho con una claridad muy importante, y también con propuestas claras y concretas, que anticipo que tienen una transversalidad política para poder avanzar rápidamente en ambas cámaras del Congreso”, señaló Tomás Lagomarsino, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.

Mientras el Ministerio de Salud trabaja en este proyecto de ley, la Superintendencia de Salud cumpliendo el mandato judicial de calcular el monto exacto que deberán pagar las aseguradoras y creando un mecanismo nuevo para la tabla de factores, que determina los precios que deberán pagar los usuarios.

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