Entre los proyectos que el presidente Alberto Fernández anunció ayer en su discurso inaugural de las sesiones del Congreso de la Nación, se encuentra la nueva Ley de Inteligencia, que el gobierno buscará sancionar este año.

La normativa elimina definitivamente el rol de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) como auxiliar de la Justicia y, por ende, corre al organismo del eje de la investigación judicial.

De esta forma, el oficialismo impulsa que la inteligencia quede circunscripta a la propia AFI, que hoy es interferida por la abogada y ex fiscal Cristina Caamaño, a la Dirección de Inteligencia Criminal, a cargo de Damián Ramiro Neustadt, que depende del Ministerio de Seguridad, y a la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar, del Ministerio de Defensa, oficina encabezada por Carlos Alberto Molina.

Según la nueva ley, todas esas dependencias estatales estarán coordinadas por un Consejo Interministerial integrado por los ministerios de Seguridad, de Defensa y de Relaciones Exteriores.

Asimismo, la AFI sólo podrá actuar en la reunión de información sobre la base de tareas específicas ordenadas por la Presidencia y enmarcadas en el Plan Nacional de Inteligencia, que dependerá de ella.

Además de la coordinación por parte del Consejo Interministerial, el nuevo organigrama estará sometido a los controles de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y de la Agencia de Acceso a la Información Pública.

Por su parte, la SIGEN realizará la auditoría interna, mientras que la Agencia de Acceso a la Información Pública impulsará la desclasificación de la información para que, una vez cumplidos los objetivos, estos estén al alcance de los ciudadanos, como un organismo más de la Administración Pública Nacional.

Así, la labor de la AFI estará destinada sólo a "la producción de inteligencia de amenazas, riesgos y/u oportunidades del marco internacional (terrorismo o su financiamiento)".

Esas tareas deberán estar fundamentadas y limitadas en el tiempo, y su esquema de ejecución tendrá que "garantizar la trazabilidad". Con esta propuesta, el objetivo es contar con un registro que permita conocer qué se hizo, quién lo hizo, por orden de quién y con qué objetivo.

En tanto, el proyecto de ley establece taxativamente que queda prohibida la realización de inteligencia en el territorio nacional, "salvo que se corrobore hipótesis de extranjería o para el desarrollo de intereses estratégicos", cuyo resorte deberá pasar indefectiblemente por el Poder Ejecutivo.  |