Sin luna de miel por el covid-19 y terminando el primer año con una seria crisis cambiaria, el gobierno de Alberto Fernández se apresta a transitar meses determinantes para la definición de su gestión. El capital político acumulado a partir del manejo inicial de la pandemia y la verificada unidad construida en el Frente de Todos, sirven como reservorio para ir administrando (y gastando) mientras se gestiona su momento más difícil desde el comienzo del gobierno.
La crisis "verde", producto de la pulseada devaluatoria y cierta descoordinación para anticipar escenarios desde diferentes terminales del gabinete económico, se da no casualmente en el momento en que la economía dispone estructuralmente de menos cantidad de dólares. La política monetaria del periodo anterior que favoreció el ingreso de capitales especulativos fuerza a la economía a defenderse de todas las presiones que aparecen en el frente financiero. El presidente decidió unificar el centro de las decisiones económicas en Martin Guzmán, en busca de un solo comando para superar la crisis. Una definición clara sobre cómo piensa la economía, pero a la vez apostando a un único "fusible" por si no se estabiliza la situación. Desde economía lo saben y juegan sus cartas de entrada.
Ante los distintos tipos de cambio, el gobierno contiene (a fuerza de cepo y restricciones, desplazamientos de pagos de deuda externa, superávit comercial y reservas todavía disponibles) el tipo de cambio oficial a un precio que pareciera favorable para no detener el incipiente proceso de recuperación productiva. La brecha cambiaria, que impacta negativamente en las expectativas e induce a remarcaciones de precios preventivas, es un costo que el ministro Guzmán está dispuesto a pagar transitoriamente, en busca de desactivar el esquema que tiene retenido a parte de los capitales especulativos que ingresaron en el gobierno anterior (especialmente incentivados por gestión de Luis Caputo en el BCRA), y presionan fuertemente por una devaluación que les permita obtener las ganancias prometidas.
Ya sin posibilidades de carry trade y a partir de un reordenamiento del esquema de parkings, el dólar CCL (contado con liquidación) funciona como salvoconducto para estos fondos y para permitir pasar la "zaranda" sobre el mercado de inversiones financieras. El mapa se completa con el fogoneo "administrado" del mercado ilegal, pequeño en su volumen pero potente al momento de marcar agenda y construir incertidumbres, sobre el que se monta un fuerte lobby que busca cambios de figuras que permitan desde un guiño a los "mercados" (papel que la figura de Martin Redrado siempre se auto postula para cumplir), hasta modificaciones estructurales que un escenario de crisis obligue aceptar a la Argentina en la futura negociación con el FMI.
El gobierno enfrenta esta situación sin un frente unificado. Aparecen sectores minoritarios dentro del Frente de Todos que operan para consolidar sus posiciones relativas, y que ven en el desgaste que produce la turbulencia cambiaria la posibilidad de imponer miradas sobre el rumbo económico, que su volumen político dentro del espacio se lo impide. Esta situación de incertidumbre financiera, siempre sensible para la Argentina, va complicando el pasaje final hacia la llegada de la vacuna, el encaminado acuerdo con el FMI y la salida de la pandemia. Lo insondable de la crisis empieza a tornar lejano ese horizonte, y obliga al oficialismo a un proceso de acumulación defensiva que le exige mucho volumen político, no solo como estrategia para catalizar el difícil momento sino para construir el puente hacia lo que viene.
Ante este escenario, la oposición buscó saldar sus problemas políticos movilizándose. El campo opositor utiliza la calle como instrumento de iniciativa política. Pero no por la presencia de protestas callejeras, un ejercicio que una parte de la población "aprendió" durante el gobierno de Cristina Kirchner y que Macri puso en juego al final de su campaña electoral del 2019, sino porque principalmente operan como contenido televisivo y de redes, que busca fortalecer un coordinado mecanismo de imposición de una "agenda propia" para la discusión pública. La oposición no quiere "ganar" la calle, la busca televisar.
Pero los problemas políticos de Juntos por el Cambio no los resuelve el presente, sino que están atados al futuro. La apuesta a que el gobierno no pueda resolver la crisis es una opción "obligada" para una oposición política con fuertes limitaciones, tanto en sus perfiles moderados como radicalizados. Si el actual gobierno logra encaminar la situación, una variante radicalizada solo tendría una función testimonial para un sector refractario al oficialismo más allá de sus resultados. Sólo tendría chances reales de alternancia frente al fracaso económico del oficialismo.
Ante este escenario es lógica la reaparición de Macri. Apuntalado nuevamente por Marcos Peña, el ex presidente sin inocencia detona puentes, endurece su perfil, busca consolidar lo propio. El PRO es Macri y Macri es el dueño del PRO, condición que sabe ejercer desde muy joven. Por otra parte, la potente capacidad de daño en términos discursivo que expresa el espacio de Espert y Milei (en proceso de consolidación y ampliación), lo obligan a Macri a "pararse arriba" de lo que expresaron las marchas, desde un lugar que fortalezca su ADN anti kirchnerista, y refuerce su rol de exponente privilegiado y garantido de una parte del poder económico, mediático y judicial que articula continentalmente, pero tiene sus terminales al norte del mismo.
Su reaparición demarca el campo de acción de Rodríguez Larreta (y por consecuencia el de Martín Lousteau, quien tiene abrochada su suerte a los movimientos del jefe de gobierno), quien cada vez encuentra menos espacio para una opción con perfil propio, condicionada por la también por la suerte del gobierno y los movimientos de su líder político. Por otra parte, el escandaloso proyecto de privatización de la Costanera Norte en CABA es una evidencia más que el intento de desmarque ideológico de Larreta y Lousteau del tronco macrista, solo funciona para las formas, pero no para el contenido.
La forma, el sentido y el resultado que tome la etapa pospandémica es parte del principal desafío que tiene el Frente de todos. No solo para su consolidación en las elecciones del año que viene, lo cual es de suma importancia para el gobierno, sino para su continuidad como proyecto a largo plazo. Las diferentes biografías de quienes integran el Frente de todos, sus anteriores acuerdos y contradicciones, sus diferentes formas de pensar cómo transitar el camino de salida, pone a la agenda de gobierno en el centro de las disputas internas.
La falta de un espacio institucional que permita tramitar las diferencias hace que cada sector busque intervenir en "lo que viene" a partir de su posicionamiento sobre de lo que el gobierno "hace". Por eso es central para la construcción oficialista la forma que adopte la agenda pospandémica, ya que funcionaría como un dispositivo de articulación y acción performativa privilegiado (y casi único) de construcción identitaria del espacio. Identidad que debería actuar como síntesis (todavía pendiente), necesaria para cualquier intento de permanencia y renovación política del espacio en unidad.
Si bien en el manejo sanitario de la pandemia el Presidente construyó un relato claro y performativo, de cuya profundidad todavía no podemos dar cuenta, el proceso de construcción de la propia identidad del gobierno todavía no logra articularse y desplegarse hacia el futuro. Una operación difícil, compleja, quirúrgica y audaz. Pero impostergable porque la política y la situación socioeconómica ya lo demandan.
El presidente decidió que Martin Guzmán sea quien encabece el desafío de construir la plataforma económica para el despegue. El ministro ya demostró sentido estratégico, capacidad técnica, y posee una condición interesante de "dador sano" de tranquilidad y templanza al momento de comunicar al gran público. Guzmán tiene la complicada tarea de desestresar la economía, construir un acuerdo lo menos dañino con el FMI, y poner en marcha el presupuesto, para un año que promete recuperación "sin tirar manteca al techo". Con el apoyo de sectores mayoritarios del Frente de todos, sabe que va a necesitar resultados para soportar las operaciones internas y externas que vendrán.
Es claro, que existe la decisión estratégica de un sector importante del poder económico, de condicionar fuertemente desde esta nueva etapa de gobiernos de carácter popular, y lo hace en el momento adecuado para infligir el daño preciso. Una minoría intensa, pero que se expresa en la política, en la justicia y en lo mediático. Sectores que apuestan como piso al cambio de figuras por "derecha", sabiendo que de esta forma podrían limitar fuertemente la capacidad de maniobra del gobierno, tensar riesgosamente su construcción política y dañar su propia base electoral.
Frente a este escenario es importante para el oficialismo encontrar la salida de la crisis, pero a la vez construir un dispositivo político y cultural que le de potencia y sentido a su proyecto. Un "Acuerdo" amplio que busque expresar el "interés nacional", y aísle a las expresiones minoritarias. Desde nuestra perspectiva, el dispositivo del "Acuerdo", encuentra su sentido estratégico en su capacidad "instituyente" más que en la posibilidad de transformarse en un espacio institucional de construcción de consensos. Es decir, en su capacidad de "operar" sobre este escenario y el "sentido común". Este es el principal desafío político del oficialismo, donde no solo está en juego la construcción de su propio modelo, la reafirmación de un proceso identitario, y la oportunidad de ofrecer una nueva síntesis que consolide el espacio del Frente de todos, sino fundamentalmente sus posibilidades de transformarse en un actor central de la Argentina que viene.
Salvador Tiranti es Doctorando en Ciencias Sociales (FLACSO/Arg.). Magíster en Políticas Públicas (FLACSO/Arg.). Lic. en Educación (UNQ). Investigador y Docente del Área de Estado y Política Públicas (FLACSO/Arg.)
