La semana pasada, la empresa Molino Cañuelas se presentó en concurso preventivo para hacer frente a una deuda de unos U$S 1.400 millones y proteger sus activos, los puestos de trabajo y los intereses de los acreedores.

"Pese a los esfuerzos realizados en estos últimos años de negociaciones, y no obstante al consenso alcanzado con una relevante cantidad de las instituciones financieras involucradas, incluida la banca nacional y organismos multilaterales, las acciones judiciales promovidas por una minoría de entidades financieras forzaron a la empresa a solicitar, conjuntamente con la firma Compañía Argentina de Granos, la apertura de su Concurso Preventivo de Acreedores", señaló la compañía, en un comunicado.

Se trata de una de las productoras de alimentos más importantes de la Argentina: elabora y comercializa harinas, panificados, pastas secas, galletitas, aceites, pan rallado y premezclas; además, exporta a más de 50 países.

Este lunes, el presidente Alberto Fernández aseguró que el Gobierno ayudará a la empresa para salir de su actual situación de quiebra. "Hay una empresa alimenticia que la está pasando muy mal porque se endeudó y tiene una deuda en dólares muy grande. Hay que ver cómo la ayudamos, porque a toda la industria hay que ayudarla", manifestó el Primer Mandatario en declaraciones radiales.  

Molino Cañuelas, el principal grupo molinero del país entró en estrés financiero con la primera devaluación del gobierno de Mauricio Macri y esta semana se presentó en convocatoria de acreedores con una deuda aproximada de 1.500 millones de dólares. El holding molinero no tiene acreedores comerciales y su deuda es sólo financiera.

"Todo lo que se pueda ayudar, lo vamos a hacer. Está el Banco Nación y la AFIP trabajando en eso. No es lo mismo para mí que cierre una empresa y se pierdan puestos de trabajo. No estamos para que las empresas cierren por problemas fiscales", afirmó Fernández.

Diferencias con Vicentín

La estrategia de Molino fue financiarse con bancos y no con los proveedores, a diferencia de Vicentín que, además de apalancarse en la banca, también se financió con el dinero de sus proveedores.

Pese a esto, la alimenticia siguió operando comercialmente con total normalidad pese a que, en la práctica, está en una suerte de convocatoria privada de acreedores con los bancos desde que en 2018 empezó a tener dificultades para cumplir con sus compromisos financieros. "Cuando quise hacer eso con Vicentin, me di cuenta que era era ayudar a los accionistas", comparó Fernández.

La causa de Molinos

En 2003 la sociedad Molinos constituyó en Chile una empresa subsidiaria (“Molinos Chile”), y la transformó en controlante de otras sociedades constituidas en terceros países (principalmente Uruguay y Perú).

Pese a que todo el grupo económico respondía a Molinos Argentina, durante los años 2004 a 2009 ésta, como contribuyente local, declaró ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de nuestro país que los ingresos por dividendos provenientes de las sociedades uruguayas y peruanas se encontraban amparados bajo el Convenio para evitar la doble imposición suscripto entre Argentina y Chile en 1976. Bajo ese paraguas, redujo el importe ingresado por impuesto a las ganancias durante ese período.

Luego de una fiscalización, que culminó en el año 2011, la AFIP determinó de oficio el impuesto a las ganancias de Molinos Argentina. La empresa cuestionó la decisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación, que confirmó la determinación de la AFIP; y frente a una nueva apelación, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la postura del Fisco Nacional. Esta última sentencia motivó un recurso extraordinario de Molinos Argentina ante la Corte Suprema.

La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la decisión firmada por los jueces Maqueda y Rosatti, con voto concurrente de Lorenzetti y disidencia de Rosenkrantz, confirmó la determinación tributaria de la AFIP. El Tribunal sostuvo que la postura asumida por Molinos era abusiva e irrazonable, pues no buscaba ampararse de buena fe en el tratado internacional para evitar la doble imposición, sino que era una vía para lograr doblemente una no imposición tributaria; es decir: no pagar el impuesto a las ganancias en Argentina, pero tampoco en Chile.|