La Correpi presentó su "Informe sobre la situación represiva nacional" en contexto de pandemia por coronavirus y un archivo de casos actualizado con los que demostró que el “Estado” no fue garantía de “cuidado” durante este período. Si bien en un comienzo no esperaban registrar casos de gatillo fácil en un escenario como el de la emergencia sanitaria en el que disminuyó la circulación de personas en las calles, los números se mantuvieron e incluso aumentó la cantidad de muertes en lugares de detención en relación a 2019.

Este período no sólo se caracterizó por el cambio de hábitos y dinámicas en el marco de la emergencia sanitaria, sino que estuvo marcado por un nuevo Gobierno, de diciembre de 2019 en adelante, cuando asumió Alberto Fernández. En su discurso enfatizó: “Hay que terminar con la lógica del gatillo fácil y la del disparo por la espalda”, lo que abrió expectativas entre familiares de víctimas que llevan 30 años luchando contra el flagelo, pero que, sin embargo, continúa en ascenso.

Desde el minuto cero de la asunción del nuevo Gobierno, desde la coordinadora contra la represión exigieron medidas para: 

• Frenar la militarización de los barrios y calles
• Las detenciones arbitrarias, las torturas y el gatillo fácil
• Acabar con criminalización de la protesta y el conflicto social

Ahora, los resultados del informe presentado demuestran que la situación de violencia policial e institucional continúa siendo alarmante en el país. 

“30 años en las calles contra la represión”

Así se titula el informe que comprende un acumulado de casos. Reúne un total de 8.172 muertes registradas entre el 10 de diciembre de 1983 (asunción de Ricardo Alfonsín) y el 20 de noviembre de 2021 (el corte del informe actual).

Durante el primer año de gestión del Frente de Todos, hubo un crimen de las fuerzas represivas cada 17 horas. Con esta cifra el actual Gobierno supera hasta el momento a Mauricio Macri en términos represivos, ya que si bien Cambiemos había batido todos los récords previos, dejó un saldo algo menor: entre 2015 y 2019 se produjo un asesinato cada 18 horas.

Modalidades represivas de la gestión Fernández

Casi 7 de cada 10 muertes (671 casos, 68,4%) se produjeron en lugares de detención. Correpi señala que el incremento de estos casos “es consecuencia directa de las decisiones políticas tomadas por los gobiernos nacional y provinciales frente a la crítica situación carcelaria durante la pandemia, así como de la promoción de facultades para detener personas arbitrariamente”. Además:

• Hubo 209 casos de gatillo fácil (21,3%)
• 64 muertes intrafamiliares o intrafuerza (6,5%)
• 46 casos por “otras circunstancias” (incluye 38 femicidios, 6 femicidios relacionados y 2 travesticidios; 2,6%)
• 11 asesinatos en movilizaciones o protestas sociales (1,1%)
• 1 caso por causa fraguada o como consecuencia de otros delitos (0,1%). 

¿Quiénes matan?

• El Servicio Penitenciario encabeza el listado de fuerzas estatales causantes de las muertes (570 casos, 58,1%)
• Las policías provinciales (281, 28,6%)
• La Policía de la Ciudad (51, 5,2%)
• La Policía Federal Argentina (50, 5,1%)
• La Gendarmería Nacional (13, 1,3%)
•  “Otras fuerzas” (10, 1%). 
• El porcentaje restante incluye a la Prefectura Naval Argentina y la seguridad privada, con tres casos cada una. 

Las edades de las víctimas

De las personas asesinadas durante el Gobierno actual, sorprende la categoría “Sin datos” que ocupa el primer lugar con el 35,2% de los casos. La explicación: “La gran cantidad de muertes en unidades penitenciarias y comisarías, muchas de ellas debido a la emergencia sanitaria, amplió mucho los registros sin dato exacto de edad”. 

• El rango de 15 a 25 años representa el 21,1%
• 26-35 años (17,8%)
• Personas mayores de 45 (16,4%)
• Quienes tenían entre 36 y 45 años (8,4%)
• “Hasta 14 años” (1,1%). 

Femicidios de uniforme

Es uno de los apartados del informe de la situación represiva 2021 que incluye las muertes provocadas por integrantes de las fuerzas represivas y con un componente de violencia machista. Del total de 722 casos correspondientes a “mujeres” víctimas en el período de gobierno actual, Correpi registra 420 femicidios. 

• Hubo 51 femicidios relacionados, que tuvieron como víctimas a hijos u otros familiares o personas cercanas a la víctima asesinada en contexto de violencia machista, para castigar a la mujer o cuando intentaron defenderla. 
• Casi un tercio de los femicidios relacionados tienen niños y niñas como víctimas. 
• El desglose de casos del informe suma 11 transfemicidios y travesticidios cometidos por las fuerzas represivas.

Violencia política

Otro de los ejes que destaca la organización en este trabajo es el avance de los discursos de odio y negacionistas que estuvieron demostrados en los resultados que obtuvieron candidatos como José Luis Espert o Javier Milei, de Avanza Libertad: “Lo realmente grave es que estos discursos aparezcan avalados por un porcentaje nada despreciable de la población”, advirtió.

Y concluyó: “Que Espert, que dijo lo de ‘hacer queso gruyere a los delincuentes’ tuvo 12% de los votos en noviembre; y Milei, que no solamente es un negacioncita del terrorismo de Estado y del genocidio y que además promueve igual que Bullrich que la gente ande armada, obtuvo un 17%. Preocupa fuertemente”.

Las demandas de la agenda antirepresiva

• Prohibir la portación del arma reglamentaria fuera de servicio
• Anular las facultades que permiten detener personas arbitrariamente
• Prohibir el uso indiscriminado y masivo de la prisión preventiva -salvo cuando son represores 
• Rever la defensa técnica institucional de miembros de las fuerzas imputados en causas penales
• Resolver el acceso a las causas de las familias de las víctimas
• Dar de baja el mantenimiento en servicio de los funcionarios imputados, entre otras.

Las medidas fueron pensadas al considerar que el 50% de las personas que murieron bajo custodia policial no estaban detenidas por orden judicial, sino que eran “demoradas” por averiguación de antecedentes, “contraventores” por faltas o contravenciones o arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervención previa  judicial.

Desde el organismo, expresaron: "Insistimos sobre la agenda urgente antirrepresiva" y en relación a la pandemia, consideraron: "lo que se hizo en ese período fue empoderar y ampliar las facultades y los recursos de las fuerzas de seguridad".

"En lugar de escuchar los reclamos de los familiares de las personas privadas de su libertad, lo que tuvo más potencia fue la campaña de la ultraderecha con liberación masiva de presos y se terminaron muriendo 400 personas por año en una cárcel", denunció la abogada y referente de la Correpi, María del Carmen Verdú en diálogo con Télam.|