El titular del Juzgado Federal 2 de Mar del Plata, Santiago Martín, hizo lugar a la apelación del Gobierno nacional a la medida cautelar que frenaba la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), por lo que revocó y dejó sin efecto la resolución judicial que suspendió los abortos voluntarios en hospitales nacionales. 

La medida cautelar dictada el pasado 7 de junio por el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, haciendo lugar a una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, quien planteó la inconstitucionalidad de la IVE, fue dejada sin efecto este jueves. 

Seri es un abogado jubilado ligado a la derecha y a la Iglesia Católica, que durante los ’90 fue candidato a diputado provincial por el Movimiento por la Dignidad y la Independencida (Modin). Actualmente se encuentra procesado y con prisión domiciliaria, en el marco de una causa que investiga estafas millonarias cometidas contra la Anses, donde trabajó durante largos años en la seccional Puertos del organismo en la ciudad balnearia. 

Concedida la apelación del Gobierno nacional con "efecto suspensivo", deberá expedirse al respecto la Cámara Federal de Apelaciones marplatense, que también debe resolver el planteo de recusación. 

La resolución 

Martín consideró que la cautelar de López suspendía "todo un cuerpo normativo, integrado por la ley en su totalidad, protocolos y resoluciones, vinculadas directamente a políticas de salud y de género del Estado Nacional, y conlleva (entre otros efectos) la interrupción de la atención y cobertura de salud que dicha ley dispone con alcance nacional". 
 
"Por lo tanto, considerando el alcance asignado a la medida cautelar, los efectos que la misma conlleva, la relevancia institucional que tiene la ley cuestionada y por lo tanto la medida aquí apelada, los sensibles derechos constitucionales comprometidos en este proceso, y los demás argumentos ya esgrimidos, es que habré de conceder el recurso de apelación con efecto suspensivo de la medida cautelar", explicó. 

En la causa se incorporaron como terceros interesados en la causa Amnistía Internacional, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género y la Fundación Mujeres por Mujeres.|