El avance de las causas por presunta corrupción contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, provocó un "enrarecimiento del clima para el ejercicio del oficio periodístico" en Argentina, según un informe aprobado este domingo en la 78 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Según el documento, las causas judiciales contra Fernández han incrementado "la intensidad del discurso del 'lawfare'" por parte del oficialismo, que plantea la connivencia de la prensa crítica, parte de la Justicia y miembros de la oposición en la presunta persecución a la también expresidenta (2007-2015).
Unas imputaciones que aumentaron su "tono" tras el atentado contra Fernández perpetrado el 1 de septiembre, con el despliegue de "una peligrosa campaña" contra algunos medios de comunicación y periodistas "a los que se pretendió vincular con el ataque", destacó el informe.
En este sentido, la SIP vio con preocupación la aparición de algunos proyectos legislativos que, postulando un combate contra los "discursos del odio", "avanzaban sobre la regulación de contenidos e instalaban mecanismos de censura".
"Esos impulsos fueron moderados por dirigentes del oficialismo, pero evidenciaron reflejos autoritarios en varios dirigentes de la coalición gobernante", puntualizó el informe.
Ataques a periodistas
El documento aprobado por la Asamblea de la SIP también alertó sobre los ataques sufridos por periodistas y medios de comunicación durante los últimos meses, destacando las amenazas contra un canal de televisión de la ciudad de Rosario, en donde se ha experimentado un "crecimiento de la criminalidad vinculada al narcotráfico".
"La amenaza plantea un nuevo desafío a las organizaciones de libertad de prensa y los medios, ya que las autoridades no tienen protocolos de protección para periodistas ni existen fiscalías especializadas ni los medios tienen protocolos de seguridad", señaló el informe.
Otro episodio de violencia fue el "ataque a balazos" contra los reporteros gráficos Federico Soto y Patricio Rodríguez, amedrentados por un manifestante de la Asociación de Trabajadores del Estado, cuyos disparos fueron registrados por la cámara de Soto, en una localidad de la provincia de Neuquén.
Política y justicia
Asimismo, la SIP expresó su "preocupación" por las obstrucciones a la libertad de expresión por parte de sectores políticos y judiciales, como las declaraciones del gobernador de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, pidiendo "bloquear" medios de la ciudad de Buenos Aires en las regiones del norte.
Un ejemplo de estas prácticas se observó en la provincia de San Luis, en donde la Justicia rechazó un recurso de casación del periodista Diego Masci, quien pedía la revisión de su condena por "violación a la intimidad" tras la publicación de un vídeo de la exministra de Educación provincial Natalia Spinuzza fumando marihuana.
"El caso reflejó las dificultades del periodismo en esa provincia, por un uso abusivo del derecho penal", criticó el informe de la SIP.
