Acompañado por tres abogados y renunciando a su derecho de guardar silencio, el ex presidente Sebastián Piñera acudió a la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte para dar su declaración en calidad de imputado.
Fue una extensa jornada –más de 10 horas- donde el ex mandatario tuvo que entregar su declaración ante la fiscal Ximena Chong, quien trabaja en la última etapa de la extensa investigación sobre supuestos delitos de lesa humanidad cometidos dentro del contexto del estallido social en el año 2019.
No es la primera vez que Piñera debe entregar su versión a la justicia. También lo hizo mientras estaba en La Moneda, en el año 2021, en calidad de imputado, pero frente a la fiscal Claudia Perivancich.
El entonces senador Alejandro Navarro, además de organizaciones de defensa de derechos humanos, presentaron querellas en su contra, lo que provocó que tuviera que enfrentarse a la Fiscalía.
Responsabilidad del alto mando
De acuerdo a lo señalado por la fiscal Chong a la salida de la indagatoria, el ex presidente contestó a todo el cuestionario presentado por la persecutora. “No tuvo reticencias a ninguna de las preguntas que se le formularon, no ejerció su derecho a guardar silencio y en esta ronda de declaraciones su defensa fue la primera en acceder a la realización de la diligencia”, aseguró Chong.
A pesar de la extensa jornada, la indagatoria no quedó cerrada y la Fiscalía continuará con el interrogatorio a Piñera este miércoles.
Respecto a esta diligencia, Samuel Donoso, uno de los abogados del ex presidente, señaló que “la declaración se enmarca dentro de lo que ha sido el ánimo de él en esta causa, que es colaborar en todo lo que la Fiscalía determine”.
“Tenemos la convicción de que el actuar en aquellos días tan complejos que fueron los posteriores al estallido social, siempre se enmarcó dentro de dos grandes puntos: se produjera el control del orden público necesario para el país, pero siempre enmarcado dentro del respeto de los derechos humanos”, agregó Donoso.
Según el senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, hay cerca de 10 mil querellas presentadas contra las autoridades de orden y seguridad por sus responsabilidades en violación a derechos humanos dentro del estallido social.
“Nosotros dijimos que como fuerza política íbamos a perseguir las responsabilidades penales y políticas. Las violaciones a los derechos humanos fueron acreditadas por múltiples organismos nacionales e internacionales y es no solo afectó a la tropa que recibió las órdenes de reprimir. También existe una responsabilidad de alto mando de Carabineros y política del Presidente de la República, que era Sebastián Piñera”, señaló el senador.
Acusaciones contra Carabineros
Son dos las indagatorias contra Piñera. Una por delitos de lesa humanidad que se basa en las querellas presentadas en su contra, y la otra en calidad de testigo por las eventuales responsabilidades homicidas en el Alto Mando de Carabineros.
En esta última, el actual director de la entidad castrense, general Ricardo Yáñez, ha sido llamado a declarar en cuatro oportunidades por la fiscal Ximena Chong. Sin embargo, se ha acogido a su derecho de guardar silencio y no ha respondido a las preguntas de la Fiscalía.
Durante el estallido social, el general Yáñez era director de Orden y Seguridad de Carabineros, por lo que se le imputa el delito de apremios ilegítimos por la figura homicida.
Esto quiere decir que el general no habría tomado las medidas necesarias para evitar que se produjeran estos apremios ilegítimos y las torturas que ocurrieron durante las movilizaciones.
