Según el Ministerio de Salud de la Nación se realizaron casi 33 mil interrupciones en el sistema público. Seis de cada 10 mujeres tenían entre 18 y 28 años, y el 4% eran adolescentes. A su vez las consultas aumentaron considerablemente entre enero y noviembre con más de 19 mil llamados al 0800-222-3444, la línea gratuita de esa cartera.

El 30 de diciembre se cumple un año de la sanción de la ley de aborto legal en Argentina que contempla la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación. A 15 días de cumplirse un año de su aprobación, un informe realizado a nivel nacional por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health, reveló que el acceso a la práctica en hospitales y centros de salud mejoró respecto de 2019, pero todavía se observan fuertes desigualdades entre provincias, siendo el ámbito privado y las obras sociales los que más dificultades ponen.

El proyecto Mirar monitoreó en todo el país la aplicación de la Ley 27.610 de IVE y atención posaborto, a través de indicadores y de la experiencia de actoras clave de las políticas y de la provisión de servicios de aborto, así como también se basó en la ILE (interrupción legal del embarazo) que contempla casos de gestaciones por violación, o si estuviera en peligro la vida o la salud de la persona gestante.

Los detalles

La socióloga e investigadora de Cedes, Silvina Ramos explicó a Télam: "Procesamos y analizamos información pública en materia de acceso a la IVE e ILE (interrupción legal del embarazo) en todo el país, y estudiamos el contexto sociosanitario y jurídico en el que se materializan las políticas públicas".

Así fue que se identificaron "inequidades, barreras al acceso al aborto y, también, oportunidades para la acción", añadió la profesional.

"Los datos también provienen del sistema comunitario de atención del aborto cuyo rol fue central antes de la sanción de la Ley 27.610. y sigue siéndolo", destacó Ramos.

El informe analizó:

• El entorno normativo
• La oferta de servicios
• Demanda
• Calidad de la atención
• Resultados de la aplicación de la normativa

Desigualdades entre las provincias

La tasa del aborto, que mide la cantidad de interrupciones de embarazos por 1.000 mujeres y otras personas en edad fértil, muestra la brecha entre jurisdicciones:

• En CABA es de 5.6
• En Tierra del Fuego es de 4.3
• En Chaco es 0.9
• En Formosa 0.6.

La nacional se ubicó en 3.2, tomando solo datos oficiales, "lo que significa que 3 de cada 1.000 mujeres tuvieron un aborto en el primer semestre del 2021", detalló Ramos.

Es decir, que 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE/ILE en los servicios de salud del sector público en ese periodo.

En el mismo semestre:

• 6.517 personas contactaron a Socorristas en Red para solicitar información en distintos puntos.
• 5.600 abortaron acompañadas por Socorristas.
• Seis de cada diez de quienes buscaron acompañamiento tenían entre 18 y 28 años El 4% eran adolescentes

Un pedido a las autoridades de la salud

Además de analizar el mapa sociosanitario del país en materia de indicadores vinculados a las políticas de aborto, Mirar "llama a impulsar el diálogo con actores estratégicos. Las desigualdades que arrojan los datos se pueden disminuir con esfuerzos de políticas provinciales con apoyo nacional", consideró Mariana Romero, médica e investigadora del Cedes.

"Es necesario difundir más aún los alcances de la ley, de tal forma que las personas con capacidad de gestar de todo el país sepan dónde acudir para obtener un aborto seguro".

Seguimiento

Para construir un sistema de información que permita monitorear la aplicación de la ley IVE, la iniciativa analizó datos oficiales, como las consultas realizadas a la línea telefónica gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva 0800-222-3444, por la cual el Ministerio de Salud de la Nación facilita información en los casos necesarios sobre los centros de atención en todo el país y, en coordinación con las provincias, remueve barreras de acceso.

De enero a junio de este año se iniciaron seguimientos de situaciones a partir de 10.529 contactos telefónicos realizados, aunque no necesariamente todos terminaron en interrupciones del embarazo, con una alta tasa de resolución de las consultas.

El equipo de Mirar detectó que no hubo una tendencia significativa al aumento en el número de llamadas o seguimientos durante los primeros seis meses del año, lo que puede tener que ver con que este canal "no fue todavía lo suficientemente difundido".

Un dato relevante es que la cantidad de insumos (misoprostol, el medicamento autorizado por la Organización Mundial de la Salud para realizar abortos) que fueron distribuidos en el primer semestre de 2021 equiparó al total de tratamientos distribuidos en todo 2020: 18.820 y 18.590 unidades respectivamente.

El paso que sigue es observar el comportamiento de este indicador para dar cuenta de la respuesta de la política sanitaria y crear condiciones de acceso a la provisión de abortos con buenos estándares de calidad, señaló el reporte.

En primera persona

• Sostener y amplificar el acceso a la información y prácticas seguras de IVE/ILE
• Mejorar en varias direcciones
• Mayor capacitación al personal de salud en técnicas de aborto y también en buenos tratos hacia sus pacientes

Son sugerencias del proyecto tomadas a partir del relato de quienes accedieron a la práctica.

Además, añadió que en materia de política pública "resulta fundamental continuar la difusión de lo que marca la ley en todas las jurisdicciones, y contar con la decisión política para sortear eventuales barreras que afecten el derecho de las personas a decidir sobre su propio cuerpo".

Denuncias

Otro eje que relevó el monitoreo es que desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en su contra bajo el alegato de inconstitucionalidad, la mayoría de las cuales fueron rechazadas.

Al mismo tiempo, siguieron su curso procesos a favor de garantizar la IVE/ILE y exigir la rendición de cuentas contra profesionales que obstaculizaron el acceso al aborto legal o violaron el derecho a la confidencialidad de las personas que interrumpieron su embarazo.|

Para conocer más detalles del informe podés ingresar a www.proyectomirar.org.ar.