El primer día del segundo mes del año comenzará con una manifestación, en este caso de organizaciones kirchneristas hacia la Corte Suprema de Justicia, en pedido del fin del “lawfare” y la renuncia de los miembros del Tribunal.

Uno de los impulsores de la marcha es el dirigente piquetero Luis D´Elía, a la que acompañarán distintas agrupaciones y ciudadanos independientes autoconvocados. La cita es en el Obelisco a partir de las 15:00 para concentrar allí y luego movilizar hasta la plaza de Tribunales, donde se desarrollará un acto con fuerte contenido político a las 18:00.

Además de la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat (FTV), la organización social que tiene como referente a D’Elía, convocan a la movilización el juez Juan María Ramos Padilla, la CTA Autónoma presidida por Ricardo Peidro, y las agrupaciones Peronismo Militante y Corriente Federal Martín Fierro.

"Para terminar con el lawfare y democratizar la Justicia, hay que empezar con la renuncia" de los miembros del máximo tribunal, aseguró Peidro en una conferencia de prensa en la que junto a otros dirigentes convocantes dio detalles de la movilización.

En cuanto a la postura del Gobierno nacional, dio libertad de acción a sus funcionarios para adherir, participar o no de la marcha: mientras que el "albertismo" no se muestra demasiado entusiasmado con la iniciativa (ninguno de sus integrantes estará en la calle siendo parte de la protesta), otros miembros del Poder Ejecutivo ya adelantaron su apoyo y algunos incluso se plegarán a la movilización.

Entre estos últimos sobresale la figura del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el kirchnerista Jorge Ferraresi, mientras que el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y la titular de la agencia Federal de la Inteligencia, Cristina Caamaño, fueron algunos de los que expresaron el respaldo a la movilización.

En el ámbito sindical, además de la CTA Autónoma participará la CTA de los Trabajadores que encabeza el diputado nacional Hugo Yasky, la Corriente Federal que lidera el bancario y también diputado oficialista Sergio Palazzo junto al gremio de Camioneros de Pablo Moyano y Canillitas de Omar Plaini, mientras que el sector de "los Gordos" se diferenció al optar por no aceptar el convite.

Del ámbito judicial, serán de la partida la agrupación Justicia Legítima y la Asociación Argentina de Juristas, mientras que por el movimiento de los Derechos Humanos estará, entre otras organizaciones, la Asociación Madres de Plaza de Mayo de Hebe de Bonafini y la Liga Argentina por los Derechos Humanos.

También se prevé la presencia de diputados nacionales del Frente de Todos como Leopoldo Moreau, mientras que Leandro Santoro se expresó a favor de la marcha pero explicó que no participará de la movilización in situ porque considera que al ser miembro del Poder Legislativo no le corresponde inmiscuirse en acciones contra otro poder del Estado.

En la antesala de la protesta kirchnerista contra la Corte Suprema, la alianza Juntos por el Cambio remarcó que la Constitución establece el modo para remover jueces y subrayó que "este procedimiento no puede ser sustituido por reclamos facciosos como los que alienta el Gobierno", al tiempo que advirtió que "se trata lisa y llanamente de una actitud golpista".

Preocupación de los fiscales

La Asociación de Fiscales que preside Carlos Rívolo reclamó "prudencia" por parte de funcionarios del Poder Ejecutivo y expresó su "profunda preocupación" por la marcha convocada por sectores del oficialismo contra la Corte Suprema.

En un comunicado difundido este lunes, reclamó "prudencia" a los referentes políticos del oficialismo. "La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos", resaltó la entidad.

La Asociación de Fiscales manifestó "su profunda preocupación por las expresiones vertidas y acciones propuestas por algunos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

En ese sentido, exhortó a la política "a la debida prudencia que aleje toda posibilidad de vulneración de los principios republicanos, al no respetar la división de poderes en el entendimiento que debe garantizarse el desempeño de sus funciones con total independencia asegurando a la comunidad el acceso a una justicia imparcial".

Entre quienes apoyaron la marcha están el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, y el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena.

"La independencia de los magistrados es una obligación de la República, y su vigencia es impuesta por la Constitución Nacional y los Pactos Internacionales de Derechos Humanos. En este sentido, es obligación de los otros poderes del Estado respetarla y afianzarla, sin que ello implique la imposibilidad de auditar, con criterios objetivos y ya determinados por la ley, que contengan y respeten la autonomía de cada magistrado", destacaron los fiscales.|