Las empresas que administran las dos mayores autopistas por peaje de acceso a Buenos Aires, cuyo principal accionista es el grupo español Abertis, insistieron en calificar como legítima la renegociación de los contratos de concesión que el Gobierno pide anular.
Autopistas del Sol (Ausol) y el Grupo Concesionario del Oeste (GCO) remitieron este miércoles a la Comisión Nacional de Valores dos comunicados de idéntico contenido en los que aludieron a la demanda presentada este martes por el Gobierno para solicitar a la Justicia que anule el contrato de concesión de Ausol por considerarlo "lesivo".
La demanda fue interpuesta ante la Justicia Contencioso Administrativa Federal por la Dirección de Vialidad Nacional, dependiente del Ministerio de Obras Públicas, que informó que en breve también interpondrá una "acción de lesividad" respecto a la concesión de GCO.
Tras un proceso de auditoría de dos años, el Gobierno anunció hace un mes su decisión de iniciar una acción judicial para solicitar la nulidad de los contratos de concesión renegociados en 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
Legitimidad de los contratos
En los comunicados remitidos este miércoles a los mercados, tanto Ausol como GCO señalaron que de momento no han sido notificadas de ninguna resolución dictada en el marco de la causa judicial cuya iniciación fue informada por el Ministerio de Obras Públicas ni de posibles medidas cautelares relacionadas, así como tampoco han tenido acceso a las actuaciones judiciales.
Las dos empresas ratificaron que los acuerdos de renegociación de los contratos son "plenamente legítimos" y fueron aprobados "por las máximas autoridades del Estado nacional, siendo el resultado de un proceso de renegociación que se extendió por 16 años" y "habiéndose cumplido con todas las instancias de control establecidas en la normativa aplicable".
Ausol y GCO advirtieron que efectuarán "todas las presentaciones necesarias para el resguardo de sus derechos y el de sus accionistas".
Objeciones del Gobierno
El Ejecutivo de Fernández alega que, en el marco de las renegociaciones de los contratos, el Gobierno de Macri reconoció "sin ninguna justificación" una deuda bruta a favor de las empresas, por un total de 813,1 millones de dólares (540,2 millones de dólares en el caso de Ausol y 272,6 millones en el de GCO), que con los intereses ascendía a 1.161,3 millones de dólares.
También cuestiona que se "dolarizó" los contratos que antes estaban en pesos y se fijó un aumento del 8 % anual en las tarifas de los peajes, otorgando una "rentabilidad extraordinaria" a las compañías.
Además, objeta que se hayan prorrogado de "manera arbitraria" hasta 2030 las concesiones que iban a caducar en 2020.
Ausol está participada por Abertis (31,59 %), la firma italiana Webuild (19,82 %) y la argentina Natal Inversiones (14,12 %), mientras que el resto de las acciones está bajo oferta pública.
En tanto, GCO está compuesto por Autopistas Concesionaria Española (Acesa, empresa del grupo español Abertis, con 42,87 % de las acciones), el grupo malayo IJM (20,10 %) y el fideicomiso Supervene I (5,73 %), mientras que el resto de las acciones se cotizan en la Bolsa de Buenos Aires.
