En total fueron 29 dirigentes de peso en la región, quienes suscribieron una misiva dirigida a la justicia chilena, donde se cuestiona severamente el prolongado proceso que se le ha seguido a Marco Enríquez Ominami, en la llamada causa SQM, donde se lo acusa por recibir financiamiento irregular de parte de una minera.
Luego de más de ocho años de proceso, durante el cual fueron investigados dirigentes de todos los partidos políticos chilenos; y luego de verificarse que muchos de los instructores de la causa tenían directa vinculación con el expresidente Sebastián Piñeira, y finalmente el proceso llegó a juicio oral, tras sortear numerosas postergaciones.
En la carta enviada por las figuras del llamado Grupo de Puebla, al que el principal acusado pertenece en calidad de fundador, se señala que "desde el 2015, Marco Enríquez-Ominami viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al ex presidente de derecha Sebastián Piñera. Durante estos 8 años, Marco ha negado éstas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones".
"Sin embargo -continúa la nota-, fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio. Incluso, a pocas semanas de por fin iniciarse el mismo, después de 8 años de investigación, volvieron a pedir suspensión, argumentando que este mes de febrero era época de vacaciones en Chile", señalan los firmantes de la carta.
Abonando esos argumentos, la nota denuncia que "una justicia dilatada es una justicia denegada", al entender que tal demora "vulnera gravemente los derechos básicos del líder progresista por el daño reputacional causado".
Caso de "lawfare"
Por esa razón, los líderes de la región no dudan en considerar a este proces como un "caso de lawfare", similar a los que han tenido lugar en América Latina con el objetivo de "perseguir dirigentes progresistas, estigmatizarlos, señalarlos y después declararlos inocentes cuando el daño moral ha sido causado", añaden.
Los suscriptores del texto, además, enfatizaron que ahora el juicio se retomó con un auto de apertura "que no sería válido, lo que significaría la futura nulidad del juicio".
"Estamos seguros que finalmente se impondrá la verdad y la justicia. Que Marco derrotará esta acusación como lo ha hecho en otros 12 intentos de conservadores de acusarlo de diferentes delitos", cerraron.
Además del presidente argentino, la carta está suscrita por José Luis Rodríguez Zapatero (España), Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Martín Torrijos (Panamá) y Evo Morales (Bolivia). También la firman el ex canciller brasileño y actual asesor internacional del Presidente Lula da Silva, Celso Amorin; la parlamentaria mexicana, Beatriz Paredes; y la diputada chilena Karol Cariola (PC). El texto también es refrendado por un grupo de 15 abogados y juristas del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), liderados por el ex juez español Baltasar Garzón.
