La causa del Vacunatorio Vip quedó archivada parcialmente por decisión de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. “Prácticamente todos aquellos que conforman aquel listado de 70 personas (resta establecer con mayor precisión sobre algunos casos puntuales) se encontraban dentro de algunos de los grupos que componen la población prioritaria, ya sea porque eran personal de salud, porque fueron considerados estratégicos o porque -como sucedió en la mayoría de los casos- eran mayores de 60 años”, señala el fallo.
Sin embargo, el exministro de Salud, seguirá imputado y la jueza ordenó profundizar las pesquisas para saber qué responsabilidad penal pesa sobre él.
También continuarán con el trámite de la causa conexa que investiga la vacunación de los padres de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que recibieron su dosis el primer día en que se abrió la vacunación en la Argentina.
Finalmente, buscarán determinar si existió un “desvío” de sesenta vacunas pertenecientes al Hospital Nacional Posadas que habrían sido transportadas hacia la ciudad de El Calafate en un vuelo comercial de Aerolíneas Argentinas.
Lo que se dijo
“La conducta moralmente reprochable de un funcionario que realiza una gestión para que personas allegadas reciban un trato especial en la aplicación de la vacuna, encuentra un gran problema relacionado con la carga emocional con la que percibimos esos hechos. No obstante, aunque pareciera haber un consenso a priori que quienes ocupaban lugares de gran trascendencia en el contexto que atravesamos incumplieron determinadas pautas de comportamiento ético lo cierto es que ello, por sí solo, no alcanza para realizar un reproche penal”, sostuvo la jueza.
¿Por qué la jueza archivó parcialmente la actuación penal?
Sostiene que en el Código Penal “no existe un tipo penal que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales como el que es objeto en esta investigación”. Sí pueden ser sometidos a la Ley de Ética Pública.
¿Quienes quedaron fuera de la causa?
Dentro de esas 65 personas, que según la jueza no cometieron delito, se encuentran el presidente Alberto Fernández, el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía, Martín Guzmán; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia, Juan Pablo Biondi, el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; el subsecretario Marcelo Martín; el embajador en Brasil; Daniel Scioli y el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, entre otros.
Importante
Los que deberán asistir a la declaración testimonial son: Juliana y Maria Eva Duhalde (de 48 y 45 años), el periodista Gabriel Michi (52), Néstor Mandraccio (59) e Irene Lopez (43).
En la causa siguen imputados González García; el ex jefe de gabinete del Ministerio Lisandro Bonelli; su secretario privado, Marcelo Cullé y el secretario de la cartera, Alejandro Collia.|
