Organizaciones sociales y de derechos humanos denunciaron ayer que el Gobierno porteño incumplió acuerdos sobre las políticas públicas destinadas a las personas en situación de calle y que avanza en un censo sin la participación de organizaciones e instituciones que trabajan con esa población, según consta un comunicado que lleva las firmas de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); "Proyecto 7"; el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Movimiento Popular Nuestramérica.
Puntualmente, rechazan que el nuevo censo "subregistra a la población, evita recolectar datos cualitativos de minorías específicas y no atiende las recomendaciones realizadas incumpliendo el acuerdo logrado el año pasado", ya que, el 23 de diciembre de 2020 se firmó un convenio para conformar una mesa de trabajo integrada por organizaciones, organismos públicos de defensa y agencias de gobierno que abordan la temática en la Ciudad, para desarrollar en conjunto la metodología e implementación del censo anual dispuesto por la ley 3706/11 y para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en extrema vulnerabilidad.
El texto enfatiza: "Consideramos que el Ministerio ha incumplido con lo acordado en diciembre de 2020, obstaculizando la participación, y por ende la incidencia, de los integrantes de la mesa de trabajo en el diseño de los instrumentos metodológicos, y decidiendo de manera unilateral la fecha y los términos en los que el censo de personas de situación de calle se llevará a cabo en el 2021".
Lo que se está diciendo
Las organizaciones consideraron que "avanzar con la mesa era un paso importante para revertir la invisibilización de miles de personas en la información oficial, que fue lo que en 2017 llevó a la realización del Primer Censo Popular, tras el fallido intento de que el Gobierno porteño corrigiera su metodología de conteo".
"Los conteos que realizó el Gobierno de la Ciudad hasta el presente subregistraban a quienes efectivamente estaban en situación de calle, obviaban la población en centros de integración y dejaban de lado cualquier análisis cualitativo que pudiera servir para el diseño de las políticas integrales dispuestas desde hace una década en la Ley 3706". En este sentido, recordaron que en el 2019 se volvió a realizar el censo popular, que registró a más de 7000 personas viviendo en situación de calle.
Las organizaciones se comprometieron a seguir trabajando para generar datos que "reflejen fielmente la realidad y sirvan para diseñar políticas públicas que sean efectivas para mejorar de manera definitiva la situación de las personas que viven en la calle".
Mayor asistencia, mayor pobreza
Tras la ampliación de la Tarjeta Alimentar que fue anunciada por el presidente Alberto Fernández, para mujeres con hijos menores hasta 14 años, surgieron varias críticas desde el mismo oficialismo. Una de ellas fue la del referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y del Frente Patria Grande, Juan Grabois, quien señaló que el beneficio que llega a casi dos millones de argentinos “no crea puestos de trabajo, no genera bienes sociales durables, no promueve el desarrollo humano integral” y que por este motivo “masificar el asistencialismo no es el camino”.
"La Tarjeta Alimentar es un ejemplo de asistencialismo puro. No podemos hablar de una ampliación de derechos porque esta prestación no forma parte del sistema nacional de Seguridad Social como la Asignación Universal por Hijo", comparó.|
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