Aunque el tema escaló en la agenda internacional, aumentaron los patrullajes, y se intervino la Dirección Nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera (DNCYFP), en una acción conjunta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, con la Prefectura Naval Argentina, la pesca ilegal continúa amenazando a las especies que habitan el mar argentino.

Este viernes, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, conformó la Unidad de Coordinación de Certificación de Capturas y Exportaciones a través de la Resolución Nº 11/2021, publicada en el Boletín Oficial. La medida apunta a una mayor sistematización de los controles en pesquería a través de la generación de instrumentos para prevenir y combatir la pesca ilegal.

Desde hace décadas, durante la temporada de captura de calamar, en los cuatro primeros meses del año, la pesca ilegal saquea, aproximadamente, 480.000 toneladas de esta especie que representa el 60 % de la pesca no reglamentada en volumen, y cerca del 50% en valor, frente a las otras especies que se extraen de forma clandestina del mar argentino: merluza, merluza negra y abadejo.

La zafra del calamar en 2020 dio buenos resultados, los desembarques crecieron un 76% con relación al año 2019 y representó exportaciones por 1.106 millones de dólares. “Aproximadamente el 90% de la facturación del sector se destina a la exportación generando así el ingreso de divisas al país. La actividad pesquera genera miles de puestos de trabajo de forma directa e indirecta y el proceso productivo desarrolla la agregación de valor en origen y por todo ello se vuelve imprescindible la protección de los recursos de nuestro mar", destacan desde la subsecretaría de Pesca.

De acuerdo a la capacidad de las embarcaciones que invaden el caladero argentino —entre 40 y 50 toneladas—, se calcula que se captura alrededor de 4.000 toneladas diarias de calamar. Lo que representa, en un período de 10 días, la detracción de US$ 100 millones de potenciales exportaciones de la Argentina, según estimaciones de la Cámara de Armadores Poteros de la Argentina (CAPA).

Para eludir los controles de la Armada Argentina, las naves que pescan sin permiso en las inmediaciones de la Zona Exclusiva Económicamente (ZEE), apagan el Sistema de Localización Automática, se mueven sin luces de navegación, tapan los nombres y la señal distintiva con lonas o pintura. En la actualidad, incluso, se encontraron buques factoría que permanecen hasta por 2 años en alta mar, gracias a que reciben combustible de buques tanques.

Calado profundo

Se trata de flotas extranjeras “principalmente asiáticas, fundamentalmente chinas” que operan “gracias a importantes subsidios de sus estados de pabellón” en las aguas aledañas a la ZEE según describen empresarios de Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina.

Al mismo tiempo apuntan que las unidades trabajan al margen de cualquier regulación y, además, en muchos casos, “subsidiadas por sus países de origen", según denuncia la entidad que nuclea a nueve cámaras de la industria de la pesca. "No sólo generan una competencia desleal, sino que regularmente atentan contra nuestra soberanía, al capturar una diversidad de especies transzonales, como calamar illex y abadejo entre otros recursos preciados del Mar Argentino".

Fabián Lugarini, analista económico y ex asesor del senador Pino Solanas, agrega que es “lamentable” el rol del puerto uruguayo que “permite abastecerse a embarcaciones que están en la absoluta ilegalidad”. Según investigó, unos 20 navíos destinados a la pesca ilegal, recalan en el puerto de Montevideo. El especialista describe que las embarcaciones funcionan con trabajo esclavo, “son forzados a excesivas horas de trabajo no pago con insuficiente acceso a alimento y agua”.

Se trata de un negocio organizado y multimillonario, por eso no se resuelve sólo con el esfuerzo de las carteras de Seguridad y Agricultura. La problemática se entrelaza con relaciones internacionales y bilaterales que requieren de conversaciones en un nivel superior.

En ese sentido, días atrás, en la Reunión Mini Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Canciller Felipe Solá reiteró el pedido de la Argentina de prohibir las subvenciones a la pesca. “Sabemos que el alto nivel de las subvenciones al sector pesquero ha distorsionado el costo de la pesca y ha aumentado artificialmente sus beneficios, contribuyendo a la pesca ilegal y a la sobrecapacidad y la sobrepesca”.

“Corresponde que con criterio de precaución el Estado argentino legisle para tipificar como un delito penal la pesca ilegal”, analiza Cesar Augusto Lerena, experto en Atlántico Sur y Pesca y advierte que la extracción ilegal de recursos migratorios, estimada en un millón de toneladas anuales por parte de buques extranjeros en el Atlántico Sudoccidental, además del perjuicio económico representa un daño ecológico intencional grave y un ataque a la soberanía política y alimentaria. Las especies no conocen el alcance de la zona exclusiva de explotación (milla 200) para proliferar, entonces los límites se vuelven borrosos, y la falta de rigurosidad de los tratados internacionales permite que gran parte de la riqueza de la pesca argentina se reparta entre piratas y corsarios. Y, en este punto, el litigio que mantiene Argentina por la soberanía de las Islas Malvinas con el Reino Unido —que otorga sus propios permisos de pesca a buques extranjeros—, también favorece las maniobras fraudulentas.    |