A través del decreto 883/2020, el Gobierno dio a conocer un nueva reglamentación de la ley 27.350 de uso medicinal del cannabis. "Resulta impostergable crear un marco reglamentario que permita un acceso oportuno, seguro e inclusivo y protector de quienes requieren utilizar el cannabis como herramienta terapéutica", destacó el Ejecutivo en el Boletín Oficial.

"Que reglamentar adecuadamente el acceso al cultivo controlado de la planta de cannabis, así como a sus derivados, para fines de tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, implica cumplir el objeto de la Ley N° 27.350, de garantizar y promover el cuidado integral de la salud, y el acceso gratuito al aceite de cáñamo y demás derivados del cannabis a toda persona que se incorpore al Programa, en las condiciones que se establezcan", se precisó en la reglamentación.

El ministerio de Salud, será la autoridad de aplicación del programa Reprocann (Registro del Programa de Cannabis) que tendrá como objeto registrar a los pacientes que necesiten acceder a través del cultivo controlado a la planta de cannabis y sus derivados, "como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor", para emitir las correspondientes autorizaciones.

"Los y las pacientes podrán inscribirse para obtener la autorización de cultivo para sí, a través de un o una familiar, una tercera persona o una organización civil autorizada por la Autoridad de Aplicación. Podrá inscribirse en el Reprocann quien cuente con indicación médica y haya suscripto el consentimiento informado correspondiente, en las condiciones establecidas por el programa", se detalló en el documento oficial. 

Según especificó el Gobierno la nueva reglamentación se gestó para brindar una respuesta equilibrada entre el derecho de acceso a la salud y la seguridad sanitaria. "Es que la presente reglamentación establece un registro específico para usuarias y usuarios que cultivan cannabis para fines medicinales, terapéuticos y/o paliativos, como así también promueve la creación de una red de laboratorios públicos y privados asociados que garanticen el control de los derivados producidos", se argumentó.

En el decreto se destacó el "rol activo" de quienes a los fines de satisfacer su propia demanda de aceite de cannabis, y ante las actuales "barreras" a su acceso, se dedicaron al autocultivo. "Se fueron organizando redes y crearon organizaciones civiles que actualmente gozan no solo de reconocimiento jurídico, sino también de legitimación social", se resaltó en el comunicado oficial. 

"Todo ello describe la situación particular en la que las personas o las familias que atraviesan la enfermedad, cuando tienen a su alcance la posibilidad de atenuar los dolores, adoptan un rol activo, aún asumiendo el riesgo de ser condenadas por la normativa penal vigente", aclaró el Ejecutivo.