El manual clásico de los litigantes dice que los defensores harán todo lo posible para demorar lo más que se pueda el inicio de un juicio oral. Y del otro lado de la sala, serán los fiscales o los querellantes los que habrán de usar todos los recursos para llevar lo antes posible a los acusados al banquillo.

Ese manual parece estarse aplicando al revés en Chile, con la llamada Causa SQM, un proceso judicial que investiga el financiamiento irregular de la política a través de facturas truchas emitidas a la gigante minera SQM.

Cuando el juicio finalmente parecía iniciarse el 12 de enero próximo, recibió una nueva postergación. ¿El motivo? El auto de apertura, que no es otra cosa que el documento base de la acusación, un kilométrico archivo de 6 mil páginas, presentaba serias inconsistencias, repeticiones, contradicciones, errores, los cuales obligaron a habilitar un plazo para que el Ministerio Público lo corrija y lo vuelva a presentar. Casi como cuando un profesor rechaza el trabajo práctico de un alumno porque está impresentable. Muchos de los errores eran simple consecuencia de un burdo Copiar/Pegar.

El problema es que las dos representantes del Ministerio Público encargadas de presentar ese documento de apertura no son ningunas improvisadas. Se trata de las fiscales Carmen Gloria Segura y Paola Castiglione (en la foto superior de esta nota), quienes desde hace largos años vienen abocadas exclusivamente a esta causa y a ninguna otra. Por esa labor, cada una de las fiscales "gana entre 5 mil y 6 mil dólares mensuales, y mientras la causa está paralizada, siguen cobrando esos sueldos".

Las fiscales desearían que esta causa les dure toda la vida, mientras tengan dedicación exclusiva y una muy buena remuneración para trabajar en un solo caso, que quedó demostrado que se ha desarrollado con evidentes motivaciones políticas, para favorecer a unos y perjudicar a otros.

Ciro Colombara, abogado de Marco Enríquez Ominami

El autor de ese señalamiento es Ciro Colombara, abogado del dirigente político de centro izquierda Marco Enríquez Ominami, además uno de los fundadores del Grupo de Puebla. Se trata de uno de los acusados sobre los que el Ministerio Público ha mostrado mayor interés en mantener bajo la acusación de este delito, lo cual ha tenido decido impacto en su carrera política, en lo que se entiende como una efectiva maniobra de lawfare.

Desde su sector político aseguran de que el direccionamiento de la causa fue orquestado por sectores afines al expresidente Enrique Piñera, quien incluso tenía vinculación directa y demostrada con los instructores de la investigación, tal como lo reflejó este mismo portal.

Para el abogado Colombra, las sucesivas demoras y postergaciones que ha tenido la causa, han sido alimentadas por un doble sentido: seguir teniendo bajo acusación a Ominami, y continuar cobrando esos abultados sueldos sin mover la causa.

¿Playa y sombrilla para la acusación?

A todas esas dilaciones se sumó un capítulo inverosímil el miércoles último, luego de que la fiscal regional Claudia Perivanchich pidiera que tampoco se iniciara el juicio el 1° de enero, tal como se lo había programado, en virtud de que en esa fecha "el Ministerio Público iba a estar de vacaciones", según consignó este jueves el sitio chileno EnEstrado.com. "Realmente, es delirante", evaluó Colombara, al ser consultado por esta pretensión de volver a postergar el inicio de las audiencias, esta vez para que los fiscales pudieran vacacionar.

"Nosotros nos opusimos diciendo que llevan ocho años con dedicación exclusiva a este caso. Tanto nosotros como el resto de los abogados intervinientes vamos a estar en febrero o cuando el tribunal nos diga. Pero ellos querían postergar para tomarse vacaciones, lo que nos parece un escándalo mayúsculo", respondió ante la consulta de Negocios & Política. Finalmente el tribunal rechazó la nueva postergación, pero ello no impidió que quedara expuesta la maniobra de los fiscales.

En este sentido, además de la necesaria lectura política que implica seguir teniendo procesado a Enríquez Ominami, para el abogado defensor los fiscales simplemente "desearían que esta causa les dure toda la vida, mientras tengan dedicación exclusiva y una muy buena remuneración para trabajar en un solo caso". Pero además Colombara no se priva de señalar que la causa "se ha desarrollado con evidentes motivaciones políticas, para favorecer a unos y perjudicar a otros".

Es precisamente bajo esta última especulación que se pueden leer los plazos que tendría este proceso penal hasta que llegue a sentencia, luego de que el propio Ministerio Público afirmara que se extenderá por al menos dos años. Si se inicia finalmente en 2023, el proceso continuaría hasta 2025, justo el año de las próximas elecciones presidenciales en un país que no admite la reelección. Con ello, Enríquez Ominami volvería a llegar a un proceso electoral vinculado con la misma causa que lo tuvo a mal traer en los últimos tres, con resultados que evidentemente afectaron su construcción política.

"Justamente eso es lo que se busca. Porque por más que logremos una sentencia absolutoria, ahí podrán venir los recursos, el juicio se podría repetir y podríamos estar hablando del año 2028, por hechos que ocurrieron en 2009", cerró el abogado.