El ex asesor jurídico de Mauricio Macri e integrante de la llamada mesa judicial de la gestión de Cambiemos, Fabián Rodríguez Simón, anunció que pidió asilo como refugiado político en Uruguay, donde reside desde diciembre pasado, mientras desde la justicia federal podrían impulsar un pedido de detención con fines de extradición, dijeron fuentes tribunales.

"Efectivamente, pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección internacional de las personas, y la verdad es algo que no es nada grato", señaló Rodríguez Simón en una entrevista concedida desde Montevideo al canal LN+. En la entrevista, fue presentado como letrado y dirigente del PRO.

Sobre la solicitud de asilo, el abogado y allegado a Macri afirmó que "la petición tiene un efecto de protección, no me pueden devolver a la Argentina" pero al mismo tiempo, dijo, "es un castigo" ya que lo obligará a quedarse en Montevideo cuando toda su vida "está en Buenos Aires".

"Yo siempre fui muy porteño, muy urbano, y más allá de la hospitalidad que tienen los uruguayos, estoy acá condenado por las irregularidades y el temor a perder la libertad si vuelvo a la Argentina", manifestó en su aparición televisiva el ex asesor y colaborador de Macri.

Rodríguez Simón es sindicado como integrante de la llamada mesa judicial del macrismo, a cuyos integrantes se acusa de realizar maniobras ilegales en perjuicio de empresarios, entre ellos los propietarios del Grupo Indalo.

La jueza federal a cargo de la causa, María Servini, le había prohibido la salida del país a fines de marzo pero para entonces el abogado y miembro del PRO ya se encontraba en Uruguay, adonde había viajado con autorización. Poco después, su representante legal, Gustavo De Urquieta, presentó en el juzgado de Servini un pasaje de Buque Bus como prueba de que Rodríguez Simón tenía previsto regresar a Buenos Aires, aproximadamente el 15 de mayo.

Por su parte, la magistrada lo citó a indagatoria para el 26 de mayo pero finalmente resolvió reprogramar la citación para el 17 de junio.

Fuentes judiciales dijeron que, ante esta decisión de Rodríguez Simón, "están dadas las condiciones para solicitar su captura internacional". En ese sentido, la jueza Servini estaría avanzando en el envío de ese posible pedido de detención a sus pares uruguayos con fines de extradición a la Argentina, añadieron los informantes.

Rodríguez Simón se encuentra en Uruguay desde diciembre pasado y su abogado presentó oportunamente un escrito donde le comunicó a la jueza que estaba en el país vecino y que retornaría a la Argentina el 15 de mayo, pero a la vez pidió la nulidad de su declaración indagatoria prevista para el 26 de mayo.

En paralelo, los abogados de De Sousa, Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, habían pedido una cautelar para que se prohibiera su salida del país. Servini hizo lugar al pedido y argumentó "la existencia de un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente".

Además, la magistrada había pedido a la Dirección Nacional de Migraciones que, "a la mayor brevedad posible, remita todos los movimientos migratorios de Rodríguez Simón" desde el 6 de agosto de 2020 hasta ese momento.

A la hora de explicar su determinación de desconocer la citación judicial -decisión que en la Justicia Federal consideraban un hecho inédito- Rodríguez Simón acusó al fiscal Guillermo Marijuan "de tener una relación promiscua con el abogado Carlos Beraldi, que es el abogado de (Fabián) De Souza pero también de Cristina", en alusión a la vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner.

Horas antes de aparecer en las pantallas de LN+, Rodríguez Simón difundió una carta dirigida a sus allegados para informar que había solicitado asilo a Uruguay "en los términos de la Convención de Ginebra de 1951 y otras normas internacionales complementarias" con la intención, subrayó, de "no volver a la Argentina hasta que cese la persecución" de la que asegura ser víctima.

El abogado, a quien en el ámbito partidario y de los Tribunales se conoce como "Pepín", señaló en esa carta que en caso de regresar a la Argentina "sería privado indebidamente" de la libertad, incluso "con peligro" para su "seguridad personal", al referirse a la citación a declaración indagatoria fijada por Servini, que finalmente fue reprogramada para el próximo 17 de junio.

La famosa frase “salvese quién pueda”

Exactamente a la cero hora del 10 de diciembre de 2015–el preciso instante en el cual concluía la segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner–, el abogado Fabián Rodríguez Simón (a) “Pepín”, acompañado por el futuro jefe de asesores presidenciales, José Torello, y el también futuro secretario Legal y Técnico,  Pablo Clusellas, avanzaba con pasos firmes hacia la Casa Rosada. Y al ser frenado en el portón por un guardia de seguridad expresó su intención de ingresar con solo dos palabras: “¡Autoridades entrantes!”.  Así se convirtió en el primer macrista que puso un pie en ese edificio.

Tres años y nueve meses después de aquel glorioso momento, su hablar ya no sonaba tan imperativo. La opaca performance de Juntos por el Cambio en las PASO de 2019 lo había afectado de sobremanera. Por aquellos días, se le escuchó decir: “¡Qué mal esto del peronismo! Podemos ir todos presos”. ¿Acaso fue de una frase premonitoria?

Porque el gran operador de Mauricio Macri en Tribunales, acaba de ser citado a indagatoria –para el  26 de marzo– por  la jueza federal María Servini de Cubría, en la causa que investiga las presiones y amenazas a los dueños del Grupo Indalo, al que pertenece el canal C5N.

De hecho, el empresario Fabián De Sousa (socio de Cristóbal López) jamás pudo olvidar el timbre nasal de aquella voz que había escuchado en un ya remoto 9 de marzo de 2016 por teléfono: “La guerra empezó; que cada uno se salve como pueda”.

El tiempo probó que Pepín no amenazaba en vano. Poco después López y De Souza fueron encarcelados. Ahora la suerte de Rodríguez Simón está echada.

El mérito de Pepín –un apodo que arrastra desde su época estudiantil en el Colegio Champagnat– fue pasar desapercibido durante gran parte de sus 63 años. Tanto es así que ni siquiera era recordado por su breve etapa de funcionario porteño. Un milagro, ya que él fue, a partir de 2008, nada menos que jefe de la Unidad de Control de Espacios Públicos (UCEP), el organismo parapolicial del gobierno de Macri en la Ciudad que se encargaba de apalear a los indigentes. Su escurridiza figura tampoco resaltó en su rol de abogado del Grupo Clarín. Ni como defensor del presidente en causas resonantes. Ni como integrante del directorio de YPF. Ni como legislador del Parlasur. Ni como el arquitecto en la sombra de la “mesa judicial” del macrismo, responsabilidad que le brindó más poder que al ministro del área.

Entre otras tareas, tenía el disciplinamiento de magistrados y fiscales para direccionar expedientes a su antojo. La lista de sus integrantes la inicia el propio Macri. Y prosigue, entre otros, con su ex ministro de Justicia, Germán Garavano; el ex cabecilla  de la AFI, Gustavo Arribas; el ex secretario Legal y Técnico, Pablo Clusellas; el ex presidente de Boca, Daniel Angelici, además de Torello. Y siguen las firmas.

Pero empezó a declinar a fines de 2018, al ser difundida una foto tomada a hurtadillas donde se lo ve en el bar Biblos, situado en la esquina de Libertad y Santa Fe, con el camarista federal Martín Irurzun. A partir de entonces sus injerencias en el universo tribunalicio dejaron de ser un secreto de Estado. Aun así su figura dejó contribuciones imborrables. Como su iniciativa de nombrar por decreto a dos miembros de la Suprema Corte.

La causa del Grupo Índalo

Junto al llamado a indagatoria de Rodríguez Simón, cayó como una gigantesca roca sobre el océano la recusación de Rosenkrantz en la causa por los aprietes  al Grupo Indalo. Porque –al momento de los hechos investigados– hubo nada menos que 59 comunicaciones telefónicas entre el operador y el presidente del máximo tribunal.

Lo cierto es que el plato fuerte de esta pesquisa es un informe sobre las llamadas de Pepín entre enero de 2016 y agosto de 2019. Y comparación con las situaciones que conformaron la persecución macrista a De Souza y López con el propósito de arrebatarles sus empresas.

Se sabe que esta metodología investigativa ya provocó una histérica lluvia de apelaciones por parte de los abogados del ex presidente para evitar así el evitar el peritaje de sus teléfonos, y que Casación aún deberá resolver. El primer entrecruzamiento sobre los dos teléfonos de Pepín abarca 10.738 llamadas.

Entre ellas, además de Macri y Rosenkrantz, se destaca el socio de éste, Gabriel Bousat (38 llamadas), el supremo Rosatti (17 llamadas), el ex ministro Garavano (160 llamadas), el ex vicejefe de Gabinete, Mario Quintana (140 llamadas), el diputado nacional e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli (85 llamadas), además de las llamadas diarias que mantuvo con sus amigos Torello y Clusellas.|