Con gesto adusto, José Luis Espert abandona por un momento su atril y las palabras y utiliza su minuto cronometrado para repartir entre los demás candidatos a diputados nacionales por Buenos Aires la propuesta económica para un futuro gobierno de Avanza Libertad.
El acto simbólico del economista y profesor universitario en medio del debate televisivo constituye uno más de los golpes de efecto que busca su espacio para presentarse como la cara nueva de la política, idea liderada por el cerebro despeinado y enemigo número uno de la “casta”: Javier Milei.
El documento de 52 páginas que elaboró el equipo técnico de la coalición liberal, sin embargo, trae ecos de una Argentina con desregulación laboral y apertura mercantil que ya se ha visto en el pasado -reciente y no tanto- y que, de alguna forma, explican la radicalización del discurso de Juntos por el Cambio, cuya ala dura presiona para no perder votos por derecha hacia el 14 de noviembre.
Pero el evidente crecimiento en la representación social de las fuerzas más reaccionarias preocupa en ambos lados de la grieta y obliga a poner bajo la lupa y consideración del electorado las propuestas que, en un tiempo no demasiado lejano, podrían delinear el perfil del país que se viene.
El diagnóstico
Al trazar su visión sobre la Argentina actual, Avanza Libertad emula al partido creado por Mauricio Macri al echar la culpa de las recurrentes crisis a los más de “siete décadas de decadencia” simbolizadas por el peronismo o, como prefieren llamarlo en su plataforma electoral, “el populismo”.
“Todo lo que se ha tratado ha fallado, por la simple razón que han sido sólo variantes del mismo modelo nacional y popular”, comienzan diciendo quienes califican a la ideología de Juntos por el Cambio como un modelo “socialista”, según palabras del propio Milei.
En esa misma introducción, los libertarios proponen un cambio radical e inmediato y, para lograr ese objetivo, diseñan un enemigo político como responsable principal de la crisis laboral: “Un modelo sindical políticamente extorsivo y anticuado”, calificativos bastante suaves viniendo de dirigentes que sostuvieron que, si pudiera, harían correr “sangre sindical”.
Frente a ese diagnóstico, anuncian que, en un futuro posible gobierno, la reducción del poder de los gremios es el primer paso que darán hacia una economía libre, debido a que “no es posible pretender eliminar los síntomas sin remover previamente los factores estructurales que los explican”.
Para Avanza Libertad, la Argentina se encuentra cercana a un “punto de no retorno”, por lo cual es vital combatir el crecimiento de lo que denominan “el voto pobre”, atado necesariamente a una proyección demográfica que “irá subiendo el porcentaje de votantes pobres hasta convertir en mayoría absoluta permanente el voto a favor de la radicalización del populismo”.
Trabajo sin sindicatos
Los dos referentes más importantes del libertarismo nacional, Javier Milei y José Luis Espert, no esconden sus intenciones de llevar adelante una reforma laboral. De hecho, el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires sostuvo en el último coloquio IDEA que “hay que cambiar todas las leyes. Las que tenemos, fruto de su amado Juan Domingo Perón, no sirven para nada”.
No obstante, para ellos existe un problema mucho más inmediato a resolver si se quiere avanzar en normativas que permitan mejorar los índices de empleo, esto es, el poder de negociación, o en sus palabras, “extorsivo”, que ejercen los dirigentes sindicales, enemigos declarados del liberalismo económico “amparados por las leyes vigentes y por costumbres antirrepublicanas asumidas como normales”.
La respuesta de Avanza Libertad a ese “problema político primario” será la de limitar el derecho al cese de actividades en todos los sectores, incluido el estatal, reforma que prevé además la “inhabilitación y multa para los que violen las instancias legales con huelgas salvajes”.
Los libertarios interpretan que limitar “a un mínimo excepcional” la legalidad de las huelgas, que además “siempre tienen una motivación política”, terminará de raíz con la conflictividad entre trabajadores y empresarios, quienes ahora tendrán el panorama abierto para negociar directamente con el capital humano: "Si los sindicatos se oponen cortando calles, irán presos", tradujo Espert en una entrevista reciente con el diario El Cronista.
En ese marco, ambos candidatos, muy cerca de aterrizar en la Cámara de Diputados, promueven que las negociaciones salariales sean a nivel empresa y no por rubro de actividad con el fin de, paulatinamente, terminar con la unidad sindical y dejar la libertad a cada trabajador de elegir su gremio, el cual además ya no controlará las obras sociales.
Para alcanzar ese sueño liberal, proponen a los argentinos modificar cuatro leyes: Convenciones Colectivas de Trabajo, Obras Sociales, Contratos de Trabajo y Asociaciones Sindicales, “aunque no exclusivamente”, aclaran, anunciando que el cambio será profundo y de shock.
En concordancia con sus rivales de Juntos por el Cambio, a quienes criticaron históricamente por "gradualistas", los libertarios aseguran que, de ser gobierno, eliminarán el régimen de indemnizaciones sin justa causa, que reemplazarán por un seguro de desempleo, tal y como propuso el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en plena campaña electoral.
Con esas acciones, pretenden desarticular “la industria del juicio”, como denominan a la litigiosidad que habilitan las actuales leyes laborales de la Argentina, una de las pocas herramientas palpables que canalizan los reclamos laborales, pero que el libertarismo considera de un claro “sesgo a favor del trabajador”.
La flexibilización laboral, tal y como la promocionan, no se quedará ahí e incluirá la eliminación de las contribuciones patronales y su consecuente intercambio por un sistema de capitalización individual, escenario que también prevén para las jubilaciones del futuro.
En esta última materia, insisten en la idea de que “aquel que no aporte no tendrá derecho a una jubilación”, para lo cual crearán un instituto particular y quitarán de las manos de la Anses el manejo de los fondos previsionales.
Redundantes y chupasangres
A la cabeza de las reformas de shock con las que Milei y Espert teñirán la impronta de una posible administración liberal del Estado, se encuentra “la presión impositiva anormal” del país, un postulado que el ex panelista de TV tradujo más mundanamente con la frase: “Antes de subir un impuesto me corto la mano”.
Pero para poder llevar adelante la baja en los tributos, es preciso recortar el gasto público, que se dará de la mano de la eliminación del “sobreempleo estatal” y la eliminación paulatina de las prestaciones sociales: "Es la nueva demagogia de todos estos caraduras que ahora hablan de bajar impuestos y cuando tuvieron la oportunidad de gobernar los subieron", lanzó Espert para despegarse de Juntos por el Cambio días pasados.
Desde la ideología que, en palabras de Milei, sostiene el “respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo”, la idea de país que diseñan estima que “la gestión del Estado debe concentrarse en sus funciones básicas e indelegables, tales como seguridad, Justicia, diplomacia, defensa exterior; debe además financiar y, cuando no exista alternativa privada, gestionar la educación y la salud”.
Como el Estado “no es una agencia de empleos”, proponen deshacerse de 1,5 millones de personas como objetivo a mediano plazo, puesto que insisten en que, tras la apertura del comercio exterior y el retiro permanente de las retenciones a las exportaciones, el shock laboral permitiría reubicar a esa planta en el sector privado en un lapso de tres años. La cifra significa casi la mitad de los puestos laborales públicos de la Argentina, que representan el 18% de los ocupados totales, según estimaciones de CIPPEC.
“La transferencia de empleo público redundante hacia el empleo privado será un proceso gradual liderado por la mayor demanda laboral del sector privado, que se generará con la inicial apertura económica, con un tipo de cambio competitivo y con la reforma de la legislación laboral”, refiere el documento partidario sobre la estrategia de crecimiento.
El otro punto para reducir el déficit está puesto en la política asistencialista que “ha crecido espectacularmente a partir del 2002”, dicen, estableciendo un ligazón cronológica entre lo que Javier Milei llama “planeros chupasangre” y el nacimiento del kirchnerismo.
Los libertarios admiten que el asistencialismo no se puede cortar de forma abrupta, “pero sí se puede ir reduciendo su magnitud y, sobre todo, cambiando su forma” hasta que, finalmente, quede limitado a una ínfima inversión denominada “asistencialismo residual crónico”. Éste no involucra la erogación directa de dinero a los ciudadanos, sino que “será en especie y por lo tanto condicionado a un mínimo necesario para la supervivencia: comedores y residencias comunitarias”.
En las últimas semanas, por otro lado, el candidato porteño recorrió la Villa 31, luego de obtener un 13% en las Paso de septiembre pasado, y allí declaró que "no hay que eliminar los planes", viraje que llamó la atención puesto que, antes de lanzarse a la vida política, las ayudas sociales fueron uno de los objetivos preferidos de sus insultos: “Parásitos inútiles que no sirven para nada”, había dicho en una oportunidad.
Una de las conclusiones de la plataforma electoral de Avanza Libertad coincide con el planteo de aquel Milei y, por ende, se parece mucho menos al candidato, puesto que advierte que "para una mirada miope, las reformas propuestas constituirían un 'ajuste salvaje'". |
