La fiscal federal en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires María Alejandra Mángano pidió la indagatoria del exinterventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) Omar Zeidan en una causa en la que se investiga la contratación de 417 personas a partir de diciembre de 2019, días antes de dejar el cargo para el que había sido designado por el Gobierno de Cambiemos.

Se trata de la causa en la que se investiga el delito de “defraudación por administración fraudulenta” en perjuicio del Estado nacional y en la que fueron citados a declarar, además de Zeidan, Raúl Guimard y Sergio Lumachia, otros dos directivos de la empresa.

En la causa judicial se investiga a estas tres personas que habrían "diseñado y llevado a cabo una maniobra por la cual se facilitó y concretó el ingreso de 417 personas como trabajadores de Yacimientos Petrolíferos Rio Turbio y de los Servicios Ferroportuarios con terminales en Punta Loyola y Rio Gallegos de la Provincia de Santa Cruz".

El 29 de enero de 2020, el presidente Alberto Fernández designó como interventor de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) al exjefe de Gabinete Aníbal Fernández, quien reemplazó a Zeidan, nombrado durante la gestión de Mauricio Macri.

Según se explica en el escrito en el cual se solicitan las indagatorias "dichas decisiones y los actos jurídicos adoptados en consecuencia generaron que el Estado Nacional asuma el pago de remuneraciones por un monto aproximado de al menos $ 33.093.261,99 durante el período comprendido entre diciembre de 2019 y febrero de 2020".

La fiscal indica que "el nombramiento del personal aludido no guardó correlato con aumento en los niveles de producción ni de superávit comercial", y que "al contrario de lo consignado en los fundamentos de aquellas resoluciones, la empresa se encontraba en una situación de crisis económica y con un alto nivel de endeudamiento fiscal".

Tras nombrar una larga lista de irregularidades vinculadas con la contratación de este personal, la fiscal pide que "se haga lugar a lo solicitado y en consecuencia se convoque a prestar declaración indagatoria" a los tres exdirectivos mencionados.Asimismo, pide que "en caso de no lograr desvirtuar la hipótesis delictiva reseñada, se dicte auto de procesamiento respecto de los nombrados y se disponga el embargo preventivo sobre sus bienes hasta alcanzar las sumas del perjuicio patrimonial ocasionado, con mas las costas y gastos correspondientes".  |