Con el paso del tiempo, la trascendencia de la jueza Sandra Arroyo Salgado a cargo del Juzgado de San Isidro ha ido en incremento y la ubica entre las magistradas federales más conocidas de la Argentina. Entre su trayectoria, mediáticamente sumo puntos, al defender públicamente que a su ex pareja, Alberto Nisman, lo mataron.

Hoy su nombre adquiere relevancia tras conocerse que juridiccionalmente podría encargarse de la causa que está en manos del juez Sebastián Casanello: la investigación por el festejo de cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez realizado en la Quinta presidencial de Olivos, en plena cuarentena, cuando estaban prohibidas las reuniones sociales.

Adelantándose a los hechos y con ansias de tomar la causa por las astas, la jueza solicitó a Comodoro Py certificar y tener acceso al expediente que está a cargo del fiscal Ramiro González.  Una vez que revise el expediente, ahí podría venir el pedido formal a Casanello para intervenir en la causa, dejo entrever el Diario Perfil.

Mientras tanto, la investigación sigue en los tribunales porteños, donde se presentó la mayoría de las personas que participaron del cumpleaños de la primera dama y el fiscal tiene la respuesta de varios de los pedidos de información que hizo, por ejemplo, a la Casa Militar y a la Jefatura de Gabinete. Eso habla de un significativo avance que puede ser tomado como argumento por Casanello para conservar la causa en su Juzgado.

Sin embargo, los hechos investigados fueron consumados en la Quinta de Olivos, ubicada en una zona en la que el Juzgado de San Isidro tiene plena intervención. En caso de que el expediente pase al Juzgado, cada medida que pueda tomar Arroyo Salgado tendría una lectura política inevitable, más aún en medio de la campaña electoral.

En la antesala, si la jueza formula el pedido y Casanello se niega con previa consulta al fiscal, la disputa por la causa estaría iniciada. En ese caso, Cámara de Casación arbitraría entre los argumentos de cada Juzgado.

Mientras la jueza permanece en silencio, en los tribunales de Retiro se definió la imputación del presidente Alberto Fernández. Junto con lo actuado, ese sería otro de los argumentos a favor de Casanello, que podrá decir que todas las personas que participaron de esa cena se pusieron a su disposición.

Las estrategias de los letrados:

Las defensas se mantienen herméticas en la causa y cada una esboza una estrategia con cada letrado. El abogado del presidente se refugia en la “inexistencia de delito” por no haberse producido contagios, mientras la defensa de la primera dama se refugia en el pedido de inconstitucionalidad del decreto presidencial que dispuso las medidas restrictivas que adelantó Mauricio D’Alessandro, abogado de Stefanía Domínguez, una de las amigas de Yáñez.

Se desconoce, al menos hasta el momento, qué piensa hacer el abogado Fernando Burlando, que fue designado por Rocío Fernández Peruilh como su representante tras abandonar la estrategia que comandan Juan Pablo Fioribello y Mariano Lizardo. A su vez, según el diario Perfil, se pudo saber que su hermana se salió de esa estrategia mayoritaria por “serias diferencias”.

Arroyo Salgado en pandemia:

Por el despacho de la jueza de San Isidro pasaron cientos de expedientes relacionados a la violación al artículo 205 del Código Penal y, según señalan en la Justicia, en gran parte de los casos ha investigado, corroborado los hechos y aplicado sanciones económicas.

Entre ellas se destaca una multa de $100 mil a un entrenador de crossfit que golpeó al encargado de seguridad de su edificio luego que éste lo denunciara tras verlo incumpliendo la cuarentena estricta que debía realizar. El caso trascendió públicamente gracias a un video donde se ve el episodio que tiene de fondo la violación a las medidas restrictivas dictadas por el presidente. Como probation, también le impuso que dicte ocho horas mensuales de entrenamiento deportivo en un club local.

Salgado también estuvo a cargo del caso del “surfer” Federico Llamas, mediatizado al principio del periodo de aislamiento social de 2020. En ese caso, le impuso una sanción económica de $70 mil pesos, aunque no se pudo confirmar la imposición de una probation.

La jueza, que está al frente del juzgado desde 2006, le puso firma, además, al procesamiento dictado en junio del año pasado del propietario de un geriátrico de Villa Adelina donde hubo un brote de contagios que terminó con la muerte de una anciana. En ese caso, además, trabó embargos sobre los bienes de los imputados.

Con estos antecedente, se dan cuenta que la imposición de una multa económica podría ser una de las salidas a las que podría llevar a las personas imputadas por asistir al cumpleaños de Yañez. El abogado Gregorio Dalbón parecería haberse adelantado a eso cuando dijo que el presidente donaría parte de su sueldo a modo de “reparación” al Instituto Malbrán pese a sostener la supuesta inexistencia de delito.

En caso de prosperar el traspaso de la causa a San Isidro, entonces, Arroyo Salgado podría tomar más notoriedad aún por ser quien determine la situación del presidente en el marco de una de las situaciones que mayor crisis generaron al gobierno en pleno año electoral.|