El Congreso sancionó el 30 de diciembre de 2020 la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación inclusive, sin necesidad de expresar la causa, y entró en vigencia el 24 de enero de 2021 como un servicio que se provee de forma segura, legal y gratuita en todos los tipos de sistemas de salud, en un máximo de diez días de su requerimiento.

Más allá de las dos semanas de plazo, se permite la interrupción legal del embarazo (ILE) si fue por causa de una violación o cuando corra peligro la vida o la salud de la madre.

“Este año fue intenso”, confirmó a la agencia EFE la directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, porque se dedicó a construir la política pública, que incluyó la edición de los protocolos, la capacitación de los equipos y la sensibilización de las autoridades políticas.

Según el Ministerio de Salud, se han hecho 32.758 las interrupciones de embarazos -IVE e ILE- en el sistema público al 30 de noviembre pasado.

En tanto, creció la cantidad de hospitales y centros de salud que garantizan la práctica a 1.243 desde los 903 registrados a diciembre de 2020 y la meta es alcanzar 5.500 en 2022. Y un indicador de cómo avanzó la práctica desde la sanción de la ley es que el Ministerio de Salud incrementó la distribución de Misoprostol, el medicamento con que se realizan las interrupciones, a 46.283 tratamientos -de 12 comprimidos- en 2021 desde 18.560 en 2020.

El nuevo paradigma

La legalización del aborto voluntario consolida a Argentina como uno de los referentes de América Latina en avances sociales, que pasó de la ILE, permitida desde la aprobación del Código Penal en 1921, a la IVE, desde 2020.

“Lo principal es que cambió totalmente el paradigma”, señaló a Efe Estefanía Cioffi, médica integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, porque se pasó de que los profesionales tuvieran que aceptar la justificación de la interrupción a “la autonomía de una persona”.

La legalización generó también un “cambio importante” en la actitud en las mujeres, ya que se acercan “más seguras” y con menos miedo por el acompañamiento desde el centro de salud o la seguridad del medicamento, contó Cioffi, e Isla agregó con “menos estigma” por poder acceder a la IVE en condiciones "de aprobación social”.

Acceso desigual

Pese a que se amplió la cobertura y se ha avanzado en lugares donde no estaba garantizada la ILE previamente, la cuestión más preocupante es la disparidad entre provincias para el acceso al aborto.

"La desigualdad es un tema importante", reconoció Isla, quien mencionó como las provincias “más críticas” a Corrientes, San Juan, Santiago del Estero y Chaco.

Otro obstáculo es la falta de respaldo de los jefes de servicio y los directores de los hospitales a los profesionales que no tienen objeción de conciencia, un concepto previsto en la norma, pero que obliga a la derivación del paciente o a la ampliación de los equipos. 

“Sin duda el apoyo político e institucional es clave”, dijo Isla.

Obstáculos judiciales

Las agrupaciones contrarias al aborto se mantienen activas y desde la sanción de la ley se iniciaron 36 acciones judiciales en contra de la norma, de las cuales 24 fueron rechazadas, cuatro fueron archivadas y once aún están en trámite.

“Se rechazó la mayoría de las presentaciones que hicieron y muestra que la ley es muy robusta y contundente, pero genera hacia el sistema de salud y los equipos inestabilidad, tiene un efecto negativo”, dijo Isla. 

Salto de calidad

Las agrupaciones a favor del aborto trabajan en “poner foco en la calidad y en la no violencia” de las interrupciones, explicó Cioffi, además de profundizar la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos.

“Tenemos que dar un salto en la calidad”, señaló Cioffi, ya que se necesita "un acompañamiento interdisciplinario” de los abortos y que no se reduzcan a una práctica médica y acceso a la Mifepristona en Argentina, porque combinado con el Misoprostol aumenta la efectividad y disminuye los efectos adversos.

Isla coincidió en que introducir la Mifepristona es uno de los desafíos pendientes -se comenzaron las gestiones para recibir una donación del medicamento-, así como resolver las brechas entre las provincias, ampliar los equipos que dan el servicio y la difusión del derecho.|