Una investigación interna de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) describe el papel que jugó el ex director nacional de la fuerza Gerardo José Otero en el envío ilegal de armas a Bolivia, durante el gobierno de Mauricio Macri.

Según la pesquisa administrativa, cuyos informes llevan fecha del 20 y 26 de agosto pasado y ya se encuentran en los escritorios del fuero Penal Económico, la orden del 12 de noviembre de 2019 para enviar las 70.000 municiones antitumulto y más de 500 granadas a los golpistas bolivianos fue dada por el Otero, un hombre que durante la gestión macrista fue muy cercano a la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El papel del ex director fue revelado por otros gendarmes, quienes también están imputados en el caso y detallaron que resultaría difícil que Otero haya tomado las decisiones por cuenta propia.

Es que, horas antes de la partida del armamento a La Paz, el entonces director visitó la Casa Rosada. Ese mismo día, las municiones fueron llevadas en un avión de la Fuerza Aérea junto al escuadrón Alacrán de la Gendarmería, cuya misión era custodiar la Embajada y la residencia del embajador en medio de la represión en el país vecino.

Respecto de esa misión, el trabajo interno de la Gendarmería reveló “la inexistencia de un Plan de Operaciones por parte de la máxima autoridad institucional para instrumentar el despliegue de la Agrupación Fuerzas Especiales Alacrán hacia el Estado Plurinacional de Bolivia, en fecha 12 de noviembre de 19", lo cual "evidencia un total desinterés en el cumplimiento de los reglamentos internos de la Fuerza, máxime considerando las circunstancias de peligrosidad imperantes en el vecino país al momento de llevarse a cabo dicho despliegue”.

El informe, que lleva la firma del comandante general Manuel Caraballo, describe un envío desprolijo y realizado a las “apuradas”.

De esta forma, la investigación interna detalla que se violaron reglamentos y "hubo faltas graves" por parte de los acusados que prestan servicios en GNA, lo que ahora la Justicia podrá tomar como parte de la causa, como prueba complementaria.

Además de Gerardo José Otero, en la causa por contrabando están imputados el ex presidente Mauricio Macri, el ex jefe de Gabinete Marcos Peña, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ex canciller Jorge Faurie, el ex ministro de Defensa Oscar Aguad, el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, el ex embajador Normando Álvarez García, y los gendarmes Fabián Salas -jefe de los Alacranes-, Adolfo Cañiba -agregado de Gendarmería en la embajada argentina en Bolivia-, Rubén Yavosrky y Carlos Recalde.

Rol clave

Por su función como director nacional de Gendarmería, el escuadrón Alacrán dependía directamente de Otero.

En este sentido, de la investigación interna se desprende que el jefe del cuerpo especial, Fabián Salas, informó “que el requerimiento de la totalidad de los efectos de arsenales provistos a ese Comando de Agrupación para su salida del país hacia el Estado Plurinacional de Bolivia (…) fue ordenado por la superioridad institucional y trasladado en el mismo vuelo de la Fuerza Aérea Argentina que trasladó al personal comisionado de dicha Agrupación”.

Es decir que el armamento para los golpistas que respondían a Jeanine Áñez se envió en ese mismo vuelo “camuflado” como municiones propias del grupo especial.

Para el envío de armas, el 11 de noviembre de 2019 la Gendarmería le pidió autorización a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac). Al otro día, la dictadora Áñez asumía el poder mientras los argentinos trasponían la frontera en su ayuda.

Esa misma jornada, la GNA amplió su solicitud para sumar las 70 mil municiones y las más de 500 granadas que finalmente fueron utilizadas para reprimir a los manifestantes bolivianos. Según indicó Salas, “no mediaron documentos ni ningún tipo de solicitud personal por parte del suscripto para ampliar los efectos que serían empeñados en la operación”.

La declaración del entonces jefe de los Alacranes “resulta coincidente con lo informado por el comandante general Rubén Carlos Yavorsky, quien se desempeñaba como director de Logística en el año 2019, en el sentido de la existencia de una orden recibida del entonces director nacional de Gendarmería para gestionar la autorización de salida temporal de los efectos arsenales ante la Anmac”.

Yavorsky, por su parte, realizó el trámite administrativo para enviar las municiones, aunque en la investigación administrativa se deslinda que el oficial sumariante consideró que solo cumplió órdenes de su superior Otero para hacer un permiso que no violó el reglamento interno de la fuerza.

A su declaración se suman la de los propios alacranes que estuvieron en Bolivia y aseguraron que no dispararon un solo tiro. Al concluir la misión y volver a la Argentina, para ocultar el contrabando, se dejó asentado en la GNA que las 70 mil municiones se habían utilizado en prácticas de tiro.

Sin embargo, las pruebas que hay en la causa dan -instruidas incluso por el gobierno boliviano- cuenta que éstas terminaron en manos de la Fuerza Aérea y la Policía de ese país, en el marco del golpe de Estado contra Evo Morales. |