Las bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) desplegadas durante la gestión de Gustavo Arribas en la provincia de Buenos Aires realizaron inteligencia ilegal sobre al menos 32 organizaciones sociales o políticas, 16 partidos políticos y 23 sindicatos u organizaciones de trabajadores. El espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.

Entre las organizaciones sociales espiadas están el Movimiento Evita, Quebracho, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y La Cámpora, pero también Agrupación Unidos por los Niños de Villa Golf, la ONG Cuidemos a los Chicos y hasta la Organización Madres del Trueque.

Las organizaciones sindicales espiadas incluyen a la CTA, SUTEBA, la CTEP, gremios aeronáuticos, la UOM e incluso los trabajadores de Cresta Roja, reprimidos en los primeros días del gobierno de Mauricio Macri.

La información surge del procesamiento de Pablo Pinamonti, el director del Proyecto AMBA bajo el cuál funcionaban 9 bases de la AFI en la provincia que Buenos Aires dedicadas a estas tareas ilegales. La medida la dispuso el juez Alejo Ramos Padilla, en el marco de la megacausa de espionaje que comenzó con el caso del espía ilegal Marcelo D Alessio.