Diferentes organizaciones sociales reclamaron al Estado un “abordaje integral” de la problemática del consumo de drogas, la discusión del narcotráfico como una estructura y una ley de emergencia en adicciones, tras la muerte de más de una veintena de personas por el consumo de cocaína adulterada en menos de dos semanas. 

“Nos convocan las más de 20 muertes que hubo la semana pasada, con respecto a las víctimas que fueron asesinadas por el narcotráfico y afectan todos los días a los barrios más humildes”, dijo la diputada nacional de la facción oficialista Frente de Todos, Natalia Zaracho.

Son muchas las voces que se suman al reclamo de una problemática que parece haberse desbordado. Desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC) junto al “Movimiento Ni un Pibe Menos por la Droga” y referentes políticos brindaron ayer una conferencia de prensa en pleno centro de Buenos Aires, en donde afirmaron que “el narcotráfico prolifera gracias a la protección policial”.

La exigencia tiene lugar tras unas 25 muertes y casi un centenar internados en distintos hospitales de la provincia de Buenos Aires y Santa Fe por ingerir cocaína adulterada. “En Argentina, seis de cada diez menores de 18 años son pobres y esta situación favorece el crecimiento general del consumo”, dijeron durante la conferencia, mientras otros advierten que la problemática alcanza a todas las clases sociales.

Por otra parte, expusieron la urgencia de modificar la ley que penaliza la tenencia y tráfico de estupefacientes en el país para evitar castigar a las “víctimas de este flagelo social”.

“Sabemos que los jóvenes no tienen oportunidad, ni posibilidad de elegir otra clase de vida, no tienen acceso a la educación, salud, a tener una vivienda o un trabajo digno”, agregó Zaracho.

Además, adelantó que presentará un proyecto parlamentario para que se declare la emergencia en adicciones con el fin de abordar la problemática en todo el país. “La ley debe ser urgente porque los sectores populares están gritando que nuestros jóvenes no pueden esperar más”, expresó la diputada.

Los dueños de los carteles no se encuentran en los barrios

Debido a los fallecidos por el consumo de cocaína adulterada suministrada en “Puerta 8”, un asentamiento de emergencia ubicado en el conurbano bonaerense, el Ministerio de Salud mantiene vigente la alerta epidemiológica en los hospitales para el tratamiento de pacientes con sobredosis. 

El viernes pasado, las autoridades migratorias ordenaron la expulsión y prohibición permanente de ingreso al país de Joaquín “Paisa” Aquino, un ciudadano de nacionalidad paraguaya señalado como el principal detenido por la venta de droga envenenada.

En este sentido, Sebastián Sánchez, referente barrial de la organización Vientos de Libertad, dijo que es necesario “pensar el narcotráfico como una estructura y no que esto sucede solamente en los barrios más humildes”.

“Los narcos tienen complicidad con la Policía, el poder político y es un error muy grande, que cometieron los medios de comunicación, de pensar que el narcotráfico solo funciona en los barrios”, afirmó.

Sánchez remarcó que el crimen organizado funciona por fuera de los barrios y llega de la misma forma a todos los suburbios del país. “Es importante no poner el foco en los barrios o en los jóvenes sino afuera, en la Policía, en el entramado mafioso y en los intendentes del conurbano que son cómplices”, aseveró.

Por último, planteó que la legalización de las drogas no es una discusión para las personas de escasos recursos, sino de las clases altas que tienen “resuelta la vida”. “Nosotros vivimos en lugares donde no tenemos acceso a un asfalto o agua potable y las condiciones todavía son muy complejas. En la agenda de los barrios populares no se discute la legalización, se discute el acceso al trabajo, vivienda y políticas públicas que mejoren la calidad de vida”, cerró el referente social. |