El complejo entramado de negociaciones que se puso en marcha para destrabar el conflicto suscitado por la toma de tierras en Guernica, dejó en evidencia las profundas diferencias entre las organizaciones sociales que integran el oficialismo y la disputa por el manejo de áreas estratégicas de la administración del Estado que tienen injerencia en los asuntos territoriales.
Los contrastes entre el gobierno nacional y el provincial quedaron expuestos de modo explícito cuando un funcionario de peso del ministerio que conduce Daniel Arroyo criticó sin ambages el accionar de la gestión de Axel Kicillof. “Hay un déficit en el tema territorial relacionado con la falta de integración de los movimientos sociales originada en la actitud de los intendentes”, sostuvo Rafael Klejzer, Director Nacional de Políticas Integradoras de la cartera de Desarrollo Social de la Nación quien, además, es referente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que integra Juan Grabois.
La relación entre los caciques peronistas del conurbano, las organizaciones y La Cámpora, está cruzada por un seleccionado de cortocircuitos originados en recelos, competencias y resguardos políticos por el dominio territorial. Uno de los funcionarios del gabinete bonaerense que más hizo para limar estas asperezas es el ministro de Desarrollo Comunitario y referente camporista Andrés Larroque.
En el “leading case” de Guernica, el “Cuervo” constituyó un comité de crisis al que integró a la intendenta de Presidente Perón, donde está enclavado ese campamento ilegal de más de 100 hectáreas, y a los jefes comunales de cada distrito de donde son oriundos los usurpadores.
El poder loteado
Dentro de la toma de Guernica tienen actuación cuatro grupos bien diferenciados que controlan una parcela de tierra cada uno. Todos están referenciados con las asambleas de delegados de La Unión, San Martín Nuevo, 20 de Julio y La Lucha, que no responden a ninguna de las organizaciones nacionales integradas al oficialismo.
Uno de los puntos más álgidos del conflicto se origina, justamente, en la inorganicidad del movimiento. “No responden a ningún referente ni forman parte de ninguna orga con estructura nacional y por eso se empantanan las negociaciones porque no hay nadie que les baje línea”, explicó a Negocios&Política una fuente con acceso al despacho del ministerio.
Larroque buscó sumar a la mesa de diálogo a los intendentes de San Vicente, Florencio Varela, Almirante Brown y Esteban Echeverría, de donde serían oriundas las familias que ocupan ilegalmente el predio de Presidente Perón. “Más vale que se hagan cargo porque ellos van a tener que aportarle a sus vecinos una solución habitacional”, le dijo a este portal otro informante.
Un veinte por ciento de las 1.300 familias que toman el predio de Guernica aceptaron en la tarde del miércoles suscribir un acta acuerdo donde se comprometen a dejar los terrenos a cambio de una asistencia efectiva por parte del Estado. Argumentando la necesidad de ganar tiempo para lograr un acuerdo global con todos los ocupantes ilegales, Larroque solicitó al Juez de Garantías Martín Rizzo dos semanas más para dirimir el desalojo sin necesidad de usar la violencia.
El pedido de postergación para el 14 de octubre se justifica, según la administración bonaerense, en dos hechos puntuales. Por un lado, sostienen que hubo “un importante nivel de adhesión a la propuesta de desocupación voluntaria”. Además, hacen hincapié en el plan de hábitat, vivienda y suelo que presentó el gobernador este martes y que supone una inversión de $190.186 millones para los próximos tres años.
