La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso la mira sobre unos 300 barrios cerrados que no están registrados o no tributan de acuerdo a sus características. En el fisco bonaerense estiman que por esto pierden hasta $1.500 millones anuales de recaudación.
Desde el ente recaudador vienen trabajando en un relevamiento intenso de los barrios cerrados y countries del territorio bonaerense que incluye el uso de drones y fiscalizaciones para tener un mapa más claro. Según ese relevamiento, el 55% de los barrios cerrados se concentran en 7 Partidos pertenecientes al AMBA. Ellos son Escobar, Pilar, Tigre, Presidente Perón, Luján, Ezeiza y Esteben Echeverría. Los primeros tres mencionados abarcan al 45,6%.
"No tiene sentido pensar que Kicillof ataca a los bonaerenses que viven en countries" sostuvo el director ejecutivo de la Agencia de Recaudación Provincial, Cristian Girard. En ese sentido, consideró que "el gobernador destacó que la mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados y entonces no pagan impuestos".
El porcentaje se rige en el universo de 871 barrios cerrados o countries, de los cuales 568 están formalmente registrados. En contrapartida, hay 73 que tributan como “Tierra en Desarrollo”; mientras que 230 (aproximadamente un 25%) no están registrados y no están formalizados en el área de impuestos.
Ante esto, desde ARBA entienden que la Provincia está dejando de tributar una cifra cercana a los $1.500 millones anuales. Por ende, están evaluando mediante la Ley 15.038 a los primeros 73 que siguen pagando como “Tierra en Desarrollo”, siendo que desde el sector los entienden como espacios ya consolidados. En los próximos días podría haber intimaciones por estas presuntas irregularidades.
Los datos surgen luego de que se desatara una fuerte controversia por las últimas declaraciones del gobernador Kicillof donde dijo que "la mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos". Y remató "son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo".
Desde la oposición y sectores sociales tomaron estas palabras como un atentado contra la propiedad privada. La ministra de Gobierno bonaerense Teresa García, le bajó el tonó a esas declaraciones. "Los medios y la oposición buscan instalar que nosotros no garantizamos la propiedad privada". Además, agregó que "la culpa de las situaciones irregulares no es de los propietarios que pagaron un lote e hicieron una casa".
