El Sistema Educativo Argentino se ha caracterizado, desde siempre, por el alto nivel académico que ha sido referencia en todo el continente y por su resiliencia, que le ha permitido resistir todos los embates destinados a desarticularlo.

Hemos sabido resistir y hemos sabido reconstruir. Desde la tristemente célebre “Noche de los Bastones Largos”, hemos resistido.

Resistimos, siempre resistimos, y volvimos más fuertes. Hoy nos toca enfrentar un nuevo desafío, una pandemia que tiene a nuestros chicos y chicas fuera de los colegios, con docentes y padres haciendo malabares para poder mantener el ciclo lectivo, con clases on line. Una vez más, resistiendo.

El 27 de marzo, a pocos días del comienzo del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, presenté junto a las diputadas Carla Carrizo, Dolores Martínez, y el diputado Federico Zamarbide, un proyecto que garantiza la liberación de datos móviles para que estudiantes y docentes de todos los niveles tengan acceso gratuito a las plataformas educativas.

Dilaciones, evasivas inexplicables, explicaciones complejas sobre temas sencillos y una larga lista de etcéteras que terminan justificando la negativa al proyecto escudándose en la imposibilidad técnica de poder diferenciar si los niños acceden a YouTube para ver contenido educativo o videos musicales. Pareciera ser, en este punto, que la condición de satisfacción del Estado, representado por sus legisladores, reside en restringir el uso de datos móviles a los fines académicos. La marcada independencia entre este tipo conservador de discursos y la situación práctica de su aplicación es, al menos, alarmante; tanto más cuando es esgrimido por quienes se jactan de conformar un gobierno nacional y popular.

Sin duda, entonces, valdría la pena cuestionar el histórico acceso diferencial a los consumos culturales de los hijos e hijas de los sectores medios y altos, el privilegio del que gozan por el único mérito de haber nacido en un hogar sin penurias económicas y el escaso o nulo acceso a esos mismos consumos de los hijos e hijas de los sectores menos favorecidos de la sociedad. 

Ante la negativa de la Cámara de tratar el proyecto, y cuando ya era un hecho inopinable que miles de estudiantes corrían el riesgo de perder el año lectivo, el 21 de mayo solicitamos, sin éxito, un pronto despacho de la Comisión de Educación.

La dinámica propia de las tecnologías aplicadas a la Educación nos obliga, por un lado, a actualizar permanentemente las herramientas con las que dotamos a nuestros chicos y chicas, y por otro, a perder el temor de resignificar el sentido del aprendizaje.

El Estado argentino ha realizado un gran esfuerzo para desarrollar y nutrir de contenidos las plataformas educativas, actualizar los sistemas de evaluación y capacitar a nuestros docentes. Pero corremos el riesgo de arar en el mar si no ponemos las mismas energías en garantizar el acceso a internet de todos los alumnos.

Nos parece lógico, entonces, que dicho servicio sea prestado a título gratuito a fin de garantizar que los estudiantes menos favorecidos también puedan acceder a la conectividad indispensable para seguir estudiando.

Que aquellos estudiantes a los que favorece la medida puedan aprovechar la gratuidad de los datos para otros fines que excedan lo meramente académico no es una posibilidad, es un hecho. ¿O acaso los hijos e hijas de quienes pueden pagar un servicio de internet utilizan ese servicio solo para estudiar? Insisto sobre este punto en particular, ser pobre no puede, ni debe, convertirse en un obstáculo a la hora de acceder al consumo de bienes culturales. ¿Cuáles son esos bienes culturales? No es tarea del legislador en particular, ni del Estado en general intentar definirlos. La relación intelectual con el objeto se encuentra más allá del interés estatal.

Por supuesto que cualquier niño con acceso a datos gratuitos va a mirar videos musicales, animé, series o jugar on line. Como cualquiera de nuestros hijos. Pero al igual que ellos tendrán acceso a las plataformas educativas. Negarles una posibilidad porque es materialmente imposible morigerar la otra solo puede justificarse al cerrar filas en defensa de difusos intereses económicos por sobre los de nuestros niños.

Achicar la brecha digital, ampliar el derecho a la educación partiendo de una conectividad de carácter universal y poner la Educación en el primer lugar de la agenda política debe ser nuestra prioridad.

El éxito o fracaso del proyecto dependerá de la Comisión Conjunta de Comunicaciones e Informática y Educación, donde daremos dictamen al acceso y navegación libre en plataformas educativas para los alumnos, alumnas y docentes de todos los niveles. Esperamos el acompañamiento de todos los sectores para dar respuesta a una razón que no precisa espera.

Emiliano Yacobitti, diputado nacional ? UCR.